De acuerdo con Front Line Defenders, México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y ambientales. Según esta ONG, en 2019 -el primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia- se documentó el asesinato de 24 defensores de derechos humanos en el país, de un total de 304 registros a nivel mundial, adelantó a EFE Sandra Patargo, encargada de la Región Américas de la organización cuyo informe será presentado este 12 de febrero.
Por María Julia Castañeda
México, 6 feb (EFE).– Defender el medioambiente es extremadamente peligroso en México, tal y como refleja el reciente asesinato de dos ambientalistas, y buena parte de esta violencia se vincula a la falta de atención de las autoridades y a la impunidad de los casos.
El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en una zona del occidental estado de Michoacán amenazada por la tala clandestina que pone en peligro estos diminutos insectos, emblema de la región.
Estos dos casos vienen a visibilizar, una vez más, que el peligro sigue latente “para las personas que están defendiendo bosques contra la tala ilegal y donde se ha señalado también la presencia de grupos de delincuencia organizada”, declaró este jueves en entrevista con EFE Alejandra Leyva, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
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En 2018, esta organización documentó 49 ataques a ambientalistas en México, de los cuales 21 tuvieron un fatal desenlace.
“En México existe una tendencia violenta en contra de quienes defienden el medioambiente”, indicó Leyva.
La Fiscalía de Michoacán informó el 29 de enero la localización del cuerpo sin vida de Homero Gómez, encargado del Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario, tras el reporte de su desaparición el 14 de enero.
La Fiscalía estatal indicó el 30 de enero que el sufrió un traumatismo craneoencefálico antes de morir ahogado dentro de una poza de agua.
Unos días después, Raúl Hernández Romero, guía de turistas en el santuario de esta especie en peligro de extinción, fue hallado muerto luego de que el 27 de enero se reportó como desaparecido.
El CEMDA ha documentado 440 ataques a ambientalistas, de 2010 al 2018, tales como asesinatos y amenazas, y actualmente se está trabajando en el informe de 2019, que se publicará en marzo, detalló Leyva.
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UN SINFÍN DE RIESGOS
De acuerdo con Front Line Defenders, México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Según esta ONG, en 2019 -el primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia- se documentó el asesinato de 24 defensores de derechos humanos en el país, de un total de 304 registros a nivel mundial, adelantó a EFE Sandra Patargo, encargada de la Región Américas de la organización cuyo informe será presentado este 12 de febrero.
“Pero hay cifras que no están, hay casos que es posible que no sepamos, consideramos que hay una cifra negra”, expuso Patargo, quien destacó que cerca del 40 por ciento de asesinatos a defensores de derechos humanos son ambientalistas, y alrededor del 85 por ciento se tiene registro de amenazas previas.
En este sentido, Leyva agregó: “Lo que estamos vislumbrando es una continuidad en esa violencia, y sin medidas estructurales profundas que estén cambiando la situación desde el Estado mexicano”.
“México no está en las condiciones para ejercer este derecho de defender en medio ambiente”, lamentó la abogada, pese a que en 2012 se instaló el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, explicó a EFE que este mecanismo actualmente tiene más de mil 500 personas incorporadas en protección.
“Es decir, de alguna manera el Estado reconoce el problema”, manifestó.
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Sin embargo, los límites del mecanismo están vinculados a causas estructurales, como el acceso a la justicia, la impunidad, la desigualdad, la pobreza y el difícil acceso a medios de comunicación y electricidad.
Reneaum recordó el caso de Julián Carrillo, defensor en la Sierra Tarahumara asesinado en octubre de 2018, quien estaba acogido por este mecanismo, pero que “el teléfono satelital” que le dieron no servía en su zona.
Otra de las fallas del mecanismo es la ausencia de información sobre las investigaciones, que es tarea tanto del Gobierno federal como de las fiscalías locales, agregó Leyva.
“No sabemos si la defensa de derechos humanos es realmente una línea de investigación, si la cadena de custodia está debidamente respetada, si hay una investigación dirigida a castigar y sancionar, tanto a los autores intelectuales como materiales”, reveló.
Leyva hizo un llamado a las autoridades a establecer protocolos de actuación y fiscalías especializadas que investiguen delitos contra defensores.
“La impunidad trae consecuencias muy graves porque perpetúa ese mensaje en el tiempo, de: ‘se puede agredir, se puede asesinar y no va a haber ninguna consecuencia que cambie el contexto para las personas que defienden el medio ambiente”, advirtió la abogada.
IMPUNIDAD
La impunidad en México es generalizada, con un 99 por ciento de delitos sin resolver, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018.
Homero Gómez y Raúl Hernández no estaban protegidos por este mecanismo y no se ha informado si las defunciones están relacionadas con el crimen organizado.
La Fiscalía de Michoacán tampoco ha dado a conocer los avances en las indagatorias, si las muertes están correlacionadas, o si existe una línea de investigación enfocada en derechos humanos.
“Cada vez que una persona defensora de tierra y territorio muere lo primero que nos preguntamos son las causas, si la investigación está vinculada o si tiene una línea de investigación sobre su labor de defensa”, mencionó Reneaum.
Además, hizo un llamado a que el caso no quede impune y a “poner atención a las mariposas monarca y al sistema que las acoge en Michoacán, que sabemos perfectamente que está sujeto a un régimen de tala indiscriminada”.
Por último, Leyva instó al Gobierno de México a ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual “contempla un artículo específico para la protección de personas defensoras de medio ambiente y que está relacionada con derechos al acceso a la justicia, información y participación”.
