A través de su contralora, Cyntia Cantero Pacheco, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, contrata a costos millonario servicios de auditoría, asesoría legal, seguimiento a juicios en tribunales no obstante que la Contraloría interna del Ayuntamiento cuenta con más de noventa personas para efectuar esos  trabajos y nos los utilizan. Lo que se desprende de todo este movimiento de contratos sospechosos, la mayoría amañados porque no se licitan, es un jugoso negocio para encubrir desvíos y fraudes en perjuicio del Ayuntamiento. Peor aún, la contralora tiene tantas libertades que hasta ha contratado servicios legales con abogados que se ostentan como tales y carecen de cédula profesional, como ocurrió con Rosa Viridiana Arellano Vega, a quien le otorgaron un contrato para prestar servicios jurídicos sin ser abogada. Así se las gasta Lemus, a quien muchos consideran un fuerte aspirante al gobierno de Jalisco por parte del partido Movimiento Ciudadano, la mafia de Carlos Salinas.

En el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, la opacidad ha sustituido a la transparencia. Con la complacencia del alcalde Pablo Lemus, uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura de Jalisco, la contralora ciudadana Cyntia Cantero Pacheco despilfarra el presupuesto en la contratación de despachos de auditoría, revisión de expedientes y asesorías legales sin la participación de los funcionarios que conforman el Comité de Adquisiciones. Sus funciones se reducen a la de servir como tapadera de toda la corrupción en el más importante municipio de Jalisco.

Todo esto ocurre a pesar de que el área de la Contraloría Ciudadana, que encabeza Cantero Pacheco, cuenta con una nómina que agrupa a más de noventa personas, entre auditores, abogados y otros profesionistas que bien podrían realizar estos trabajos internamente y sin costos adicionales que afecten al erario.

Lo grave de estas concesiones, asignadas a amigos, compadres o presuntos  cómplices, es que la información sensible del Ayuntamiento respecto a movimientos de recursos, contratos, servicios, entre otras, está dispersa en diversos despachos contratados externamente que le cuestan millones de pesos al Ayuntamiento de Pablo Lemus, un personaje que desde que fue alcalde de Zapopan construyó la mala fama de ser hábil en la ingeniería financiera, en presuntas acciones fraudulentas y en el desvío de recursos públicos, según acreditan documentos oficiales.

Dedicada por largo tiempo a las tareas de relaciones públicas, Cyntia Cantero Pacheco –quien pertenece el estrecho círculo de Pablo Lemus –fue colocada al frente de la Contraloría Ciudadana, una dependencia que más bien ha servido de “tapadera” de Lemus y su grupo más estrecho. Como carece de capacidad para encabezar a su equipo le ha sido fácil contratar externamente varios servicios que deberían  realizarse en su propia oficina:

–Elaboración de lineamientos de auditoría; informes de irregularidades detectadas derivadas de las auditorías; seguimiento a juicios de nulidad y expedientes por faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, que no están exentos de presuntos actos de corrupción.

Por ejemplo, con fecha 25 de abril de 2023, Cyntia Cantero Pacheco contrató servicios legales para la dependencia que encabeza. En lugar de optar por un despacho formal, decidió otorgarle un contrato –LPL 170/2023 –a una persona física: Rosa Viridiana Arellano Vega.

En el contrato, asignado de forma directa, le solicitaron la elaboración de un informe de irregularidades detectadas en auditorías; seguimiento a juicios de nulidad y expedientes por fallas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Lo verdaderamente grave de este caso es que Arellano Vega no cuenta con cédula profesional para ejercer como abogada, por lo que estaría incurriendo en el delito de usurpación de profesión. Pero no pasa nada: goza de impunidad. Además, por uno de sus servicios le pagaron la suma de 165 mil 482 pesos y cincuenta y cuatro centavos, según documentos en poder de este reportero.

De acuerdo con una fuente consultada en el Ayuntamiento de Guadalajara, la práctica de contratar servicios externos bien podría responder al objetivo de maquillar el desvío de fondos públicos, tapar irregularidades administrativas internas o embolsarse millones con posibles facturas infladas, la práctica más exhibida en contra del alcalde tapatío Pablo Lemus.

–Podría explicar eso de las facturas infladas? –se le pregunta a la fuente.

–Claro, mira, si un despacho les cobra cinco millones de pesos por diversos servicios le podrían solicitar que la factura la elabore por el doble y cuando sale el pago el despacho devuelve una parte a Lemus o a la propia contralora.

