A la par de una pandemia por la COVID-19 que causaba el fallecimiento de miles, con menor impacto a la infancia, al menos 469 niñas y adolescentes fueron asesinadas en México, revelan datos oficiales.
Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Al norte de México, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, comerciantes de un mercado sobre ruedas hallaron en agosto dentro de una hielera el cuerpo de una niña de entre cinco y 10 años. Tenía parálisis cerebral y presentaba lesiones y desnutrición, informó la Fiscalía local. Ningún familiar la reconoció. Tres meses y medio después, fue velada y sepultada en un ataúd blanco. A finales de junio, policías de Nezahualcóyotl, Estado de México, encontraron dentro de una maleta negra el cuerpo de una menor de tres años con golpes en las rodillas y el tórax. Meses antes, en marzo, otra niña de tres años, abandonada por su madre a los cuatro meses de nacida, fue internada en un hospital de Zumpango, Estado de México, con diversos golpes en todo su cuerpo. Murió días después.
Las cifras de violencia de género y feminicidios contra niñas y adolescentes registradas previamente a la pandemia se han agudizado durante el confinamiento, revelan datos oficiales analizados por organizaciones civiles. Durante los primeros nueve meses del 2020, 86 mujeres de 0 a 17 años de edad fueron víctimas de feminicidio, la cifra más elevada de feminicidios de niñas y adolescentes para ese periodo desde 2015. Es decir, ocurrieron nueve feminicidios al mes de niñas y adolescentes, más que el promedio de siete feminicidios mensuales de ese sector de la población en 2018. Además hubo 383 homicidios de niñas y mujeres de 0 a 17 años en ese periodo; más de uno por día, registró la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En total, 469 asesinadas antes de ser mayores de edad.
“Siempre han existido, pero ahora con el confinamiento más”, dijo con previo permiso de sus padres Dalma, de 12 años, fundadora de la Colectiva Niñas en Resistencia con sede en Chihuahua, uno de los estados con más embarazos adolescentes en el país. “Tristemente, las están matando sus propios familiares, están abusando sexualmente de ellas sus padres, sus tíos, sus primos, sus hermanos. Es una realidad difícil de creer, porque es muy feo. Pero es real. El confinamiento puede afectar mucho más que la COVID a la adolescente o a la niña”.
Ella y su amiga Ale, ahora de 18 años, fundaron la Colectiva en junio en plena pandemia contra el adultocentrismo y el machismo. Ante el cierre de instituciones, formaron un espacio seguro virtual donde, ahora 22 niñas y adolescentes también de la Ciudad de México, pueden opinar y ser escuchadas sin ser juzgadas por ser menores de edad, así como informarse sobre dónde y cómo recibir apoyo y acompañamiento en caso de ser o conocer víctimas de violencia de género. Se “reúnen” detrás de la pantalla una vez al mes.
“¿Cómo va ir una chava o una niña a pedir atención si está cerrado o no sabe de la institución donde puede pedir ayuda? Muchas veces no saben que hay una red detrás o una línea de apoyo”, planteó Dalma, quien pidió a las autoridades estatales y federales que escuchen a las mujeres de su edad que van a pedir ayuda, que no les digan comentarios despectivos. “Si antes de la contingencia pasaba esto y no se atendía, pues ahora menos les están poniendo atención a esas niñas, a esas adolescentes que de verdad sufren en sus casas. Antes su escapatoria era ir a la escuela, a parques o a hacer las compras. Esa era su escapatoria”.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios y Mariana Pría, coordinadora de incidencia política de Save the Children México, coincidieron en que para prevenir la violencia de género y feminicidios, los gobiernos federal y estatal deben brindar a la niñez y adolescencia mexicana educación para identificar los diferentes niveles de violencia de género, informarlas sobre dónde pueden denunciar y que sea en una vía amigable y no revictimizante.
La pandemia llegó en un contexto ya adverso para las alrededor de 20 millones de niñas y adolescentes mexicanas (Consejo Nacional de Población, 2020), con “una débil” y adultocentrista estrategia integral para garantizar sus derechos, una impunidad de 97 por ciento en los delitos en su contra y “una inversión pública reducida”, evaluó el consejo consultivo del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes integrado por organizaciones civiles como Redim.
