#MetaDatos | El Gobierno Del ex Presidente Enrique Peña Nieto implementó dispositivos de vigilancia en las redes sociales sin precedentes. Se revisó la actividad de perfiles de usuarios supuestamente inculpados –y que resultaron inocentes–, con el fin de apuntalar “la verdad histórica” del caso Ayotzinapa y, además, se ordenó hurgar permanentemente a los usuarios críticos. A esto se suma el empleo de miles de bots para posicionar de manera artificial proyectos de Gobierno, operaciones que han sido denunciadas por especialistas nacionales y extranjeros.
A pesar de las evidencias, el Gobierno del priista no aclaró el tema de los “peñabots”, ni transparentó lo que hizo con la información que clasificó de usuarios disidentes, un asunto pendiente que la nueva administración federal aún no toca.
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– El reforzamiento de la vigilancia en las redes sociales por parte del Estado alcanzó niveles sin precedentes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue en ese periodo en que se perfeccionó el mecanismo de monitoreo y rastreo de usuarios. Con este objetivo, el Gobierno del ex Presidente priista contrató agencias especializadas que siguieron la pista de usuarios de Twitter y Facebook, midieron sus conversaciones, el número de menciones que hicieron a funcionarios públicos y a las dependencias federales, entre otras actividades.
Esta vigilancia fue útil para sostener su “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, y para vigilar a cada usuario que realizó una crítica a través de plataformas digitales sobre el desempeño del Gobierno en este asunto.
En el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) –hoy Fiscalía General (FGR)– sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, se plantea que la Policía Federal (PF) investigó los perfiles de usuarios de redes sociales que consideró sospechosos de este crimen; al menos dos de ellos fueron detenidos y luego liberados, en 2018, por falta de pruebas.
Como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/871/2014 se investigaron perfiles de Facebook y otras redes sociales de sospechosos como Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, a quien se le señaló como responsable de la incineración de los cuerpos de los estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero.
El perfil de Facebook de Rodríguez Salgado fue parte central en la llamada “verdad histórica” a la que se aferraron el Gobierno federal y el priista Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintió en noviembre de 2018.
En 2014, la PGR ordenó a la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal que rastreara en Facebook cuatro perfiles de sospechosos. De esta búsqueda se extrajeron de esa red social fotografías con las que se instó a Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, a que identificara a sus supuestos colaboradores en la desaparición de los normalistas.
A “El Jona” los oficiales de la PGR le mostraron perfiles de varios usuarios bajo sospecha, de los que sólo identificó a cuatro. Más tarde, otra averiguación extendió las búsquedas a otros usuarios, entre ellos el de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, ambos también inculpados.
De la vigilancia en las redes sociales derivó la detención de otros sospechosos como Miguel Ángel Landa Bahena, “El Chequel” y Gildardo López Astudillo, “El Gil”, de quien un Juez federal de distrito de procesos penales de Matamoros, Tamaulipas, resolvió que no se reunieron pruebas suficientes para inculparlos.
De acuerdo con una investigación realizada por los periodistas Zorayda Gallegos y Silber Meza –publicada en El Universal–, la Policía Federal sugirió a la PGR solicitar a los directivos de Facebook intervenir los perfiles para obtener datos personales de estos sospechosos que no se muestran de manera pública.
Estas operaciones fueron parte de la configuración de la “verdad histórica” que no logró sostenerse por mucho tiempo, y revela la manera en cómo el Gobierno federal impuso dispositivos de vigilancia a través de las redes sociales.
VIGILANCIA DE PROTESTAS EN LA RED
A través de las mismas redes sociales surgió una intensa movilización de usuarios indignados por la actuación del Gobierno federal y “la verdad histórica”. Quienes se sumaron a estas protestas también fueron vigilados minuto a minuto. Ante una de las crisis que más dañaron la popularidad de Peña Nieto, la vigilancia se extendió a la esfera digital a través de la revisión exhaustiva de lo que millones de usuarios opinaron sobre el ex Presidente, su gestión y otros temas de carácter político.
Lo que el Gobierno federal hizo con las miles de archivos en los que se documentó la evolución del malestar social en las plataformas digitales –y que tuvo como punto álgido las protestas derivadas del caso Ayotzinapa–, no hay explicación y no ha sido transparentado.
Entre 2014 y 2018, el Gobierno de Peña Nieto contrató varias agencias especializadas en el análisis de redes sociales; éstas monitorearon permanente a usuarios de Twitter y Facebook y entregaron de manera directa a Los Pinos información sobre las conversaciones de corte político y quiénes las realizaban. Ni el ex Presidente Enrique Peña Nieto, ni su equipo explicó a los mexicanos con qué objeto pagó por esta información que se compone de miles de páginas.
