El fallo de la Suprema Corte a favor de las comunidades mayas podría ser la punta de lanza para otras regiones en las que Monsanto actualmente siembra sus semillas.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender el permiso de la empresa de transgénicos Monsanto para sembrar soya en la Península de Yucatán, resulta igual de histórica que la que la Primera Sala emitió minutos antes a favor de un amparo para el uso recreativo de la mariguana.
El fallo unánime determina la concesión del amparo a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche y asegura también una consulta libre e informada respecto a los permisos de Monsanto, que estará a cargo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), y en la que según lo decretado, se deberá tomar en cuenta a todas las comunidades indígenas de los dos estados.
Desde 2012, apicultores de la región iniciaron un proceso legal para prohibir la siembra de la semilla genéticamente modificada, ya que habían sido deforestadas miles de hectáreas de la que es considerada la última selva mexicana, lo que comenzó a afectar la producción de miel, actividad de la que dependen 15 mil familias.
Y aunque la deforestación no es únicamente por la siembra de soya transgénica, sí la siembra de soya transgénica es un elemento fundamental de la deforestación, que les ha desorientado a las abejas y las ha afectado por las grandes cantidades de glifosato, un herbicida recientemente puesto en la lista de cáncer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se utiliza para esos sembradíos.
Sin embargo, la lucha no fue sólo contra la empresa sino también contra el Gobierno federal, que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó el permiso sin realizar una consulta a las comunidades mayas.
“Es un triunfo muy importante para las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, en principio por la inequidad que había en un proceso que se emprendió en contra de la empresa más grande de transgénicos que, además, litiga junto con el Estado mexicano por sus intereses”, dijo al respecto Jorge Fernández Mendiburu, abogado del caso.
Explicó que el eje central del fallo es que se deja sin efectos el permiso para la siembra de transgénicos en esa zona y se ordena la realización de una consulta con todas las características que establecen los principios internacionales, aunque falta que se emita el documento final para conocer los alcances en su totalidad.
Desde la perspectiva de María Colín Olmos, abogada de Greenpeace, se trata de un golpe fuerte a Monsanto, porque significa un retraso en sus proyectos de inversión que tienen en la entidad.
“Para ellos (Monsanto) simplemente es un golpe financiero, mientras que para los apicultores mayas significa una afectación a su modo de vida, a su derecho al trabajo, culturales o de salud, pero para la empresa es sólo un tema financiero”, comentó.
En la Península de Yucatán se produce casi el 40 por ciento de la miel del país, que según datos de la Sagarpa, en 2014 generó ingresos por mil millones de pesos; el principal socio comercial de los apicultores mayas es Europa, que ha preferido la miel mexicana, por ser libre de transgénicos, sin embargo, la producción más reciente ya está contaminada por estas semillas, además de que la cantidad se ha visto afectada.
De acuerdo con un reporte de la Comisión nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de 2010, la producción de miel es 2.9 veces mayor que la producción de soya en la zona. Y las organizaciones aseveran que 50 mil familias en la Península de Yucatán dependen de la misma.
La práctica de los monocultivos, de acuerdo con los campesinos locales de Hopelchén, también redujo la cantidad de agua en la localidad, ya que prácticas de nivelación de terreno incluyen rellenar espacios que antes estaban ocupados por agua, así como en otras ocasiones drenar pequeñas aguadas.
AÑOS DE DENUNCIAS
Organizaciones civiles denunciaron el apoyo que el Gobierno le ha dado a productores para deforestar la selva de los Chenes en Campeche a través de la siembra de soya transgénica, y acusaron a Monsanto de ser parte activa de este fenómeno, por ser el dueño de las patentes de transgenes e impugnar en los juzgados para que no se suspenda la siembra de semillas genéticamente modificadas.
“Dentro de esta lógica de la siembra de monocultivos, una apuesta fundamental para el Ejecutivo federal, en contubernio con las grandes empresas como Monsanto y Syngenta, ha sido la siembra de soya genéticamente modificada”, dijo Fernández Mendiburu, abogado de la organización Indignación.
“Las demandas tienen un enfoque especial de cómo se ha utilizado el agua, las organizaciones locales que estamos ahorita acompañando han demostrando los impactos que tiene el uso de agroquímicos. Está prohibido hacer pozos pero se hacen, y con ello se está afectando tanto la calidad del agua, y a varias especies las coloca en riesgo”, enfatizó Sandra Laso Jácome, vocera de Greenpeace.
Hace 18 meses, por un amparo que interpusieron los apicultores, cuatro jueces locales frenaron el permiso de Monsanto. Sin embargo la empresa y el Gobierno federal impugnaron el fallo que será abordado el día de mañana por la Segunda Sala de la SCJN, integrada por el ministro Fernando Franco González, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora.
En 2012, la Sagarpa autorizó a Monsanto la siembra de soya en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
Los apicultores y las comunidades mayas acudieron ante la justicia federal al considerar que se vulneraban sus derechos a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada y a un medio ambiente sano; estos argumentos les fueron reconocidos por jueces federales mediante sentencias emitidas en 2014, pero fueron impugnados por la Sagarpa y por Monsanto. El caso llegó a la SCJN dado a su trascendencia y relevancia, y la posible afectación o alteración de valores sociales, así como la convivencia y bienestar para las comunidades apícolas mayas que habitan en la Península de Yucatán.
Las organizaciones denunciaron que de aprobarse la siembra de soya genéticamente modificada en la Península de Yucatán terminaría con un círculo virtuoso en una región en la cual la apicultura ha fomentado un desarrollo humano sustentable durante años.
Cabe señalar que el fallo es contra la autorización emitida por Sagarpa, pero sólo aplicará en las dos comunidades que reclamaron; Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, regiones en las que actualmente se siembra soya transgénica, se podrá seguir con la actividad.
“Ahora las comunidades que se sientan afectadas saben que tienen la vía del amparo para reclamar la protección de la justicia federal”, sostuvo Colín Olmos.
Para Fernández Mendiburu, lo que sigue a corto plazo, es un periodo de descanso para los apicultores, después tres años de litigio y de contantes viajes a la Ciudad de México, pero sin dejar de estar atentos al mecanismo que establezcan las autoridades a las que la Corte encargó la consulta.
“El acompañamiento de las organizaciones será absoluto dado que se debe verificar que la consulta cumpla con los estándares internacionales; es decir, que sea libre, con información basta, que sea en su lengua, a través de sus propias autoridades y en un proceso transparente. No queremos que suceda lo que en Juchitán, donde las localidades han denunciado la manipulación en sus procesos de consulta.
“Con base en esas experiencias, tenemos para exigir desde un principio que el proceso sea muy claro y transparente y que involucre desde un inicio a las propias comunidades”, concluyó.
