A más de un año y medio de que una mujer impusiera una denuncia por tortura contra la empresa Cusaem, la víctima junto con sus abogados aún luchan por lograr justicia y que sus agresores, elementos de esa policía privada ligada a influyentes políticos del Estado de México, sean sancionados conforme a la Ley.
Para Verónica Berber, abogada y defensora de Nancy, es necesario que este caso se tome en consideración, para evidenciar el actuar “tan omiso y opaco por parte de las autoridades del Edomex y para poder investigar a fondo las actuaciones irregulares y hasta ilícitas que tiene Cusaem, porque en caso contrario estaríamos hablando de un contubernio o de una tolerancia por parte del Gobierno estatal en esta corporación”.
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Nancy Saavedra, de 36 años, fue detenida arbitrariamente por elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) en la Central de Abastos de Ecatepec, Estado de México. La mujer fue acusada de un robo que no cometió y los guardias la golpearon, la desnudaron y le dieron descargas eléctricas para que se declarara culpable. Finalmente la extorsionaron.
Nancy tuvo que pelear jurídicamente para que su caso sea investigado como tortura, luego de que las autoridades del Estado de México se negaron por más de nueve meses a indagarlo como tal y bajo los protocolos debidos. A más de un año y medio de la agresión, la víctima, junto con sus abogados, aún lucha por lograr justicia y que sus agresores sean sancionados conforme a la Ley.
“Encontrar la justicia es lo que no me ha detenido, ha sido un proceso muy largo, bastante inhumano, porque en verdad los ministerios públicos son inhumanos, y no podría lograrlo sin la asociación que me ayuda –Idheas, Litigio Estratégico– que ha sido una parte fundamental para que yo no me detenga para buscar la justicia, solamente con justicia se paga lo que ellos me hicieron”, dice Nancy Saavedra en entrevista con SinEmbargo.
Nancy destaca que buscar justicia no es sencillo en el Edomex: “Ir a los ministerio públicos es otra tortura porque el trato es inhumano”, sin embargo, afirma que no se detendrá porque espera que al alzar la voz pueda ser un ejemplo para que alguien más “no se calle” frente a este tipo de violaciones.
Verónica Berber, abogada de Idheas, explica que la denuncia contra los elementos de Cusaem estaba radicada en la Fiscalía delitos cometidos por servidores públicos en Ecatepec, Estado de México, pero a petición de la asesoría jurídica de la víctima, esta investigación se remitió a la Fiscalía Especializada en combate a la tortura del Estado de México.
La organización civil Idheas, que acompaña jurídicamente a Verónica, informa que desde 2012 a 2019 existen al menos 43 carpetas de investigación en contra de Cusaem por delitos como lesiones, robo y abuso de autoridad, de las cuales sólo 11 han sido consignadas por las autoridades. Además, estima, en el mismo período se han presentado al menos 177 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra de elementos de Cusaem.
LA AGRESIÓN
El 8 de julio de 2018, Nancy acudió junto a su hermano a la Central de Abastos de Ecatepec a comprar la despensa, como lo hacían regularmente en la semana.
Eran cerca de las 11 de la mañana, ambos caminaban por uno de los pasillos, solo les faltaba adquirir unas verduras cuando de pronto una mujer le dio un fuerte “codazo” a Nancy y comenzó a agredirla.
“Yo le contesté el codazo y le pregunté porque me había agredido, y después dos mujeres comenzaron a jalarme el cabello”, narra la víctima.
La discusión no duró mucho porque de inmediato llegó un guardia de Cusaem. Las dos mujeres acusaron a Nancy del robo de una cartera y aunque ella aseguró que no había hurtado nada, el guardia pidió refuerzos. Minutos después, arribaron más guardias que trasladaron a la mujer a un módulo de Cusaem, ahí mismo en la Central de Abastos.
En el interior del módulo, Nancy insistía en su inocencia, pero uno de los elementos, al que llamaban “El Jefe”, le gritaba diciéndole que ella no tenía derecho a hablar. Posteriormente fue llevada a un área donde una mujer policía la obligó a desnudarse y a realizar varias sentadillas; luego de un rato, la regresó al espacio donde estaban los demás guardias.
