El Presidente López Obrador propuso la reforma al Poder Judicial para mejorar el sistema de justicia, pero, de acuerdo con políticos y personas defensoras de derechos humanos, esto no se logrará sin mejoras integrales a las fiscalías locales y a la Fiscalía General, marcada por la opacidad y falta de resultados desde que se constituyó, en diciembre de 2018.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– La Reforma al Poder Judicial no bastará para mejorar el sistema de justicia a nivel nacional y combatir la impunidad, en eso coinciden tanto políticos que la respaldan como de oposición, personas defensoras de derechos humanos, así como especialistas, quienes han mencionado la necesidad de evaluar y mejorar cómo operan las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).
En el contexto de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, la atención se ha centrado en la efectividad de juzgadores y magistrados, pero también hay fallas por atender desde la etapa inicial del procedimiento penal, es decir, cuando las fiscalías reciben las denuncias y abren carpetas de investigación.
“Ya tenemos tiempo monitoreando la labor de la fiscalías, sabemos que la impunidad en el país responde muchas veces a las investigaciones con los pocos elementos con los que la fiscalías llevan un caso ante un juez, y después el juez no tiene elementos de prueba suficientes para sustentar una acusación y absuelve a personas. En la narrativa común la ciudadanía identifica este tipo de impunidad como responsabilidad de los jueces, cuando en realidad las deficiencias están en la primera instancia que conoce cuándo se cometió un delito y a la que corresponde la investigación”, expuso en entrevista Marisol Mendez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), da cuenta de la cantidad de casos que las fiscalías acumulan. Sólo en 2022, reportaron en total 2 millones 915 mil 899 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir, 1.7 por ciento eran de la FGR y 98.3 por ciento de las fiscalías estatales. Mientras que el número de investigaciones sin concluir reportadas a nivel nacional en 2021 fue de 2 millones 629 mil 790, es decir, aumentaron 10.9 por ciento en un año.
La FGR, por ejemplo, no ha logrado que las carpetas de investigación sobre casos emblemáticos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados o la trama de corrupción Odebrecht terminen en sentencias de funcionarios públicos; en ambos casos, desde que el exdirigente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue detenido, organizaciones y abogados cuestionaron que la Fiscalía accediera a buscar un acuerdo reparatorio.
Tampoco ha avanzado en los casos donde se investigan violaciones a derechos humanos, como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa (2014), las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010) y la de Cadereyta, Nuevo León (2012), y el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez (2023).
La FGR atribuye el retraso en su trabajo a que los juzgados no programan pronto las audiencias, y no a la falta de sustento en las investigaciones, como expuso Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, durante los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial del 8 de agosto.
“Todos tenemos muy claro que la responsabilidad plena del proceso penal está en manos de las autoridades judiciales. El Ministerio Público sólo es parte y evidentemente cuando hay un rezago, cuando hay demora en la impartición de justicia pues en realidad hay que reclamarle al Poder Judicial”, mencionó en el único discurso desde la Fiscalía durante los meses que se debatió la reforma.
Pero de acuerdo con Castillo Banuet, el trabajo de la FGR puede medirse en el número de investigaciones iniciadas en las fiscalías federales del país.
Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General que ha evitado dar declaraciones en los últimos años, no participó en los diálogos, en su lugar envió a Oscar Bernache Domínguez, titular de la Unidad de Vinculación, y a Castillo Banuet al primero y último de los encuentros organizados por la Cámara de Diputados.
En el diálogo inaugural del 27 de junio, Bernache Domínguez sólo envió “un saludo especial del señor Fiscal General de la República”, agradeció la invitación y pidió concretar la reforma al Poder Judicial. No dijo más.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa la madrugada del 4 de septiembre, la discusión se encuentra ahora en el Senado.
“Para la FGR qué mejor que nos esté hablando de ella en este momento, deben ser los más felices en que no se les esté colocando como parte del diagnóstico de los problemas que existen en el sistema de justicia”, planteó Marisol Mendez. La fundación en la que trabaja asesora desde hace años a familiares de personas migrantes que han denunciado violaciones a derechos humanos.
En 2021, después de un litigio de 8 años, la Fundación para la Justicia accedió al expediente al que tenían derecho las víctimas que defiende por el caso de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, y el hallazgo de 196 cadáveres en abril de 2011. Al revisarlo, encontraron que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició en 2016 investigaciones contra Lorena Delgadillo, directora de la fundación; la periodista Marcela Turati y Mercedes Doretti como directora del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Así, autoridades obtuvieron datos personales de las defensoras y la periodista a través de actos de investigación injustificados. Aunque la PGR cambió a FGR en 2019, la información de ellas continúa en la carpeta de investigación a la que también los abogados de las personas señaladas como probables responsables por su relación con el narcotráfico, también tienen acceso.
“[Los colectivos y las organizaciones] quisiéramos una reforma integral que realmente atienda los obstáculos que hoy existen en materia de justicia, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad: garantizar la accesibilidad al sistema de justicia a las personas migrantes, a las mujeres, a las personas indígenas, la propuesta que se está discutiendo en el Congreso no lo va a solucionar”, agregó la abogada Marisol Mendez.
Desde Morena, que junto a los partidos aliados tiene mayoría en el Congreso, funcionarias como Ernestina Godoy Ramos, Senadora electa y próxima Consejera Jurídica de la Presidencia, reconoció a finales de junio que después de la reforma al Poder Judicial será necesario revisar el trabajo de las fiscalías y de las policías para que “realmente haya un acceso a la justicia”.
Cuestionado sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la reforma judicial, reconoció el 2 de julio que también son necesarios cambios en las fiscalías, lo que tendría que abordarse más adelante.
“Sí, yo pienso que, si avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías, son procesos”, mencionó desde Palacio Nacional.
Por su parte, Jorge Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, enfatizó que tanto el Poder Judicial como el sistema de justicia penal son distintos, al igual que los ajustes necesarios para cada uno.
“Los los tribunales reciben lo que las fiscalías les entregan, entonces la impunidad y el grado de cifra negra –que se refiere a los casos no denunciados–no es responsabilidad del Poder Judicial, es de otras instituciones de seguridad, por ejemplo, por el trabajo de policías”, mencionó.