“Pero hay cosas más graves: queda en evidencia que la propia contralora, que se supone es la responsable de cuidar la transparencia, parece que es la que se prohíja la opacidad porque esos despachos en realidad tienen una función: maquillar todo lo que está mal y, de paso, sirven de enlace para la corrupción”-

–Opera como si tuviera permiso para robar.

–Algo así lo explicaría porque no se entiende por qué disponiendo de tanto personal que cobra y muy bien tengan que contratar despachos externos que, además, se quedan con información delicada del Ayuntamiento y de varios funcionarios de la comuna.

Las prácticas de Pablo Lemus y de su contralora Cyntia Cantero Pacheco violan abiertamente la ley. Y es que la Ley General de Responsabilidades y la Ley local en la materia establecen que deberán existir autoridades facultadas para llevar a cabo los procedimientos, mismos que serán nombrados entre el personal del propio órgano interno de control (Auditoría Investigadora , subcontratadora y resolutora).

Además, resulta altamente delicado que se solicite la contratación de un servicio para manejar expedientes que incluyen datos sensibles y que la ley en la materia marca parámetros para que sean custodiados en todo momento por sujetos obligados en su carácter de autoridad.

Estas prácticas en estricto sentido no se justifican. Datos del Ayuntamiento de Guadalajara establecen que el área de la Contraloría Ciudadana es el órgano interno de control municipal que tiene la plantilla más cuantiosa: ahí trabajan más de noventa personas, en su mayoría abogados y contadores, perfiles idóneos para llevar a cabo todas las tareas sustantivas de la dependencia.

–Si disponen de tanta gente por qué no la ponen a trabajar? ¿O cobran por no hacer nada? –se le consulta a un regidor que solicitó el anonimato por temor a represalias.

–Es parte del negocio de arriba. Es una forma de meterse a la bolsa millones. Así trabaja Pablo Lemus, el maestro de la transa, del fraude y del desvío de dinero público. Así que si resulta ser el próximo gobernador debemos prepararnos porque será peor que el actual (se refiere a Enrique Alfaro).

–¿Pablo Lemus también está metido en el crimen organizado?

El regidor sonríe sarcásticamente. Responde: ¿Usted qué cree? Todos están hasta los güevos…

El fraude de las patrullas

Pablo Lemus –igualito que Enrique Alfaro –ha resultado ser un alcalde que, sin recato alguno, ha violado la ley; sirve a intereses oscuros, tiene las habilidades y las complicidades para utilizar a su favor los recursos públicos y, pese a toda esa mala fama que arrastra desde su paso por la alcaldía de Zapopan, Jalisco, se apresta para ser próximo candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.

Forma parte del clan encabezado por Enrique Alfaro, personaje que convirtió a Jalisco no sólo en un fosario sino en el paraíso de la delincuencia organizada; convirtió al gobierno estatal en un cártel de cuello blanco, por decir lo menos.

El ejemplo más claro que ilustra la corrupción de Pablo Lemus en el Ayuntamiento de Guadalajara salió a flote con la licitación amañada para adquirir unas 400 patrullas –y otros instrumentos –para reforzar, según él,  las tareas de  seguridad pública en la capital jalisciense, asiento del cártel de Jalisco Nueva Generación, organización criminal ampliamente protegida en esa entidad.

A casi dos años de que se hizo público el escándalo por la compra de las patrullas con un sobreprecio de casi 400 millones de pesos, el Juzgado Décimo Noveno de  Distrito de Jalisco sigue sin resolver la controversia.

El juez del caso –Luis Alberto Márquez Pedroza –ha dilatado el procedimiento, lo que ha derivado en sospechosismo, pues ha llegado al extremo de pedir hasta en cuatro ocasiones que el quejoso – el afectado por la licitación amañada – acuda al juzgado a ratificar su firma. Esta dilación nadie se la explica. Es, dicen, parte de las órdenes que recibe de altos mandos del poder político para no resolver el caso.

Y es que la licitación pública LNP010/2021 resultó a todas luces amañada, pues Pablo Lemus optó por la propuesta más cara, ya que presuntamente había arreglos con la empresa “ganadora” por el moche de 400 millones pesos.

Todo esto ocurrió por una imposición de Pablo Lemus, pues un juez había ordenado suspender la licitación “por ilegal” para la adquisición de 290 patrullas –y otros instrumentos –por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Lemus, en abierto desacato a la autoridad judicial, dijo que la operación se realizaría porque se trataba de un acto consumado, no obstante que las unidades adquiridas en arrendamiento se pagarían entre los años 2022 y 2024 con un sobreprecio cercano a los 400 millones de pesos. Esa es la gran transa de Lemus que, hasta ahora, sigue impune.