Nancy reiteraba que ella no había robado la cartera, entonces, “El Jefe” ordenó que la regresarán al área donde la habían desnudado y espetó: “ahorita habla porque habla”, recordó la afectada.
Los guardias la sentaron en un banco y comenzaron a infringirle castigos físicos y toques eléctricos para que confesara. “Me golpearon entre los guardias hombres y mujeres, me pegaron en la cara, en varias partes del cuerpo, me jalaban el cabello, me provocaron un esguince, me dejaron muchos moretones en cuerpo, me dieron choques eléctricos y no se cansaron de golpearme”, describe Nancy.
Para evitar que siguiera la tortura, cedió a decir que supuestamente sí había robado la cartera, y pagó la cantidad de 2 mil pesos, porque además uno de los policías la amenazó con llevarla a otro lugar donde “le iba a ir peor”.
Después que la familia pagó el dinero, por orden del comandante fue liberada, no sin antes ser advertida que en caso de denunciarlos sufriría represalias; sin embargo, Nancy prefirió ir a interponer la denuncia con el apoyo de su familia. Ese mismo día, acudió al Ministerio Público en Ecapetec, Edomex, pero ahí se enfrentó a “otra tortura”, dice la afectada.
Nancy afirma que desde el principio fue revictimizada por las autoridades, primero por el médico legista que no brindó atenciones médicas y psicológicas de urgencia, pero que sí emitió un informe médico que certificó lo siguiente: “Estado psicofísico normal. Lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, no cicatriz en cara”, no obstante, las graves lesiones que presentaba.
“Uno como víctima tiene que demostrar cada una de las palabras que no dice porque la manera en la que las autoridades realizan su trabajo son puras trabas. De todo te ponen excusa”, detalla.
Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en abril de 2019. Foto: Idheas.
Verónica Berber, abogada de Nancy, detalla en entrevista que desde la apertura de la indagatoria se cometieron irregularidades tales como que, de inicio, no clasificaron el delito como tortura sino como lesiones: “lo cierto es que desde el inicio había una renuncia a investigarse como tortura, por eso es que no se quería es que no se quería mandar la investigación a la Fiscalía Especializada”.
A raíz de eso, no se le habían hecho a Nancy los exámenes médicos-psicológicos especializados, bajo el Protocolo de Estambul, que es el protocolo que se debe de aplicar para casos de tortura.
Ante la falta de aplicación de la valoración médica y psicológica de personas víctimas de tortura o algún mal trato, se practicó una evaluación independiente realizada por un experto en la materia que concluyó que Nancy fue víctima de tortura.
La evaluación y el peritaje fueron entregados una perito psicóloga de las autoridades mexiquenses, sin embargo, se negaron inicialmente a reconocerlo y, además de no admitir el peritaje independiente, la Fiscalía amagó a la víctima con una multa si no se practicaba por segunda vez los dictámenes a cargo de peritos de la propia FGJ, diligencia que no era necesaria y sería revictimizante porque reviviría el impacto emocional de la tortura.
Frente a ello, la asesoría jurídica de Nancy interpuso el juicio de amparo 106/2019 en contra de las autoridades mexiquenses, mismo que fue resuelto a favor de la víctima el 27 de marzo de 2019, por parte del Juzgado Octavo de Distrito con sede en el Estado de México.
Después de ganar el amparo, lograron que la FGJ del Edomex admitiera y reconociera el peritaje y evaluación independientes.
“Esto fue derivado de un amparo que se interpuso contra de la Fiscalía por las omisiones a las peticiones que le realizaron como hacer entrevistas directo a testigos, la reserva de identidad de la víctima, y la remisión de la investigación a la Fiscalía Especializada en el Combate a la tortura, según la Ley General, que establece que quien debe de conocer ese tipo de delitos pues es la Fiscalía de tortura”, comenta Berber.
LA INVESTIGACIÓN EN CURSO
La denuncia de Nancy sigue en la etapa aún de investigación, por lo que hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción a los responsables, no obstante que la víctima ya ha señalado quienes participaron en la tortura.
