Bucio destacó también el caso de un secretario encargado del despacho de un Juzgado en Veracruz que quiso quitar la prisión preventiva oficiosa a Jorge Winckler, exfiscal de la entidad, acusado de desaparición forzada y secuestro.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana ocho casos de jueces cuyas resoluciones han favorecido a presuntos delincuentes, incluido el que amparó a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas investigado por corrupción, para recuperar a sus escoltas.
Durante la presentación del informe “Cero Impunidad”, expuso el caso del Juez José Jesús Rodríguez, de Guanajuato, quien exoneró a una empresa recicladora de su obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos, en perjuicio de la Hacienda Pública, pues dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal.
En un recuento, de las 118 resoluciones contrarias a la justicia del Juez José Jesús Rodríguez, en 59 ha dictado no vincular a proceso, en 52 consideró ilegal la detención, y en siete ocasiones dio sentencias absolutorias.
El segundo caso del informe es el de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, de Aguascalientes, que según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha beneficiado a imputados de delitos previstos en la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados.
Bucio detalló que en un caso, a dos personas que había aceptado sus penas de siete y ocho años, respectivamente, la Jueza les impuso cinco y cuatro años, sentencias que fueron impugnadas y revocadas por el Tribunal de Alzada.
La tercera Jueza exhibida fue Soyla Rosa Cárdenas Bahena, de Hidalgo, quien, de acuerdo con Rodríguez Bucio, “descalifica la labor de los policías y argumenta que éstos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas”.
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Un Juez de Control de #Guanajuato exoneró a una empresa recicladora de la obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos, en perjuicio de la Hacienda Pública.@Luis_R_Bucio#CeroImpunidad pic.twitter.com/QkN7rDodE8— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 5, 2023
“En un caso, calificó de ilegal la detención de una persona que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISSSTE”, dijo.
El cuarto caso corresponde a un Juez de control de Puebla, Milton Moctezuma Vega, quien emitió sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio cometido en agravio de expolicías federales, ya que no se acreditó que los tres acusados hayan disparado con la intención de matarlos, pues los proyectiles impactaron en la patrulla.
Asimismo, el quinto fue Gustavo Stivalet Sedas, de Veracruz, que según el conteo del Gobierno federal emitió 27 resoluciones contrarias a la justicia. En 20 de ellas, ha determinado no vincular a proceso, y en dos más otorgó sentencias absolutorias.
Buen día, me encuentro informando los avances de la estrategia de #CeroImpunidad del periodo que comprende del 24 de agosto al 04 de septiembre 2023. https://t.co/karVpMpk2M
— Luis Rodríguez Bucio (@Luis_R_Bucio) September 5, 2023
“Este Juez ha dictado diversas resoluciones adversas en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes sin tener criterio homologado”, precisó. “En algunos casos ha considerado que no se acredita la conducta lucrativa, por no asegurarse numerario y en los casos en que sí existe seguramente de dinero, señala que no es suficiente”.
El sexto caso presentado en la sección Cero Impunidad es el Magistrado Carlos Alejando Lima Carvajal por revocar la orden de traslado del Centro Penitenciario de Benito Juárez, Quintana Roo, al Centro Federal de Reclusión Social (Cefereso) 15, en Chiapas, de Jean Touma “N” por considerarlo ilegal y ordenó regresarlo.
Jean Touma “N” fue sentenciado a 94 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores, también conocido como “El pederasta de Cancún”, pues encabezó una red de trata y pornografía infantil en las décadas de 1990 y 2000.
Luego, acusó al Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, pues le concedió el pasado 23 de mayo el amparo a García Cabeza de Vaca para recuperar sus escoltas, argumentando que “no basta con utilizar la frase ‘por necesidades del servicio’, sino justificarlo y sobre todo, tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario”.
Además, Faustino Gutiérrez Pérez en octubre pasado ya le había otorgado una suspensión provisional a Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.
“Pareciera que el Juez Gutiérrez Pérez actúa como Juez de consigna en los asuntos del exgobernador de Tamaulipas”, sentenció Rodríguez Bucio.
Finamente, el Subsecretario expuso el caso del secretario encargado del despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, debido a que le otorgó a Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz acusado de desaparición forzada y secuestro, una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa.
Rossell Martínez intentó liberar al Winckler “a pesar de que los delitos por los que se le investiga son graves. Sin embargo, el Juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada”.
