Organizaciones civiles canadienses y mexicanas interpusieron una demanda para que las autoridades del país norteamericano investigue las acciones de su Embajada en México por el apoyo que dio la minera Blackfire incluso después del asesinato en noviembre de 2009 de Mariano Abarca, un activista opuesto a las actividades de Blackfire en Chiapas.
Toronto (Canadá), 6 feb (EFE).- Organizaciones civiles canadienses y mexicanas ha interpuesto una demanda para, que por primera vez en la historia, las autoridades de Canadá investiguen las acciones de su Embajada en México por el apoyo que prestó a una controvertida empresa minera, informaron hoy las partes.
La demanda ante el Comisario Canadiense para la Integridad del Sector Público (Ccisp) fue presentada por las organizaciones mexicanas Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería.
En la solicitud ante el Ccisp, organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense, también participa MiningWatch Canada, una organización canadiense dedicada a vigilar las actividades de las empresas mineras de este país.
Es la primera vez en la historia del país que el Ccsip recibe la petición de investigar una Embajada canadiense.
La razón de la demanda es el apoyo “prácticamente incondicional” que la legación diplomática prestó a la empresa minera Blackfire, pese a que la compañía había sido acusada de corrupción en México.
Según MiningWatch, la Embajada canadiense también apoyó a Blackfire incluso después del asesinato en noviembre de 2009 de Mariano Abarca, un activista opuesto a las actividades de Blackfire en Chiapas.
“Estamos demandando al comisario que investigue las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá en México que creemos aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”, declaró a Efe Jen Moore, representante de MiningWatch Canada.
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Moore añadió que la Embajada ofreció “un extenso apoyo” a Blackfire en 2009 para cabildear a las autoridades de Chiapas “para defender y proteger los intereses de Blackfire, lo que creemos que podía ser interpretado como ‘hacer todo lo que sea necesario para proteger la compañía'”.
Aunque la solicitud se refiere a la Embajada como organismo, MiningWatch espera que el comisario investigue a individuos que trabajaban en la legación diplomática canadiense.
El Ccsip tiene ahora 90 días para decidir si inicia la investigación, puede solicitar sanciones y recomendar cambios en la actuación de los funcionarios públicos.
Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.
Según documentos dados a conocer en 2011, Blackfire habría pagado hasta 20 mil dólares a Calderón para evitar que activistas locales paralizaran su mina en Chiapas.
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Medios de información canadienses publicaron en 2011 que Blackfire sólo dejó de pagar a Calderón cuando el alcalde exigió a la compañía canadiense que le facilitara un encuentro sexual con la exmodelo de “Playboy” Niurka Marcos.
Por su parte, Blackfire aseguró entonces que no había sobornado de forma consciente a nadie y que siempre pensó que el dinero estaba destinado para obras públicas en la comunidad.
La Policía canadiense abandonó posteriormente la investigación por soborno sin presentar cargos.
MiningWatch y el sindicato canadiense United Steelworkers también denunciaron en 2015 la colaboración de la Embajada canadiense en México con otra empresa minera canadiense en el país latinoamericano, Excellon, que fue acusada de reprimir de forma violenta protestas pacíficas contra sus operaciones.
En un informe dado a conocer en 2015, MiningWatch y United Steelworkers denunciaron que “diplomáticos canadienses en México fueron cómplices” en acciones de Excellon, como la violación de contratos, malas condiciones laborales y “represión”.
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