De acuerdo con información publicada por Reforma, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) reportó que la dependencia solicitó la asistencia jurídica de las autoridades estadounidenses para decomisar los bienes raíces que presuntamente compró el ex mandatario veracruzano, sin embargo, la respuesta fue negativa.
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos negó asegurar las decenas de propiedades que presuntamente adquirió Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, en Florida con recursos desviados, tal como lo pidió la Procuraduría General de la República (PGR), informó el periódico Reforma.
De acuerdo con información publicada por el medio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) reportó que la dependencia solicitó la asistencia jurídica de las autoridades estadounidenses para decomisar los bienes raíces que presuntamente compró el ex mandatario veracruzano, sin embargo, la respuesta fue negativa.
“Fuimos con el juez de control. Nos autoriza el aseguramiento de esos bienes, nosotros solicitamos a la autoridad estadounidense el aseguramiento de los mismos y no los aseguraron. Nosotros hicimos toda la gestión necesaria y suficiente para lograr el aseguramiento, incluso con criterio del juzgador”, detalló Carlos Hernández Azuara, Fiscal adscrito a la SEIDF.
Asimismo, Reforma señaló que el funcionario afirmó que dichas propiedades son parte de las 41 que reclamó el actual Gobierno de veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, a través de una demanda que presentó ante una Corte de Circuito del Condado de Miami-Dade, Florida.
Entre los bienes que se pidieron, 23 se encuentran en Miami, cuatro en Homestead, cuatro en Florida City, tres en Doral, dos en North Miami, y los demás se ubican en Aventura, Hialeah, Cutler Bay, Miami Shores y Coral Gables, sitio que alberga una residencia valuada en nueve millones de dólares.
Ante la negativa del Gobierno de Estados Unidos para asegurar las propiedades de Duarte de Ochoa, ahora corresponderá al Poder Judicial de la Federación dar una resolución.
“En este caso quien se encargará de resolver es el Poder Judicial, si en un momento dado hay algún interés por parte del señor Gobernador (Miguel Ángel Yunes)”, aseveró Felipe Muñoz, titular de la SEIDF, según Reforma.