El presupuesto destinado a este sector ha tenido un decremento anual de un 3.5 por ciento promedio, al pasar de 797 mil millones de pesos en 2018 a 791 mil millones de pesos en el Presupuesto Federal para 2021, documentó con datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Este recorte impacta en lo asignado a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las procuradurías locales, sumado a la eliminación de programas como Prevención de Embarazo Adolescente; Estancias Infantiles; Escuelas de Tiempo Completo; Comedores Populares; Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante y Convivencia Escolar.
A este panorama, el confinamiento añadió un incremento en casos de violencia familiar; un aumento en los asesinatos de menores de edad y violación que concluye en embarazo infantil o adolescente no deseado; se dificultó, aún más, el acceso a los servicios de salud, incluyendo rezagos en la aplicación de los esquemas de vacunación; millones de niñas, niños y adolescentes dejaron de poder ir a la escuela, que en algunos casos implicaba su único refugio frente a la violencia en el hogar; y miles están en riesgo de sumarse a las filas del trabajo infantil por la crisis económica, expuso el Sistema de Protección Integral conformado por Save The Children México, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Pacto por la Primera Infancia, entre otras organizaciones.
“El confinamiento representó cierre de escuelas, de comunidades positivas y otras redes sociales que son protectoras de niños, niñas y adolescentes, por lo que este aislamiento también ha representado una mayor vulnerabilidad y un incremento de violencia familiar sobre todo a mujeres adolescentes por la cultura machista en la que nos encontramos”, dijo el director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez. “La clave son las altas tasas de impunidad, lo que estimula que se repitan los hechos. Tenemos un 97 por ciento de impunidad en todos los delitos denunciados, donde niños, niñas y adolescentes son víctimas. Es decir, solo tres de cada 100 carpetas de investigación alcanzan algún tipo de sentencia”.
REFUGIO FRENTE A VIOLENCIA
En octubre, un hombre de 80 años fue detenido en San Luis Potosí, entidad a la que huyó por tener órdenes de aprehensión en su contra en la Ciudad de México por violar a sus nietas de cuatro y cinco años. En septiembre, en Villa de Allende (Estado de México) un hombre llevó a su familiar de 11 años de su recámara a un campo de cultivo, donde la violó, de acuerdo con una denuncia a la Fiscalía mexiquense. En diciembre, un hombre fue detenido por violar a su hijastra de 15 años en Tecámac (Estado de México) bajo el consentimiento de la madre, también aprehendida.
En México, ya antes de la COVID-19 al menos un 63 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años había sufrido agresiones psicológicas o castigo físico en su hogar, de acuerdo con la más actual Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México (Unicef, 2015). Pero a partir del encierro en casa, la Red Nacional de Refugios, una organización feminista que desde 1999 ofrece espacios de protección y atención integral para mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia, detectó que más de 800 niñas y niños han sido víctimas de violencia sexual por algún integrante masculino de su núcleo familiar. En algunos casos, refiere la Red, las maestras se dan cuenta del delito sexual a través de la cámara de la computadora durante las clases en línea.
Durante el confinamiento la Red también ha identificado que el 29 por ciento de niñas y niños ha sufrido violencia física en sus hogares; el 29 por ciento, psicológica; y el 22 por ciento, económica. Respecto a los menores que ingresaron a los refugios, nueve de cada 10 fueron víctimas de violencia física y psicológica, documentó la organización civil.
De marzo a noviembre, los primeros nueve meses del confinamiento, la Red ha atendido a más de 38 mil 081 mujeres, niñas y adolescentes a través de líneas telefónicas y redes sociales, un incremento del 48 por ciento en comparación al mismo periodo de 2019. Cuatro de cada 10 mujeres que se comunicaron manifestaron que sus hijas e hijos también fueron víctimas de violencias en su hogar, siendo 2 mil 492 niñas y niños. Además, los espacios de atención y protección de la Red han incrementado sus ingresos de familias un 53 por ciento, brindando atención integral especializada y gratuita a 25 mil 225 mujeres, niñas y niños, lo equivalente a ocupar dos veces y media el Auditorio Nacional.