En marzo de 2015, la periodista Zorayda Gallegos obtuvo vía transparencia información acerca del monitoreo realizado por la empresa IONC, S.A.P.I. DE C.V., que en los últimos cuatro días de septiembre de 2014 monitoreó las conversaciones de usuarios sobre el caso Ayotzinapa.
La agencia, radicada en Jalisco, entregó a Los Pinos 30 reportes sobre lo que usuarios de redes sociales opinaban, además de otros dos reportes emergentes que se generaron durante los periodos de mayor crisis. En estos reportes se incluyó el nombre de usuario, fecha y hora de publicación de los mensajes, así como su contenido y si éste era negativo o positivo con respecto al Gobierno federal, entre otros datos.
Entre el 25 de julio y el 31 de diciembre de 2014, periodo en que se vivieron las protestas más fuertes por Ayotzinapa, además de que se ligó el escándalo por la “casa blanca” de Angélica Rivera Hurtado, esposa de Peña Nieto, la empresa IONC, S.A.P.I. DE C.V. entregó a la Presidencia de la República un reporte conformado por más de 16 mil 380 fojas con cientos de conversaciones referentes a estos temas.
Estos no fueron los únicos contratos que obtuvo IONC, S.A.P.I. DE C.V. De acuerdo con información publicada en el portal Compranet, esta compañía continuó con sus monitoreos de usuarios hasta 2018. Los datos de ese portal plantean que la agencia obtuvo un nuevo contrato –con número 1576684– entre el 5 de septiembre y el 15 de diciembre de 2017 y por concepto de “servicio de monitoreo de los principales actores de la vida nacional”.
Entre el 22 de febrero y el 31 de julio de 2018, fechas que comprendieron también el periodo electoral, la Presidencia de la República volvió a contratar a esta agencia para realizar las mismas tareas de monitoreo. La agencia IONC, S.A.P.I. DE C.V. también ha sido proveedora del Gobierno de Jalisco y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
LA VIGILANCIA SE RECRUDECE A RAÍZ DE AYOTZINAPA
La agencia Vizcaino y Vizcaino Asociados, S.C. fue contratada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) entre marzo y diciembre de 2014 para vigilar las redes sociales, esto mediante el contrato DC-062-2014.
En el mismo año Grupo Valgay, S.A. de C.V. fue contratada por la Secretaría de Salud (SSA), por concepto de “seguimiento y compilación de información en redes sociales en materia de salud y suceso políticos, económicos y sociales”. De acuerdo con transparencia, el contrato DGRMS-DCC-S-016-2014 se ejecutó entre abril y diciembre de 2014.
La Secretaría de Economía también contrató a una agencia para realizar una actividad similar. Según el contrato 0633/2014, el analista Roberto González Pérez también monitoreó las redes sociales para esta dependencia entre noviembre y diciembre.
Estos contratos fueron realizados en el periodo de mayor crisis del Gobierno federal, durante la segunda mitad de 2014, en que estalló la crisis por Ayotzinapa y la “casa blanca”.
¿Y LOS PEÑABOTS?
A partir de 2012 comenzó a rumorarse en las redes sociales sobre la activación de miles de bots orientados a posicionar de manera artificial el nombre del ex Presidente Enrique Peña Nieto y con esto dar la impresión de que concentraba más apoyo del real.
Les llamaron “Peñabots” y su presencia en las redes sociales continuó durante todo el sexenio. Los bots fueron detectados en amplificación de tendencias a favor de las reformas, en campañas de grandes alcances como la Reforma Energética, y en activaciones de apenas unas horas para promover programas sociales.
En el tema de la Reforma Energética, especialistas como Carlos Páez, director de Mesura, identificó en tiempo real la activación de cuentas de bots que posicionaron el hashtag #ReformaEnegética para anular la conversación negativa.
El lunes pasado, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia del nuevo Gobierno federal, informó sobre el caótico estado en que recibieron los listados de beneficiarios de programas sociales, los mismos programas que fueron impulsados por bots y cuentas de priístas a través de las redes sociales y que, expuso, fueron repartidos de manera discrecional y con fines políticos.
El empleo de bots por el Gobierno federal para aplaudir programas sociales tampoco ha sido transparentado. A dos meses de que concluyó el Gobierno peñista, la información más contundente que se ha generado sobre este tema provino del extranjero y tiene ya casi dos años de haber sido publicada.
Con fecha de julio de 2017, la Universidad de Oxford publicó el estudio “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global. Inventory of Organized Social Media Manipulation” en el que se identifica a México como uno de los países en los que el Gobierno, entonces a cargo de Enrique Peña Nieto, empleaba ejércitos de bots tanto en Twitter como en Facebook para manipular la opinión pública.
