Diversas organizaciones solicitaron a la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Mónica Pinto, que supervise la elección de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de México ante la politización del proceso.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Artículo 19, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitaron a la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Mónica Pinto, que “supervise la próxima elección de Ministros de Suprema Corte de Justicia de México”.
Los organismos solicitan, en una misiva, “a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados para que en el ámbito de las funciones de su mandato, supervise el proceso de elección de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de México”.
Pues justifican, en México, tal como lo constató la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados durante su visita en octubre de 2010, “prevalece y continúa una fuerte injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que afecta la efectiva separación de poderes en el frágil sistema democrático mexicano”.
Advirtieron además de la politización en el próximo proceso de los nuevos nombramientos en el Máximo Tribunal del país, luego de que el próximo 30 de noviembre queden dos vacantes.
“El preocupante contexto actual en materia de derechos humanos al que se enfrenta México, con un desproporcionado aumento de violaciones graves a los derechos humanos, y la consecuente impunidad para esclarecer dichos casos, hacen imperante que exista un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones”, alertan.
Las asociaciones sostuvieron que la “fragilidad en el diseño constitucional y las deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema jurídico, repercuten directamente en la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de administrar justicia".
Advierten que “si no existen procedimientos adecuados para el nombramiento y selección de operadores de justicia, o una efectiva separación de poderes, existen escasas posibilidades de lograr un poder judicial autónomo e independiente del ejecutivo”.
Aunado a ello, dicen, “el proceso de nombramiento de ministros de la Corte en México se realiza fuera del marco de la transparencia y rendición de cuentas, lo cual resulta profundamente negativo para la independencia de este máximo tribunal. El sistema de nombramiento no incentiva a que se nominen a personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad e independencia, que se tome en cuenta la trayectoria ética y democrática de las y los candidatos, ni tampoco a que se propongan las personas que tengan más experiencia y capacidad en cuestiones tan relevantes como lo es el conocimiento en el derecho de los derechos humanos”.
En marzo pasado, Eduardo Medina Mora fue nombrado Ministro de la SCJN, en medio de un rechazo, pocas veces visto, por parte de ciudadanos, académicos, estudiantes, políticos de oposición, activistas y organizaciones civiles, entre otros.
Hasta la prensa internacional destacó el nombramiento y la polémica generada a su alrededor, entre ellos el prestigiado medio inglés The Financial Times
“Su nombramiento [el de Eduardo Medina Mora] ha cimentado la creencia entre algunos opositores de que el gobierno está más interesado en una ‘amigocracia’ que una ‘meritocracia’”,. decía una nota firmada por su corresponsal, Jude Weber.
En la misiva firmada también por la Comisión Mesoamericana de Juristas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Evalúa, destacan que la máxima institución de justicia en el país debe ser “integrada solamente por las y los profesionales más capaces, íntegros e idóneos”, no ser militantes partidos políticos y que carezcan de conflictos de interés.
“Un proceso de elección de nuevos ministros de la máxima corte en México que no garantice las condiciones idóneas para seleccionar con base en el mérito y las capacidades de las y los candidatos; que no procure la multiculturalidad y equidad de género y que no sea público, claro y transparente en cada una de las etapas del proceso, con participación de la sociedad civil, constituye un acto de simulación para la construcción democrática de las instituciones del país, y atenta contra la separación de poderes y el estado de derecho”, finaliza el documento.
Apenas el pasado 13 de octubre, académicos, ciudadanos, políticos y activistas entregaron este día más de 40 mil firmas al Presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que durante los próximos nombramientos de los ministros de la SCJN no se incluyan a militantes de partidos políticos o a las amistades de funcionarios.
El iniciador de la petición Alejandro Madrazo Lajous, y algunos de los firmantes como Denisse Dresser, María Amparo Casar, Jorge Castañeda, Carlos Heredia y Genaro Lozano, entre otros, de la petición colocada en Change.org, la cual ha sido difundida en las redes sociales con el hashtag #SinCuotasNiCuates, y que al día de hoy ha recaudado casi 50 mil firmas, exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto y al Senado de la República que la Suprema Corte sea integrada por profesionales del derecho que cuenten con conocimientos profundos de los diversos temas que se deben resolver.
“[La Corte] debe ser constituida por individuos prestigiados, que aporten a la legitimidad institucional, que juzguen los problemas que se les plantean de forma imparcial, y que estén lejos de contaminar a la Corte con conflictos de interés”, refiere el texto que acompaña la solicitud.
Los miles de ciudadanos que suscriben la petición han dicho que el más reciente nombramiento del Ministro Eduardo Medina Mora “dejó mucho que desear”. ”Ni el Presidente ni el Senado se mostraron dispuestos a realizar un procedimiento de auscultación y nombramiento público y razonado”, manifestaron los ciudadanos.
Por ello, exigieron al Presidente y al Senado un procedimiento transparente y, además, razonado. También demandaron una Corte #SinCuotasNiCuates y paridad de género en la misma al recordar que sólo hay dos mujeres en el Pleno de la Corte y, una de ellas, la Ministro Olga Sánchez Cordero, dejará su cargo este año.
La iniciativa refiere además que “distintas fuentes” han mencionado la existencia de un pacto entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para la distribución de cuotas en el Pleno de la Suprema Corte.
“Este pacto partidista consistiría en impulsar a Santiago Creel Miranda, militante activo del Partido Acción Nacional y a Raúl Cervantes Andrade, actual Senador plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional con licencia, dos veces diputado federal y ex coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, para asegurar que llenen las próximas vacantes de la Corte Suprema”, se afirma en la petición.