“Los niños, niñas y adolescentes que son hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género son víctimas directas porque están en el mismo entorno violento, por lo que sus voces deben priorizarse, aun cuando tengan cinco años. Consultarlas hace la diferencia”, afirmó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. “Esto deja secuelas físicas y emocionales. En general, son problemas de sueño, alimenticios (llegan con anemia o desnutrición), socialización (muy retraídos o extrovertidos). Hay casos de hipersexualización por antecedentes de violencia sexual en su contra, y también hay algunos rasgos como miedo constante de persecución. Hay niños y niñas que llegan al refugio y están abajo de la cama. Las adolescentes llegan con ideas suicidas o autolesiones, y con dificultad de expresar sus emociones”.
La Red Nacional de Refugios cuenta con cuatro mecanismos integrales para restituir los derechos de las mujeres y prevenir feminicidios en más de 70 espacios que han operado ininterrumpidamente durante el confinamiento. Empiezan con el Centro de Atención Externa, donde acuden vía telefónica o redes sociales por apoyo presencial o en línea para identificar el tipo de violencia y empezar un proceso. También están las Casas de Emergencia, espacios donde quienes tienen que salir huyendo de sus domicilios pasan 72 horas en un espacio seguro y con acompañamiento psicológico. En los refugios luego tienen atención especializada gratuita con sus hijos e hijas en promedio tres meses para promover el acceso a la justicia y la autonomía. El engranaje se cierra con las Casas de Transición que permiten que al salir del refugio comiencen durante un año su camino hacia la independencia económica.
“Tenemos un modelo especializado para la población infantil en cada uno de estos espacios tanto preescolar, escolar y adolescente. Cada una de las etapas del desarrollo implican necesidades específicas. Pone en el centro sus derechos humanos, hay atención psicológica, psicopedagógica y médica. Cuentan con espacios lúdicos recreativos a través del arte y la música para construirles una cultura de paz, buenos tratos, educación sexual feminista y de coeducación, es decir, educar en igualdad a mujeres y hombres”, explicó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.
La atención a las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, afirmó, debe impulsarse particularmente desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), la Secretaría de Gobernación (Segob) y las fiscalías, promoviendo una cultura no adultocentrista y un sistema educativo con perspectiva de género y relaciones igualitarias.
“No hemos visto ninguna campaña que vaya dirigida hacia la población infantil para promover la denuncia sobre violencias que ellos están viviendo o cómo alzar la voz. La población infantil está invisibilizada. Tampoco conocemos un programa para niños huérfanos porque sus madres son víctimas de feminicidio. A veces se quedan en manos del propio feminicida”, dijo Figueroa.
AUMENTO DE FEMINICIDIO DE MENORES
El 10 por ciento de los feminicidios en México, la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, son de niñas y adolescentes, informa la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
De enero 2015 a septiembre de 2020, 435 niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron víctimas de feminicidio, principalmente en el Estado de México (76), Veracruz (42), Jalisco (30) y Chiapas (30), muestran los datos del Secretariado del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) analizados por Redim.
Durante los primeros nueve meses del 2020, ocurrieron en promedio nueve feminicidios al mes contra niñas y adolescentes (86), más que el promedio de siete feminicidios mensuales de ese sector de la población en 2018. En 2020 además hubo 383 homicidios de niñas y mujeres de 0 a 17 años; más de uno por día.
Para muchas niñas y adolescentes su propio hogar es el principal espacio de riesgo. “Ya sabíamos desde enero que cada dos días una niña o adolescente era víctima de feminicidio. Desde el inicio de la pandemia se estimó que iba a haber un pico”, dijo Mariana Pría, Coordinadora de Incidencia Política de Save the Children en México. Pero es complicado cuantificar porque no todos los delitos de violencia se denuncian, y el desagregado del Secretariado del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) en feminicidios de niñas y adolescentes no se muestra en números.
“La edad y el género representan los factores principales que las limitan. Nuestras instituciones no asumen necesariamente a las niñas y adolescentes como sujetas de derecho, sino como la ‘propiedad’ de alguien más, se piensa que se puede decidir por ellas. Las instituciones deben ser reforzadas para generar un contexto propicio para ellas y para que el proyecto de vida y deseos que ellas tengan puedan ser alcanzados”, afirmó Pría. “No hablar de ello e invisibilizarlo es dejarlo crecer”.