La investigación ha tardado porque ha habido muchas dilaciones desde que se abrió la indagatoria.
Berber comenta que la defensa de los imputados, la cual está corriendo a cargo de Cusaem, trata de demeritar la versión de la víctima.
“Dicen que las lesiones que ella presentó posteriormente derivaron de la riña que tuvo momentos antes, bueno riña entre comillas porque duró un minuto y medio, dos minutos cuando mucho, y Nancy presenta varias lesiones en el cuerpo que fueron infringidas directamente por los elementos de la Cusaem, no la de la riña”.
A la fecha se tienen identificados al menos a cinco elementos que participaron en el delito, sin embargo, “hubo muchos más que estuvieron en ese momento”.
La defensora especifica que no hay un plazo de cierre para la investigación porque el delito de tortura es imprescriptible y porque tampoco hay personas detenidas.
Hasta el momento, la empresa Cusaem no ha podido tener en su defensa o argumentar que no son parte de la seguridad pública del Edomex, porque en realidad todas sus acciones las fundamentan con la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, incluso cualquier oficio que ellos emiten son membretados como Seguridad Pública del Estado de México.
CUSAEM, SIN VIGILANCIA NI CONTROL
Aunque Verónica Berber, defensora de derechos humanos, resalta que no podría afirmar que existe alguna protección de manera dolosa por parte de la Fiscalía a la compañía Cusaem; sin embargo, sí denuncia que las investigaciones han sido muy lentas.
“Simplemente para presentar dictámenes, testigos y demás, ha sido muy lento el proceso”, comenta Berber.
La abogada expone que este caso evidencia la laguna que existe en la actuación de Cusaem, tanto en los temas de finanzas y legal, pero también en su actuación “y eso último es preocupante porque eso impacta directo a los y las ciudadanas del Estado de México y que también sabemos que Cusaem no actúa en otras partes del país. También, que esto revela la falta de supervisión y revisión de la actuación de los elementos de esta corporación.
“Lo que ocurrió en este caso es que a elementos de Cusaem se les hizo tan fácil torturar a una persona para poder extorsionarla porque no tienen por parte del Estado una revisión de su actuación, y que eso pueden realizado como una práctica”, dijo. .
Tan es una práctica, agrega, que existen varias quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México contra estas personas que trabajan en Cusaem, y que se mandaron al archivo o no han sido resueltas
La abogada concluye que “hay una total impunidad en el actuar de Cusaem, no obstante que el Gobierno del Estado de México tiene conocimiento de las actuaciones irregulares de esos elementos”.
Para la abogada es necesario que se tome en consideración el caso de Nancy sobre el actuar “tan omiso y opaco por parte de las autoridades de Edomex para poder investigar a fondo las actuaciones irregulares y hasta ilícitas que tiene la empresa Cusaem, porque en caso contrario estaríamos hablando de un contubernio o de una tolerancia por parte del Gobierno respecto a esta corporación”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto de cómo se maneja Cusaem. En octubre de 2019, el Organismo emitió la Recomendación 98/2019 a los gobernadores, Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, y a los fiscales generales de Guanajuato y de Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre y Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente, por violentar el derecho de acceso a la justicia, por los tres elementos de Cusaem –que brindaban protección y vigilancia a una empresa ferroviaria— que mataron a disparos a dos personas migrantes, que viajaban a bordo del tren, e hirieron a dos más; además, los elementos también amenazaron a miembros de la Asociación Civil Estancia del Migrante, cuando les brindaban alimentos a los migrantes.
La CNDH advirtió, al emitir la Recomendación, la opacidad en que opera y la negativa por parte del Gobierno del Estado de México para rendir cuentas sobre el actuar, el número de elementos y los marcos legales con que se rigen.
El organismo explicó que a efecto de documentar violaciones a derechos humanos, la Comisión realizó solicitudes de información a diversas instituciones, públicas y privadas, entre ellas a la entonces Comisión de Seguridad Ciudadana ahora Secretaría de Seguridad del Estado de México. Sin embargo, “esta Comisión Nacional pudo advertir la poca colaboración de la ahora Secretaría de Seguridad del Estado de México”.
