Si en el buscador Google se colocan juntas las palabras “impunidad” y “México”, entre las primeras referencias aparecen las notas periodísticas referidas al incendio de la guardería ABC, hace cinco años, ocurrido en Hermosillo Sonora, donde murieron 49 menores de edad.

La indignación que provoca el caso tiene fundamento. Que las víctimas hayan sido niños de entre cinco meses y cinco años es insoportable. Se suma además que la autoridad no haya podido señalar responsables concretos por la tragedia, a sesenta meses de distancia. Bien y en casa están las autoridades municipales de protección civil que no hicieron su trabajo,  los funcionarios del IMSS que fueron probadamente negligentes y los particulares que tenían a su cargo a las criaturas.

Los padres de los menores han señalado a cada sujeto por nombre y apellido. Sin embargo, los gobernantes del Estado, cuando sucedieron los hechos –  en concreto el mandatario Eduardo Bours – habían ido librando la luz del escrutinio público. Esto a pesar de que desde un principio corrió el rumor de que el incendio podía haber sido provocado con la intención de incinerar documentación pública que se encontraba archivada en el local contiguo a la guardería.

Esta semana Reporte Índigo hizo públicos tres testimonios que podrían corroborar esa hipótesis tan indignante. Gracias a ese medio de comunicación ahora se sabe que, desde hace nueve meses, la PGR cuenta con las declaraciones de Santiago Alonso Lugo, Aarón Alberto Fierro y Elmy Yuvicela, personas que hoy coinciden en ratificar la hipótesis del fuego provocado.

Si se atienden las afirmaciones de estos tres individuos la responsabilidad intelectual de la muerte de los 49 niños recaería en las manos de  Carlos Lam Félix, secretario técnico de Eduardo Bours y eventualmente también de su jefe el gobernador. En la reconstrucción que puede hacerse de los hechos a partir de esta evidencia, el señor Lam habría ordenado a su guardia personal de seguridad, Carlos Andrés López Meza, que quemara unos papeles comprometedores, acto que por desgracia salió de control cuando se propagaron las llamas contra las instalaciones de la guardería ABC.

Si se observan los videos donde se registraron las declaraciones de los tres testigos resulta difícil suponer que fueron fabricados. A partir de ellos deberían abrirse una serie de líneas de investigación sobre el papel jugado por Lam y López Meza; más aún cuando el supuesto autor material habría sido asesinado dos meses después de la tragedia del ABC.

Y sin embargo, según información del periódico La Jornada, el ministerio público federal no tomó en cuenta este material incriminatorio porque lo valoró como testimonio de oídas (no son fuente directa de los hechos).

La respuesta de la PGR frente a esta evidencia es sospechosa. Siendo el asunto de la guardería ABC tan importante y habiendo un sentimiento muy fuerte de agravio por la impunidad que lo ha rodeado, lo menos que se esperaría de la autoridad encargada de investigar es que explorara sin fatiga todas y cada una de las pistas colocadas sobre su escritorio.

Pero, en contraste con lo que es justo y es obvio, la PGR dio la media vuelta.

Las razones para desechar los testimonios referidos no parecen ser jurídicas sino políticas. En este caso el monopolio de la acción penal se lo han entregado a quienes sostienen interés porque el crimen de la guardería ABC siga siendo el emblema más ominoso de la impunidad mexicana.

Recientemente el PRI tuvo que tragar una piedra grande cuando el hijo de Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán, confirmó lo que sus adversarios ya sabían: que la familia del mandatario recién renunciado tenía vínculos con el crimen organizado. Con este episodio a cuestas ahora se suma otro mucho más grave: un gobernador del mismo partido que, de comprobarse la veracidad de los testimonios, podría estar detrás de un abominable infanticidio.

Me temo que, más allá de toda politiquería, a nadie le conviene la desidia o el entorpecimiento frente a una investigación que es obligada. Por razones de una justicia que necesita ir más allá de los meros formulismos legales, debe averiguarse porqué fue asesinado López Maza y también si Carlos Lam le ordenó a este sujeto provocar el aborrecible incendio.

Ricardo Raphael

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Es periodista. Conductor de televisión.

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