En 2030 México sumará 30 millones de ancianos y tendrá implicaciones en sectores como la vivienda, transporte, protección social, entre otros.
Por Gardenia Mendoza
Ciudad de México, 6 de febrero (La Opinión).- El jueves 28 de enero, este país desayunó con la información oficial de que está envejeciendo. Los mexicanos en promedio son casi treintones y en la capital se encaminan precipitadamente desde los 35 hacia la madurez de los 40 años entre debates sobre cómo obligar a las nuevas generaciones cada vez más reducidas a cuidar a sus viejos que son cada día más.
La pandemia comenzó en México al mismo tiempo que el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, a un año de ello, uno de los primeros resultados de éste revela que en una década la edad de la media creció tres años mientras los asilos de ancianos reportan un alza en el abandono de sus familias.
Descuido en el cuidado y maltrato psicológico o físico hasta los golpes. “Hemos visto en estos meses de la COVID un aumento muy grande en el abandono del adulto mayor”, asegura Irma Aguiñaga, presidenta del comedor y albergue “Refugio de los Necesitados” en el estado de Coahuila.
De acuerdo con testimonios revelados en este asilo, los hijos dejan a sus padres en la calle los llevan a sitios desconocidos y les prometen regresar, pero nunca lo hacen. Ocurrió hace poco a una mujer de 70 años que los policías la recogieron porque se encontraba dando tumbos: sus familiares la dejaron en las afueras de Saltillo, deambulando.
Los oficiales la trasladaron al Hospital General porque tuvo un shock hipoglucémico por diabetes. Ahí la atendieron y cuando los médicos preguntaron a quién la entregarían, no había nadie.
“También hemos visto que los golpean, que no comen bien, que andan muy sucios o que se salen y ya no saben cómo regresar, no saben direcciones. Y han fallecido”, señala Aguiñaga. “A mí me da tristeza porque veo que mucha gente tiene más empatía por los animalitos que por los seres humanos”.
Un informe de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó que en México existen “numerosos prejuicios” en torno a las personas mayores porque se cree que son depedientes, menos productivas y menos capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, que no son higiénicos y poco entusiastas.
Esto se traduce en menosprecio. La Conapred lo midió con cuidado a través de sus consultas y la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015 donde se vio, por ejemplo, que el 17 por ciento de los mexicanos no rentaría una habitación a los viejos, que la mitad de éstos sienten que sus derechos no son respetados y que uno de cada cinco ha sentido discriminación en la calle, en el transporte y por su familia.
Irma Aguiñaga afirma que el rechazo de los familiares es algo más común de lo que se reconoce. Hace poco uno de los hijos de un anciano que atiende en el asilo dijo que no podía tenerlo en su casa. Ni tampoco su hermano.
—Entonces qué va a pasar con el señor— le pregúntó. El padre tiene enfermedades crónico degenerativas. No puede trabajar por problemas en la columna, necesita atención médica, ¿quién se la puede brindar?’.
—Nosotros ahorita no podemos, tenemos mucho trabajo y tenemos familia, compromisos…
El asilo vive de la caridad.
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?
El conjunto de actitudes que se repiten por años sin sanciones ha hecho en México una cultura de maltrato hacia las personas de la tercera edad justo cuando la sociedad avanza imparable hacia el envejecimiento como un reto para las políticas públicas.
A principios de enero, la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para sancionar, hasta con cinco años de cárcel, el abandono de adultos mayores por parte de personas encargados de cuidarlos si el afectado lo pide. El debate se turnó al Senado, donde se espera una votación similar.
Para algunos de los responsables de rescatar del abandono a los viejitos, la reforma que propone el congreso es muy “tibia” porque, sino se persigue de oficio, la mayoría de los padres no denunciarán para evitarle problemas a los hijos. Después de todo, son su sangre.
Patricia Moreno, coordinadora de la Unidad de Integración Familiar en Coahuila considera que el Estado debería ser más proactivo y ordenar una Procuraduría del Adulto Mayor que defienda y salvaguarde los intereses de las personas de la tercera edad.
“Tiene que haber alguien especializado en atender a los adultos, así como hay para los niños y para las mujeres”.
Entre los problemas para los que tendría que responder la procuraduría se encuentran el cuidado, las herencias, determinar quién puede pagar y obligarle a pagar alimentación, salud y atención así como de salvaguardar los bienes.
En el DIF existen casos en que los hijos se quedan con las cosas de los padres y los echan de las propiedades, de su mundo. “La ciudadanía no puede dejar toda la carga al Gobierno o a las organizaciones de la caridad”, agrega Moreno.
José Luis Vilchis Gómez, contador y procurador de Fondos de la “Asociación para Auxilio Ancianos”, denunció en días pasados que por el riesgo de un brote de COVID se pidió a los hijos atender a sus padres, llevar a casa por su condición de vulnerabilidad, pero sólo 16 de 30 lo hicieron y dejaron a la asociación arreglárselas por su cuenta para buscar fondos.
“Ha sido muy difícil encontrar ayuda”.
PENSIONES Y RESPONSABILIDADES
El Gobierno mexicano hizo universal la pensión de las personas de la tercera edad desde el sexenio pasado y en la actual administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afilió en poco más de dos años a 8.2 millones.
En junio, a raíz de la epidemia de la COVID-19, el Presidente ordenó entregar dos bimestres de pensión junto con 744 mil niñas y niños con discapacidad. En total se dispersaron alrededor de 2.3 millones de dólares en su equivalente en pesos.
La repartición de estas millonarias sumas ha despertado la codicia de las familias y complicado aún más la problemática de los abuelos. Irma Aguiñaga dice que, en muchas ocasiones se acusan entre los hermanos de quitarle la pensión al padre o de “pedirle prestado” y dejarlo sin nada.
En el DIF, donde hay mesas de negociación para ver quién se queda con el padre, reconocen también que lo pelean por el dinero del Estado y luego, cuando ya tienen la tarjeta y las claves, no le dan buen trato, por lo que ha llamado la atención sobre la necesidad de un monitoreo con trabajo social.
Por otro lado, las pensiones para “salvar” al adulto mayor no dejan de ser una preocupación para analistas del tema: en primer lugar porque es poco dinero, un piso de partida: alrededor de 150 dólares mensuales para cada personas y, en segundo lugar, porque en la medida en que envejece la sociedad mexicana mientras la tasa de natalidad disminuye será una carga, una bomba de tiempo. “
En 2030 sumarán 30 millones de ancianos en México y tendrá implicaciones en casi todos los sectores y actividades de la sociedad: mercados laborales y financieros; demanda de bienes y servicios como vivienda, transporte y protección social y habrá otras estructuras familiares, advierte el analista económico Luis Miguel González.
“Es uno de los mayores retos está en el ecosistema laboral. En el futuro será “normal” que personas alcancen los 90 años de edad y que estén en posibilidades de estar activos laboralmente más allá de los 70 años. Los sistemas de pensiones no aguantarán si la gente se retira a los 60 y vive hasta los 90”.
La sociedad tampoco puede darse el lujo de desperdiciar el talento, la experiencia y los conocimientos de quienes pasan el umbral de los 70 años. ¿Qué planes tenemos para resolver esto como sociedad?
