Qué gran institución es el INEGI. Todas las semanas —sin excepción— el Instituto difunde alguna encuesta, indicador, índice o estadística que ayuda a comprender la complejidad nacional. Cada publicación es una evocación de lo enorme de México, de la inmensidad de sus retos.

La semana pasada tocó el turno al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), un ejercicio anual que permite mirar (y comparar) el estado que guardan las instituciones encargadas de la seguridad pública en cada estado de la Federación. Es un clavado a las condiciones de las policías estatales del país. Tres datos llamaron poderosamente mi atención.

El primero, que en la última década apenas ha crecido el número de personal adscrito a las policías estatales. Si en 2013 trabajan 214 mil personas en éstas, al cierre de 2021 la cifra apenas era superior a los 221 mil, tan sólo el 3% más. Considerado el crecimiento demográfico, podemos decir que los estados pretenden combatir la delincuencia con el mismo número de policías que hace una década. Un despropósito.

El segundo dato es un hallazgo que permite constatar que hay policías estatales francamente inexistentes. En Baja California la policía estatal tiene 950 funcionarios, incluyendo personal operativo y administrativo. Colima, estado que tiene el peor índice de homicidios por habitante en el país (113 por cada 100 mil habitantes), tiene menos de 700 policías estatales. Sinaloa, con su enorme problema de narcotráfico, no tiene un cuerpo estatal que supere las dos mil personas.

En contraste con las casi nulas capacidades de algunas fuerzas policiales, resalta la Ciudad de México con casi noventa mil personas en su Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso la convierte en el cuerpo policial más grande de América Latina. Ni duda: no todo mexicano tiene la misma protección. Las estadísticas del INEGI también sirven para echarnos en cara las desigualdades estructurales. Las reflejadas por el último y el tercer punto son tremendas.

El CNSPE nos recuerda que, en promedio, en México hay menos de un policía preventivo (0.9) por cada mil habitantes. En algunos estados, el promedio no llega ni a 0.3 (Sonora, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Baja California y Coahuila). En contraste, la Ciudad de México tiene una tasa de 3.7. ¿Es mucho? ¿Es poco? Veamos: en 2017 el Consejo Nacional de Seguridad Pública fijó que el estado de fuerza mínimo aceptable debía ser de 1.8 policías estatales por cada mil habitantes. Hoy tenemos la mitad de esa métrica.

No se trata solo de un tema de cantidad, sino de calidad. En los últimos dos años ha caído en 34% el número de policías estatales que cuentan con Certificado Único Policial (CUP), el documento que acredita que los policías cuentan con conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes para su puesto. En algunos estados como Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas o Hidalgo, más del 40% de su fuerza no tiene CUP. Es decir, no están preparados para realizar su trabajo.

La responsabilidad es compartida, pero fácilmente identificable. Por un lado, está la de los estados que no invierten en sus policías y apuestan a que la Federación les resuelva sus problemas de seguridad. Viven en una lógica de incentivos perversos. Por otro lado, no deja de ser menos cierto que parte del rezago estatal es responsabilidad del gobierno federal que en el último lustro ha eliminado subsidios y programas que tenían el objetivo de apuntalar a las policías estatales. El correlato de la decisión de Palacio Nacional de apostar todas las canicas a la Guardia Nacional es el desmantelamiento de las policías estatales.

Duele decirlo, pero, en su conjunto, el Estado mexicano no tiene mejores capacidades y recursos en seguridad de las que tenía hace cinco años. La Guardia Nacional todavía no alcanza el nivel operativo que en su momento tuvo la Policía Federal y son pocas las policías estatales (por no hablar de las municipales) que muestran mejorías evidentes. Si a todo esto sumamos una Fiscalía General de la República (FGR) con un déficit de miles de agentes ministeriales (será tema de otra columna), lo que tenemos frente a nosotros es un panorama desgarrador.

No, no tenemos suficientes policías. Y ahí estará siempre el INEGI para recordárnoslo.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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