La consejera Palmira Tapia Palacios adjudica el atraso en la entrega de recursos para el Comité Anticorrupción del Edomex a que el Gobierno local no le da la prioridad que requiere el tema.
“Me parece más bien que, en el tema de prioridades, nos han puesto en un último lugar, cosa que no debería de ser porque el tema de corrupción es uno de los principales que debería de estar en la agenda”, consideró.
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– La implementación efectiva del sistema anticorrupción está en el último lugar de las prioridades en la agenda de Gobierno en el Estado de México, pues a nueve meses de ser instalado el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción siguen sin recibir una partida presupuestal para su operatividad.
La consejera Palmira Tapia Palacios confirmó que hasta el momento no hay un recursos asignados para este nuevo organismo, “si bien era una obligación del Ejecutivo y de la Secretaría de Finanzas del estado disponer un recurso para el funcionamiento de la Secretaría Técnica y del Comité de participación ciudadana, bueno… no sucedió así “, recrimina.
El 20 de octubre de 2017 fueron nombrados los cinco ciudadanos que conforman el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en el Estado de México. Los consejeros han sostenido reuniones periódicas –cada semana en promedio– para tratar de poner los cimientos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), explica la comisionada.
El Comité de Participación Ciudadana es uno de los cuatro mecanismos interinstitucionales que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, los demás son: el Comité Coordinador, los sistemas municipales anticorrupción y el Comité Rector del sistema estatal de fiscalización.
En febrero pasado, la organización Transparencia Mexicana realizó una serie de recomendaciones para México, entre ellas urgió a asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional.
SIN DINERO PARA OPERAR
Palmira Tapia comenta, en entrevista con SinEmbargo, que la Secretaría Técnica elaboró en estos últimos meses un proyecto de presupuesto de egresos, pero a la fecha no hay una asignación de dinero. En ella se estima una partida presupuestaria de más de 60 millones de pesos que destinarían a la contratación de personal y para el diseño y desarrollo de una plataforma digital para la recepción de denuncias.
La también maestra en Políticas Públicas, Universidad de Oxford y licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE, explica que el Comité Anticorrupción de Edomex ha trabajado -desde que fueron seleccionados- en el diseño de la normatividad necesaria y un plan de desarrollo para el buen funcionamiento del SEA.
“Ha sido más trabajo de escritorio, lo que podemos hacer cinco personas que nos reunimos semanalmente sin tener recursos ni apoyos de ninguna índole”, comenta.
Tapia Palacios agrega que también es cierto que hay órganos del estado que participan en estos trabajos para la cimentación del SEA y que ellos sí tienen recurso, “son distintas dependencias de gobierno del estado, algunos autónomos, que también tienen una tarea fundamental en este tema, y que ellos sí tienen recurso”, agrega.
Para la consejera la falta de asignación de presupuesto se percibe como una forma que se utiliza para retardar la implementación de una Ley nueva.
“En términos prácticos, en términos de corporativos, no tenemos los insumos necesarios para cumplir varios aspectos que señala la Ley”, expone.
José Martínez Vilchis, presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción, dijo en días pasados que se requiere hacer la contratación de al menos 100 funcionarios como administraciones, expertos en fiscalización, administradores, politólogos e informáticos, pero está detenida por la falta de recursos.
La plantilla de trabajadores es para la elaboración de la estrategia, metodología y medición de actos de corrupción, así como para el desarrollo de la plataforma digital.
El titular comentó, de acuerdo a la prensa local, que las oficinas en las que trabajan actualmente son provisionales y pequeñas. Se quiere de una sede para la operación del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Comité de Participación fue elegido por un periodo de un año, el cual está por vencerse.
Palmira Tapia Palacios detalla que la retención del presupuesto también merma las expectativas fincadas sobre el Comité y su desempeño para los siguientes meses.
Aclara que el presupuesto que hay una secretaría técnica que por Ley tendrá la facultad de administrar el presupuesto para los procesos y el desarrollo de la plataforma digital que se coordinará con múltiples bases de datos con información relevante para el sistema anticorrupción.
Además, adjudica el atraso a que el Gobierno local no ha puesto el tema con la urgencia que se requiere.
“Me parece más bien que en sus prioridades nos han puesto en un último lugar, cosa que no debería de ser porque el tema de corrupción es uno de los principales que debería de estar en la agenda”, considera.
La comisionada tampoco considera que sea un caso único o exclusivo para el Estado de México.
“Hemos tenido la oportunidad de estar con otros comisionados de otros estados donde se da la misma situación de que no se ha dado el recurso necesario, hay tardanza, o el momento que finalmente se da, no es el mínimo suficiente para que pueda operar el sistema”, agrega.
La consejera aclara que el Comité tampoco están en ceros.
“El proceso administrativo, varios dictámenes y solicitudes que tienen que hacer por parte de la secretaría técnica, eso se ha estado haciendo. No es que no haya nada, o no haya respuesta, de hecho cuando hemos tenido oportunidad conversar con diferentes instancias de gobierno estatal hay una respuesta positiva; pero lo cierto es que se ha dilatado más de lo que esperábamos, incluso de lo que se pensó en un momento”, reitera.
Tapia Palacios espera que en este mes se pueda obtener el recurso en vista de que ya pasó la jornada electoral.
“Me parece que estamos en un buen momento para acercarnos con los actores políticos. Está en el interés de todos de que este sistema funcione bien, porque está es la preocupación principal de todos los mexicanos, a mi lo que me parece que las elecciones ya pasaron y lo que hay que poner en marcha son las leyes”.
A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, la percepción de que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC).
Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.
Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, comprueban que la corrupción es un problema institucional en el país.
