La morenista Clara Brugada reconoció en campaña la importancia de trabajar en estrategias conjuntas con el Gobierno federal y del Estado de México para atender la crisis hídrica, esto y el freno a los desarrollos inmobiliarios son temas con los que deberá lidiar su administración, pues preocupan desde hace años a las y los habitantes de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Clara Brugada Molina en la Ciudad de México inicia este 5 de octubre respaldada con más del 50 por ciento de votos de la jornada electoral pasada y con el reto de atender pendientes como la crisis hídrica y la expansión de grandes desarrollos inmobiliarios, al mismo tiempo que crecen las dificultades para que la población acceda a viviendas dignas.
En los últimos cuatro años la falta de lluvia ha afectado las presas Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria que abastecen al Sistema Cutzamala, de donde se obtiene más del 25 por ciento de agua de la capital. Ello llevó a que para noviembre de 2023 el almacenamiento de las presas fuera de 39 por ciento, 44 puntos porcentuales debajo del promedio histórico, de acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
La temporada de lluvias permitió que en lo que va de octubre el Sistema Cutzamala ya cuente con 61 por ciento de su almacenamiento, sin embargo, la falta de agua es una problemática que sigue afectando a habitantes de la capital. Tan sólo la semana pasada vecinos de diversas colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón bloquearon durante horas la avenida Camino a Santa Fe para denunciar que no tienen acceso en sus hogares desde hace cinco meses a causa, según denunciaron, de la manipulación de válvulas.
Ante demandas de este tipo y las exigencias de ciudadanos que piden tener garantizado el acceso al agua, la morenista Clara Brugrada incluyó en sus propuestas de campaña un modelo hídrico para proteger la cuenca ecológica y una estrategia integral de trabajo en coordinación con el Gobierno federal y del Estado de México, además de la creación de un Gabinete Metropolitano de Agua.
La exalcaldesa de Iztapalapa ha explicado en los últimos meses que el objetivo es construir infraestructura para recabar millones de litros de lluvia y hacer reservorios, proyecto en el que cobra relevancia la Laguna de Zumpango y otros antiguos lagos en donde se almacenaría el agua para integrarla a la infraestructura que llega a la ciudad.
En agosto, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, defendió el trabajo conjunto y el Secretario del Agua, local Pablo Moctezuma, resaltó como prioridad la protección, conservación y reforestación del Bosque de Agua. Sus miles de hectáreas abarcan, parcial o totalmente, más de 20 áreas naturales protegidas del Estado de México, Ciudad de México y Morelos. En materia de agua este bosque es muy importante porque sus acuíferos proveen siete de cada 10 litros del agua usada en la Ciudad de México y casi toda el agua de Cuernavaca y Toluca.
El compromiso de trabajar en conjunto alienta a personas defensoras del agua y especialistas en el tema como Elena Burns, quien resaltó la importancia de pensar en soluciones que atiendan la problemática a nivel regional, no sólo gradual.
“Estamos muy esperanzados, el Estado de México con la maestra Delfina ya está tomando los primeros pasos de estar rediseñando el modelo para poder tener la seguridad hídrica basada, por ejemplo, en el lago Zumpango, en las macroplantas de Toluca, de poder aprovechar las aguas de cada cuenca en la cuenca y que esto sea el futuro del agua y empezar a cerrar los ciclos. Esa lógica también la tiene clara Alejandro Encinas –próximo Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis de la Ciudad de México–.
Sí estamos viendo hay una visión metropolitana de sustentabilidad que ya no van a estar buscando sostener la Ciudad de México a costa de Tula (Hidalgo), a costa del Estado de México, sino estar viendo la región como una totalidad y estar viendo cómo a través de la colaboración entre las entidades federativas poder tener un modelo de sustentabilidad más económico, más resiliente y más justo en cuanto a los derechos de las comunidades y los pueblos”, expuso en entrevista.
Entre los cambios que Clara Brugada encontrará al iniciar su administración está la extinción del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) que pasará a ser la Secretaría de Gestión Integral del Agua para que deje de ser un organismo sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y darle más facultades para, entre otras cosas, mejorar el aprovechamiento del agua de lluvia.
Sin embargo, un pendiente por atender y que la Coordinadora Nacional Agua para Todxs mantiene desde hace años es la exigencia de revisar las concesiones entregadas a empresas multinacionales que usan y gastan miles de litros de agua al día, mientras habitantes de la Zona del Valle de México denuncian escasez.
