El nuevo nombramiento se da en medio de una polémica en donde la Fiscalía General de la República (FGR) retiró órdenes de captura contra 21 personas, 16 de ellas militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la Unidad a cargo entonces de Gómez Trejo.
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Rosendo Gómez Piedra, quien fue funcionario durante el mandato de Adán Augusto López como Gobernador de Tabasco, será el nuevo encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de que Omar Gómez Trejo, quien estaba al frente de la investigación desde 2019, renunciara la semana pasada, confirmaron dos fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob) a SinEmbargo esta tarde.
Uno de los primeros medios en reportar el nombramiento fue el diario El País, donde un texto escrito por el periodista Pablo Ferri refiere que este miércoles el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a Gómez Piedra para que esté al frente de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
El titular, quien ahora tendrá calidad de agente del Ministerio Público federal, es un abogado tabasqueño que ocupó el cargo de presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, durante el mandato de Adán Augusto López como Gobernador de la entidad.
Además, se desempeñó como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), donde Javier May Rodríguez es el titular.
El nombramiento de Rosendo Gómez Piedra se da en medio de una polémica en donde la Fiscalía General de la República (FGR) retiró órdenes de captura contra 21 personas de las 83, 16 de ellas militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la Unidad que estaba a cargo de Gómez Trejo.
Pero, además, su unidad estaba siendo relegada en parte de sus competencias y tenía falta de personal desde agosto, lo que ha inquietado a este organismo y a los abogados de las víctimas que temen que los avances logrados para conocer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia puedan verse gravemente afectados.
Además, la Fiscalía detuvo a tres miembros del Ejército, entre ellos uno de los mandos Iguala en aquel momento y actual General retirado, y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Todos están actualmente bajo proceso penal y en prisión preventiva, aunque sus respectivas defensas alegan que no hay pruebas sólidas contra ellos y han apelado.
En el caso de Murillo Karam, llamó la atención que en su primera audiencia, clave para que su procesamiento por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia fuera sólido, no estuviera presente la Unidad de Gómez Trejo y hasta el Juez amonestara a los ministerios públicos por no estar preparados.
Los padres de los estudiantes, en su manifiesto por el octavo aniversario de las desapariciones, denunciaron que pese a los avances, hay retrocesos por “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”.
Varias de las familias pidieron, además, la dimisión del Fiscal Alejandro Gertz Manero, cuyo compromiso con los derechos humanos ha sido cuestionado por diversas organizaciones nacionales e internacionales.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su total respaldo al Fiscal General, aunque en el informe de la Comisión de la Verdad, que es también un organismo oficial, se denunciaron problemas de coordinación dentro de ese departamento.
El mandatario insistió el pasado 27 de septiembre en que quienes critican la actuación de las autoridades mexicanas quieren debilitar las instituciones. La víspera se pronunció de forma similar contra quienes atacan al Ejército, ya que, en su opinión, sólo unos pocos tuvieron responsabilidad en la desaparición de los estudiantes y serán procesados por ello.
Actualmente, hay cuatro militares encarcelados por el caso, entre ellos quien, según el presidente de la Comisión de la Verdad, el Subsecretario Alejandro Encinas, habría presuntamente ordenado matar a algunos de los muchachos. El informe de esta entidad, parcialmente tachado, apuntaba a que soldados manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en instalaciones militares de Iguala, en el estado de Guerrero.
Los abogados de los militares anunciaron el martes que estudian acciones legales contra Encinas.
-Con información de AP.
