El comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas opinó que el nuevo Ejecutivo ha mostrado una “vocación absolutamente indeclinable” en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y valoró positivamente que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, esté a cargo de la Comisión de la Verdad.
Washington, 5 de diciembre (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró hoy que la decisión del nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa supone un “cambio sideral” respecto a la anterior actitud de las autoridades mexicanas.
“Para nosotros sí que hay, sin ninguna duda, un cambio sideral en la concepción de lo que veníamos trabajando y (lo que) ahora hallamos de respaldo en el nuevo Gobierno”, dijo hoy el comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas, en declaraciones a un reducido grupo de periodistas, entre ellos Efe.
Vargas opinó que el nuevo Ejecutivo ha mostrado una “vocación absolutamente indeclinable” en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y valoró positivamente que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, esté a cargo de la Comisión de la Verdad.
No obstante, el comisionado, que se encarga de ese caso dentro de la CIDH, reconoció que el Gobierno del ex Presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) “colaboró” con la CIDH al permitir la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
En su informe final, emitido en noviembre, dicho Mecanismo Especial concluyó que la investigación de las autoridades mexicanas era “fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa” y, además, urgía al Estado a determinar la participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes.
De manera simbólica, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa, que se instalará en un plazo máximo de 30 días hábiles y estará compuesta por representantes gubernamentales y técnicos.
La Comisión retomará las investigaciones realizadas por organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH y que proporcionó pruebas que echaron abajo la versión oficial.
De acuerdo con la “verdad histórica” defendida por el Ejecutivo de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, estado de Guerrero.
Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 fueran quemados esa noche en el vertedero -basándose en el reporte de un equipo forense-, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
