Una nueva administración en cualquier institución, ya sea de carácter público o privado, siempre genera una especulación natural sobre cómo será la gestión de quien llega como responsable. En el caso de quien encabeza el poder ejecutivo, siempre existe la duda de cómo será su estilo de gobernar.

Los gobiernos mexicanos del siglo XXI han tenido particularidades, y la personalidad del presidente resalta en la toma de decisiones y en el ejercicio de su administración. En el caso de la primera presidenta de México, existen expectativas de si seguirá el camino de su antecesor o si pondrá su propio sello distintivo.

De entrada, se están repitiendo fórmulas exitosas, como la conferencia mañanera, que marca la agenda pública, y los anuncios de más programas sociales, que fortalecen su voto duro. Pero también se repiten errores, como la postura de cero diálogo con la oposición partidista, el discurso de confrontación y la radicalización de la postura sobre la reforma al poder judicial.

Sin embargo, existen acciones que requieren un seguimiento particular. Primero, el empoderamiento de varios de los miembros de su gabinete, como Omar García Harfuch (SSPC) y el canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes están retomando el orden constitucional en sus funciones. Por ejemplo, en el caso del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quedó claro que ya no tiene otra vía de comunicación en el Gobierno mexicano más que con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo marca la propia Constitución.

Es importante recordar que algunos funcionarios están repitiendo en su cargo, como Rogelio Ramírez de la O (SHCP) o Ariadna Montiel (Bienestar). También hay actores políticos que ocuparon un cargo en la administración anterior, pero ahora tienen otras responsabilidades, como Rosa Icela Rodríguez, que pasó de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Gobernación, o el caso de Raquel Buenrostro, que de Economía pasa ahora a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

En cuanto al anuncio de reformas constitucionales y otras leyes federales, se siguen aprobando las propuestas de la recta final del Gobiernode AMLO, y solo se han presentado dos reformas de iniciativa propia. La primera es la reforma constitucional de igualdad sustantiva, con un enfoque en la brecha salarial y en la erradicación de la violencia contra la mujer. La segunda es una reforma a la Ley Federal del Trabajo para otorgar seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales de entrega de productos y transporte de pasajeros, esta última sin haberla platicado al menos con el sector empresarial.

Sin embargo, la realidad supera en muchas ocasiones a las ideas y buenas intenciones. En menos de un mes en el cargo, dos asesinatos de gran impacto social y mediático ya están teniendo su efecto: primero, el caso del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y luego el del sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez. Ambos casos son una prueba del abuso y operación sin control del crimen organizado. Es precisamente en el combate a la inseguridad donde se percibe mejor cómo puede ser el estilo de gobernar.

Claudia Sheinbaum aún está a tiempo de evitar la fallida estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por López Obrador, que provocó más de 200 mil homicidios dolosos. Tampoco puede emprender una guerra frontal como la de Felipe Calderón, o evitar hablar del tema y no atenderlo, como fue el caso del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Si bien se anunció una estrategia de seguridad de cuatro ejes con la utilización de ciberseguridad e inteligencia, si esta no se acompaña de diálogo y trabajo en conjunto con todos los sectores de la sociedad, se pronostica un fracaso que afectará no solo al Gobierno sino a todo el país.

Es momento de que Claudia Sheinbaum tenga su propio estilo para gobernar, en el que se fortalezca la construcción de la paz y la claridad de que se debe gobernar para todos los mexicanos, incluidos aquellos que no coinciden con su forma de pensar. #OpiniónCoparmex

Guillermo Torres Quiroz

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Presidente del Comité de Propuesta Política de COPARMEX. Es licenciado en Ciencia Política por la UAM- Iztapalapa. Tiene un Máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca Campus Madrid-IMDOSOC. Analista y comentarista político, es actualmente es Coordinador de la Red de Comunicadores -REC. Vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. de la que fue también director.

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