La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya presentó recientemente un reporte sobre las sesiones de consulta en las comunidades de Hopelchén y Tenabo, en Campeche, sobre la siembra comercial de soya transgénica, y afirmó que estas citas se dieron en un contexto de violaciones a derechos humanos y a los estándares internacionales del derecho a la consulta.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– Comunidades mayas de Campeche acusan que las propias instancias gubernamentales generan divisiones e incluso funcionarios públicos incurren en amenazas e intimidaciones contra los representantes de los pueblos originarios y sus asesores, en un clima de impunidad frente a la siembra ilegal de soya transgénica.

En entrevista para SinEmbargo, la abogada Naayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de las comunidades indígenas de Hopelchén, afirmó que la consulta se encuentra plagada de fallas.

“Las autoridades han sido muy irrespetuosas. Hay discriminación, falta de voluntad, falta de buena fe para llegar a acuerdos con los pueblos mayas”, recriminó.

También dijo que las comunidades rechazan la siembra de dicho organismo genéticamente modificado en sus territorios pero, pese a que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una suspensión del permiso para el cultivo en 34 pueblos campechanos hasta que concluya la consulta pública, se ha continuado la siembra ilegal.

“Las comunidades están en contra de la siembra de transgénicos en su territorio y en contra de la destrucción a causa de este modelo agroindustrial. Lo más notorio es el uso de químicos que ya los empieza a afectar, la tala excesiva que se está dando y la destrucción de cuerpos de agua, eso ha abonado a la sequía que se está viviendo en la Península desde hace un par de años”, dijo la abogada Ramírez Espinosa.

La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya señaló, a través de un comunicado, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), autoridades responsables de la consulta sobre la siembra de soya genéticamente modificada en aquel estado, desconocen los acuerdos previamente pactados con las comunidades durante 2016 y lo que va de este año, con lo que ponen en duda la legitimidad de sus representantes.

La Misión presentó recientemente un reporte sobre las sesiones de consulta llevadas a cabo el 27 y 28 de mayo a las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, en Campeche, sobre la siembra comercial de soya genéticamente modificada y aseguró que las reuniones se dieron en un contexto de violaciones a derechos humanos y a los estándares internacionales del derecho a la consulta, que indican que esta debe ser previa.

La siembra ha continuado, aunque en menor medida que la temporada pasada, comentó la abogada. El año pasado, el mismo Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) lo reconoció.

Aunado a ello, la CDI y la Cibiogem han llegado a desconocer los acuerdos previamente tomados con los representantes de las comunidades consultadas e incluso han cuestionado la elección de los representantes de acuerdo con las propias formas de tomar decisiones de las comunidades, lo que también representa una violación al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación, señaló la Misión.

HOSTIGAMIENTO DESDE EL GOBIERNO

También se ha incumplido el estándar de consulta libre a causa de la presencia de las amenazas y agresiones a los representantes de las comunidades y a sus asesores, por parte de varias de estas autoridades, y debido a los intentos de estas autoridades de dividir a las comunidades consultadas.

En ese sentido, Ramírez Espinosa acusó que gente pagada por el Gobierno ofrece dinero, maquinaria y/o afiliaciones a programas sociales a los comisariados ejidales, de quienes “intentan comprar la voluntad”. Por esta “falta de buena fe” por parte de las autoridades, dijo, las comunidades están “sorprendidas y decepcionadas”.

“Las intimidaciones y las amenazas vienen por parte de gente comprada por las autoridades. Les dicen: ‘si no me ayudas te puede ir peor, pero si me ayudas te doy maquinaria o te consigo programas'”, puntualizó.

Además, la abogada denunció intimidación por parte de Sol Ortiz, secretaria ejecutiva de Cibiogem: “me han amenazado con sacar videos que me comprometen, pero no tengo nada que ocultar”, declaró.

La consulta arrancó el 14 de abril de 2016 y desde entonces no ha avanzado de la primera etapa denominada Acuerdos Previos. Aún faltan las fases de Información, Deliberación, Decisión y Ejecución, por lo que la defensora legal de pueblos mayas señaló que no se sabe cuándo concluirá la consulta.

“Seguimos en la primera parte, después de un año y varios meses. No hemos logrado avanzar porque las autoridades no quieren avanzar”, lamentó.

PIDEN RESPETO PARA LAS COMUNIDADES 

La abogada exigió a las autoridades respeto, buena fe, escuchar la voz de las comunidades y voluntad para llegar a acuerdos con ellas. “Ellos creen que es nada más un procedimiento para darle una palomeada y cumplir con algo y seguir con las políticas. Se les pide que se sienten con buena fe a dialogar y a escuchar a los pueblos”, solicitó.

El reporte de la Misión emitió una serie de recomendaciones dirigidas a todos los actores y concluyó que la consulta se encuentra en el “momento más delicado” desde su inicio y, de continuar con el patrón de violaciones a derechos humanos, la situación de las comunidades podría empeorar aún más, con lo que se generaría inestabilidad y conflicto en Campeche.

Entre las recomendaciones, la Misión enlistó:

1. Que las autoridades responsables de la consulta garanticen el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sancionen la siembra de soya genéticamente modificada en los municipios donde se lleva a cabo la consulta a comunidades indígenas de Campeche.

2. Que las autoridades responsables de la consulta reconozcan los acuerdos que han tomado con los representantes de las comunidades, particularmente que las 34 comunidades de Hopelchén y las 7 de Tenabo, vayann juntas como una sola unidad en el proceso de consulta; que acepten a los representantes de las comunidades que han sido elegidos de acuerdo con sus propias formas de tomar decisiones y que, en respeto al derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, las autoridades no intervengan en las comunidades en lo relativo a sus procesos de tomas de decisiones y elección de representantes.

3. Que las autoridades responsables de la consulta garanticen la seguridad de las sesiones de consulta. Específicamente que no permitan la entrada de las personas identificadas que en diversas sesiones han intimidado, insultado y agredido a participantes de la consulta y que, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores de derechos humanos, las autoridades garanticen la seguridad de los asesores y reporteros que participan en el proceso de consulta.

4. Que como una medida de reconstitución de confianza, imprescindible para la realización de una consulta genuina de buena fe, libre, informada y culturalmente adecuada, las autoridades responsables de la consulta y el Senasica permitan la participación de los representantes de las comunidades en un plan coordinado de inspección y vigilancia de la siembra de soya genéticamente modificada.