Para consumar este jugoso negocio, el aspirante al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano contó con dos cómplices de alto rango: la contralora ciudadana –Cyntia Cantero Pacheco, su tapadera – y Rafael Martínez, excuñado del gobernador Enrique Alfaro, a quien diversas fuentes le atribuyen el manejo de “toda la estructura mafiosa” del Poder Judicial de Jalisco.

La contralora Cantero Pacheco tuvo conocimiento de las irregularidades y vicios de la licitación, pero nada hizo, por el contrario, avaló  el fraude de su patrón Pablo Lemus.

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RÉPLICA A LAS OPINIONES VERTIDAS POR RICARDO RAVELO

El día de hoy, jueves 05 de octubre del año 2023, fue publicada en el medio de comunicación “sin embargo.mx” la nota de Ricardo Ravelo bajo el título “Guadalajara: La Contraloría ciudadana, tapadera de Pablo Lemus”. Al respecto, me resulta importante precisar lo siguiente:

Tanto como ciudadana, y desde los cargos que he desempeñado en el sector público, siempre he estado a favor de la libertad de expresión y he sido partidaria de un ejercicio de comunicación crítico, responsable, veraz y asertivo; pero jamás, se puede tolerar que bajo el manto y ejercicio de una profesión tan noble como lo es el periodismo, se calumnie y mal informe a la sociedad.

Las afirmaciones vertidas en la nota antes señalada están plagadas de imprecisiones y calumnias, con una clara intención de desacreditar, confundir y violentar la figura de la titular de la Contraloría Ciudadana.

Basta con aclarar algunos puntos, para demostrar que todo su contenido es malicioso, tendencioso y falso. La Contraloría Ciudadana solicitó a la Dirección de Adquisiciones de la Administración Pública Municipal, en su carácter de Unidad Centralizada de Compras, la contratación del servicio de asesoría, consultoría y de gestión en materia jurídico administrativa, con apego a la normatividad aplicable y vigente, para atender procesos relacionados con rezagos de otras administraciones y NO para procesos derivados de esta Administración.

Como resultado, puedo afirmar que la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara NO ha contratado ningún despacho bajo el modelo de adjudicación directa, pues el único contrato con el que se cuenta fue adjudicado bajo un procedimiento de licitación pública local, en donde, por cierto, participaron dos despachos, siendo adjudicado, el que presentó las mejores condiciones legales y técnicas, además de que presentó la oferta económica más baja. Lo anteriormente vertido, se puede corroborar a través de la siguiente liga:

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/uploads/8de014be24/FALLO%20LPL%20170-2023.pdf

Además, el contrato con el que se cuenta NO es un contrato millonario, ya que el precio o monto total pactado como único pago por la prestación del servicio de 8 meses es la cantidad de $165,482.54 impuestos incluidos y cuyo costo, NO corresponde únicamente a la elaboración de un informe de irregularidades, tal y como lo afirma el medio, sino que implica la elaboración de lineamientos de auditoría; informes de irregularidades detectadas derivadas de las auditorías; seguimiento a juicios de nulidad y expedientes por faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, aclaro que la Contraloría Ciudadana NO tiene otros contratos con despachos de auditoría, contrario a lo señalado en la nota, aseverando que en la Contraloría Ciudadana se “despilfarra” el presupuesto en la contratación de despachos de auditoría, revisión de expedientes y asesorías legales.

Por último, para corroborar que la redacción de esta nota es falsa y poco profesional, la persona titular del despacho que presta el servicio a esta Contraloría Ciudadana, que por cierto, al igual que su servidora, es mujer, sí cuenta, tanto con Cedula Profesional Federal, como Estatal; información que se puede verificar ingresando a los sitios de consulta del Registro Nacional de Profesionistas y al Padrón de Profesionistas registrados en el Estado de Jalisco; lo que deja entre ver un dejo de misoginia y violencia hacia el género femenino, lo que ha propiciado que otros comunicadores, a través de sus redes sociales, objetivicen mi trabajo, ejerciendo violencia en razón de género.

En honor a la verdad y apelando a mi derecho de réplica, le solicito tenga a bien publicar, garantizando las condiciones de equidad y en la misma proporción de espacio en su portal web Sinembargo.com, esta carta aclaratoria de réplica.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco,

Contralora Ciudadana del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

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CONTRARÉPLICA DE PATRICIA SÁNCHEZ

Ricardo Ravelo

https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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