Organizaciones civiles como Redim, Fray Francisco de Vitoria, Educadys, Red TDT y FM4, instaron al Estado Mexicano a cumplir con las recomendaciones de la ONU en materia de protección y derechos de los niños y adolescentes en México.
Señalaron que en la actualidad se tienen contabilizadas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas un total de 6 mil 330 menores extraviados, el 73.9 por cierto de estas desapariciones han ocurrido durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
El contexto de estas desapariciones es el de la violencia provocada por el crimen organizado, que de acuerdo con las hipótesis de las organizaciones, conduce a niñas y niños a trabajos forzados o de violencia sexual.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La violencia generalizada en México impide que a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes difícilmente se les reconozca la existencia de sus derechos, así lo denunciaron en conferencia de prensa organizaciones de la sociedad civil reunidas para alertar sobre la necesidad de revisión de los casos de la juventud y la niñez en el próximo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, a realizarse el próximo 7 de noviembre por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
Las organizaciones Redim, Fray Francisco de Vitoria, Educadys, Red TDT y FM4 instaron al Estado Mexicano a cumplir con recomendaciones pasadas y con todas aquellas que se deriven del EPU 2018.
El exhorto también estuvo dirigido para el nuevo gobierno, a quien dejaron en claro “que no puede haber una fuerte transformación si no se garantizan plenamente los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Señalaron que en la actualidad se tienen contabilizadas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas un total de 6 mil 330 menores extraviados, el 73.9 por cierto de estas desapariciones han ocurrido durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
El contexto de estas desapariciones es el de la violencia provocada por el crimen organizado, que de acuerdo con las hipótesis de las organizaciones, conduce a niñas y niños a trabajos forzados o de violencia sexual.
En el 2017 se registró que el 50.2 por ciento de los adolescentes en el sistema de justicia penal sufrió algún tipo de violencia física al momento de su detención y 31.3 por ciento de los adolescentes con medida de internamiento fue víctima de un delito en el centro de internamiento.
Los estigmas sobre la juventud también han pactando sus condiciones de vida. El 49.9 de las personas en pobreza en el país son jóvenes, que además enfrentan prejuicios por su preferencia sexual o condición de género. Durante el 2017, se estimó que a escala nacional, el 66.1 por ciento de las mujeres sufrieron al menos un incidente de violencia emocional físico sexual a lo largo de su vida.
Mauricio Pineda, coordinador general de la organización, afirmó que “ tan sólo en nueve meses de 2018 hemos recibido más de 400 niñas niños y adolescentes”.
Arguyó que el Estado mexicano ha preferido privilegiar la condición migratoria antes de garantizar el principio de Interés Superior de la Niñez, por lo que niños migrantes, que en muchas ocasiones viajan sin estar acompañados, continúan siendo resguardados en condiciones similares a las de una detención migratoria.
“La alerta sobre la necesidad de crear mecanismos que empaten la ley migratoria con los derechos de la infancia surge en el momento preciso, siento que en el país están transitando miles de niños formando parte de las diferentes caravanas migrantes”, dijo Pineda.
LAS RECOMENDACIONES
Entre la recomendaciones realizadas por las organizaciones se encuentra la asignación de presupuesto progresivo y la generación de condiciones para el efectivos funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la armonización de leyes como la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así como la elaboración de protocolos y mecanismos que busquen su protección prevengan su desaparición y procuren la justicia para el sector.
El Examen Periódico Universal(EPU) es un mecanismo de las Naciones Unidas con el cuál se evalúa la condición de lo Derechos Humanos en sus pistas miembros.
Para México se han realizado sólo dos exámenes, el primero de ellos en el 2009, el segundo en el 2013, y el tercero tendrá lugar este 2018 y evaluará en gran medida la gestión del actual Presidente Enrique Peña Nieto.
