Diecisiete días antes de que se cumpliera el plazo que suprime el contrato inicial IEnova se protegió y evitó, con el convenio de suspensión de plazos que ocurriera y “para que dentro de un período de cuatro meses, las partes lleven a cabo todas las acciones necesarias y a su alcance para reiniciar la operación del gasoducto”.
El proyecto Gasoducto Sonora, ubicado en el segmento Guaymas-El Oro, fue asignado a la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de IEnova, mediante licitación pública internacional abierta, que consiste en el diseño y operación de un sistema de transporte de gas natural con longitud de 327 mil 722 kilómetros.
Ciudad de México (SinEmbargo).- La empresa Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V., (IEnova) firmó un convenio de suspensión de plazos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el gasoducto Guaymas–El Oro.
Después de 7 años de celebrado el contrato inicial (1 de noviembre de 2012) y de sus suspensión 5 años después (22 de agosto de 2017) “por actos de terceros”, este lunes la empresa informó a la Bolsa Mexicana de Valores en una nota un nuevo convenio con la paraestatal.
“IEnova informa que, en el marco de las Rondas de Negociación convocadas por el Gobierno Federal relacionadas con los Contratos de Servicios de Transporte de Gas Natural por ducto celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y algunas empresas privadas, firmó un Convenio de Suspensión de plazos (“Convenio de Suspensión”)”, citó el documento.
Diecisiete días antes de que se cumpliera el plazo que suprime el contrato inicial, que establece que si cualquier evento impide al transportista dar flujo al gas natural por dos años seguidos, CFE entendería el convenio como terminado, por ello IEnova se protegió y evitó, con el convenio de suspensión de plazos, “para que dentro de un período de cuatro meses, las partes lleven a cabo todas las acciones necesarias y a su alcance para reiniciar la operación del gasoducto”.
“La firma del Convenio de Suspensión no implica renuncia alguna a los derechos que tienen las partes conforme al Contrato”, destacó la nota de IEnova.
Además la empresa recalcó que esta es una muestra del compromiso de mantener el diálogo con el Gobierno Federal y la CFE y lograr un acuerdo para continuar con la prestación del servicio de transporte de gas natural en el gasoducto Guaymas – El Oro.
El proyecto Gasoducto Sonora, ubicado en el segmento Guaymas-El Oro, fue asignado a la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de IEnova, mediante licitación pública internacional abierta, que consiste en el diseño y operación de un sistema de transporte de gas natural con longitud de 327 mil 722 kilómetros.
ACUSACIONES DE TODOS LADOS
El 2 de julio de este año, IEnova negó haber iniciado un proceso de arbitraje en contra de la CFE antes de que ésta iniciara el juicio, como lo informó Manuel Barlett Díaz, titular de la Empresa Productiva del Estado.
A través de un comunicado de prensa la empresa dijo que es incorrecta la afirmación realizada por Bartlett Díaz, quien afirmó que la decisión de acudir a arbitrajes internacionales fue después de que las compañías constructoras de los gasoductos hicieron lo mismo, por lo que la crítica que se ha hecho a la compañía es injusta.
“La empresa no inició proceso de arbitraje alguno en contra de la CFE posterior al encuentro con el director general de CFE del 13 de febrero pasado. Existe un arbitraje iniciado el 15 de febrero de 2018, durante la administración anterior, para aclarar la interpretación de una cláusula del contrato del gasoducto Guaymas-El Oro”, aseguró la firma.
La empresa reafirmó su disposición al diálogo con las autoridades, reiterando que siempre ha actuado en el marco de la ley.
PROTESTAS LOCALES
IEnova se ha echo cargo del gasoducto al noreste de México en un territorio comunal desértico que hasta 2014 y antes de la Conquista, sólo era sagrado para la comunidad indígena yaqui, compuesta por ocho pueblos ubicados al sur de la entidad de Sonora: Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum, Belén y Bácum.
Ahora, sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los habitantes de Loma de Bácum –por donde pasarían 16 de los 90 kilómetros dentro del territorio yaqui– se han opuesto por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes, así como por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sus usos y costumbres, entre ellos resguardar su territorio aun con la vida y solicitar autorización entre ellos para llegar a un consenso en cualquier decisión, choca con la visión empresarial y eso, al intentar comprar su aprobación, ha destruido su tejido social.