La responsabilidad de las grandes empresas en la crisis hídrica ha sido motivo de análisis tanto de personas defensoras del agua como de académicas, organizaciones civiles y autoridades. De acuerdo con datos presentados por el Gobierno capitalino en marzo de 2023, 10 empresas entre las que se encuentran Coca-Cola Femsa, PepsiCo, Lala, Grupo Modelo, P&G y La Esperanza, tienen 48 por ciento del volumen total de agua concesionada en la capital.
Por ejemplo, una investigación de la periodista Guadalupe Fuentes publicada en SinEmbargo en marzo exhibió que la Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes, cuyo nombre comercial es Coca-Cola Femsa, tiene una concesión para el uso industrial con fecha de registro del 7 de octubre de 2022.
De acuerdo con el título de concesión número 823884 ubicado en el Registro Público de Derechos de Agua, la empresa cuenta con un pozo en la Ciudad de México del que extrae mil 128 millones 200 mil litros de agua al año (m3/año).
La entrega de concesiones está permitida por la Ley de Aguas Nacionales, aunque desde febrero de 2012 el derecho humano al agua se elevó a rango constitucional y las y los legisladores tenían como plazo un año para emitir una nueva ley, algo que a más de 10 años esto no ha pasado, pero desde la sociedad civil impulsan una propuesta ciudadana para cambiar la forma en la que se gestiona este recurso.
En la Ciudad de México a la entrega de concesiones se suma el agua que utilizan las grandes construcciones inmobiliarias, una problemática que la próxima jefa de Gobierno reconoció durante la campaña electoral. En el segundo debate electoral planteó que la responsabilidad de la falta de agua para la población también recae en el llamado cártel inmobiliario, como se conoce a la trama de corrupción que ha permitido irregularidades en las construcciones y por la que la Fiscalía capitalina investiga a políticos del Partido Acción Nacional (PAN).
“Vamos a ver aquí quién es el que provoca la escases de agua, ni más ni menos que el cartel inmobiliario porque en la Benito Juárez –Alcaldía gobernada por el PAN– [hay] 264 pisos de corrupción ilegales que implican 23 millones de litros de agua, dos mil 370 pipas; esto es lo que representa, lo que el cártel inmobiliario le roba de agua a la Ciudad de México”, planteó en abril Clara Brugada a su entonces contrincante, el panista Santiago Taboada.
Las afectaciones son tantas que recientemente en la Alcaldía Iztapalapa se aprobó un acuerdo para frenar trámites o autorizaciones relacionados a la construcción, modificación o ampliación de grandes desarrollos inmobiliarios, habitacionales y centros comerciales para frenar el desabasto de agua, esto al menos hasta que el nivel de suministro se restablezca al que se tenía hace seis años.
En otros puntos de la ciudad la construcción de grandes plazas y desarrollos inmobiliarios continúan, denunció Gabriela Ortega, habitante de la Alcaldía Benito Juárez e integrante de la Red vecinal contra el cártel inmobiliario.
“Hemos visto que las dependencias se solapan una a otra, ahora vemos que los que nos queda es defender el derecho al agua”, mencionó.
En mayo de 2023 el exdelegado de Benito Juárez Christian Von Roehrich fue detenido por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa, la Fiscalía de la ciudad lo señala por su relación con el cártel inmobiliario.
Sin embargo, vecinas y vecinos lamentan la falta de avances, pues pese a esa detención, siguen documentando afectaciones como daños a inmuebles y desalojos irregulares relacionados con acuerdos entre autoridades y personas del sector inmobiliario, por lo que ven con poco optimismo el trabajo del próximo gobierno de la Ciudad de México, aunque mantendrán la apertura al diálogo para que sus peticiones se atiendan.
Gabriela Ortega, quien también es parte de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) en la colonia Villa de Cortés, explicó que desde hace más de 10 años junto a otras y otros vecinos han documentado y denunciado construcciones irregulares, como edificios donde se construyen pisos de más a dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), pero no avanzan.
“Estas denuncias ya tienen más de 10 años y ninguna se ha resuelto, es raro que quiten un piso de más, es raro que respeten las colindancias sísmicas, es raro que nos haga caso a Fiscalía. Yo he metido como 50 oficios a la Fiscalía, en la Alcaldía no nos hacen caso, no espero nada bueno de esta administración. No nos importa que detengan a uno o a otro, lo que queremos es que paren las construcciones porque esto sigue y sigue”, dijo en entrevista.
