¿No que la ley es la ley? ¿No que la Constitución y la ley no se negocian? Resulta que sí. En México la justicia se compra y se vende, lo sabemos todos, pero ahora lo reconoce explícitamente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con la misma desfachatez que considera normal ser anfitrión, en su mansión de Las Lomas de Chapultepec, de la cena clandestina de la cúpula judicial de Norma Piña con el priista Alejandro Moreno “Alito” y el panista Santiago Creel para conspirar a favor de Xóchitl Gálvez y contra Claudia Sheinbam.

Hasta el último momento de su existencia desde que la creó Ernesto Zedillo, porque en los hechos ya está muerta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere negociar la Constitución y la ley, como lo pretendió hacer también hace 20 años, junto con el gobierno de Vicente Fox, en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador con personajes tan vigentes como Creel, su coordinadora de asesores, María Amparo Casar, y el magnate Claudio X. González.

Y es tal el descaro del ministro González —que enfurece cuando se omite su apellido materno de aspiración aristócrata— que decidió plantear desde Estados Unidos una negociación a la presidenta Claudia Sheinbaum para, con su venia, anular sólo parte de la Constitución sobre la elección de juzgadores, en medio de un cabildeo entre juristas y opinadores que propalan que esa jugada política facilita una salida salomónica a la crisis generada en realidad por los propios ministros del PRIAN.

“Yo estoy tendiendo la mano: Estamos tendiendo la posibilidad de una negociación, una reflexión, una invitación a que se pondere”, declaró el ministro González al diario estadounidense The New York Times, una postura más propia de un mercader que de un juez independiente, porque en los hechos ofrece a Sheinbaum poner a subasta la Constitución.

El tema nunca debió llegar hasta aquí, por la sencilla razón de que el Poder Judicial no tiene ninguna facultad para atacar lo que aprobó el Constituyente Permanente y que ya es ley suprema, salvo si hubo vicios de procedimiento. Pero no: Pudo más la política y la defensa de los intereses de las élites.

No es fortuito que la oferta de González a Sheinbaum, a través de The New York Times, sino parte de una estrategia de la derecha: Un día antes, el viernes 1, Ernesto Zedillo publicó también en Estados Unidos, en The Washington Post, un artículo que descalifica otra vez la elección de juzgadores y afirma que en su primer mes de gobierno la Presidenta de México ha caracterizado “por la demagogia, el clientelismo, la incompetencia y el abuso de poder”.

El fraseo de Zedillo sobre Sheimbaum es idéntico al de Claudio X. González, quien fue su asesor entre 1994 y 2000, como él mismo lo ha dicho: “Estuve en un tiempo en la función pública, trabajé en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de  Agricultura y luego tuve la oportunidad de acompañar al presidente Ernesto Zedillo los seis años de su Presidencia en la Oficina de la Presidencia, y fue muy enriquecedor eso”.

En su carácter de asesor de Zedillo, González Guajardo atestiguó la reforma que aniquiló de un manotazo a la antigua SCJN y que se convirtió en la defensora de las élites que están furiosas con la reforma actual y que, ante su derrota, buscan con el ministro González una negociación.

La oferta del ministro es también el reconocimiento de que su proyecto de sentencia, que este martes 5 será sometido a votación del pleno de la SCJN, no tiene base constitucional, como cualquier abogado sabe, y es sólo una maniobra politiquera, como también lo demuestra el cabildeo entre opinadores para que hablen de la salida “sensata” al choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.

El pacto político que González ofrece es inaceptable, como ya lo rechazó la Presidenta de México, porque es un acto desesperado de los ministros que jamás quisieron impulsar una reforma al Poder Judicial y apostaron, como políticos conservadores que son, a que Morena y sus aliados no alcanzarían la mayoría calificada para cambiar la Constitución.

Los ministros saben que que el juicio de amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución y aún así ordenaron a jueces de consigna conceder suspensiones. Saben también que la acción de inconstitucionalidad tampoco es procedente para impugnar una reforma constitucional, pese a lo cual González aceptó esos recursos de PRI y PAN.

Y es así porque jueces, magistrados y ministros, encabezados por Piña, han antepuesto la política a la Constitución, salvo que, de último momento, tengan poquita vergüenza y memoria.

¿Por qué digo vergüenza y memoria? Porque si los ministros Javier Láynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo son congruentes con los criterios jurídicos que los preceden deberán votar en contra del proyecto de González porque en 2016, a propuesta de Piña, rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por López Obrador para revisar una reforma a la Constitución de México.

La demanda presentada por López Obrador como presidente de Morena en contra de la reforma constitucional que transformó al Distrito Federal en la Ciudad de México fue bateada por el ministro Láynez Potisek, quien la desechó de inmediato el 17 de febrero de 2016 y tres meses después, el 2 de mayo, a propuesta de Piña Hernández, la mayoría de los ministros de la SCJN confirmó el desechamiento con el mismo argumento de que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional.

¿Por qué habrían de cambiar de criterio? Ya lo veremos en sus votaciones. Pero lo cierto es que la SCJN y el Poder Judicial todo están ya muertos con la reforma aprobada por el Constituyente Permanente que, precisamente, busca terminar con la compra-venta de la justicia.

Habrán de venir todavía muchas complejidades en la implementación de la elección de juzgadores, con errores en la implementación y con el sabotaje permanente de los derrotados, pero la criatura de Zedillo, nacida en 1994, ha muerto.

Álvaro Delgado Gómez

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Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

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