En todo gobierno hay contrastes y contradicciones. Es parte del quehacer político y de la complejidad que entraña atender realidades tan diversas y adversas. Sin embargo, no habíamos visto que dichos contrastes o paradojas se vertieran de manera tan evidente como ha sido este sexenio en el choque de valores opuestos: la distancia entre lo que se pregona y se hace es abismal. Un ejemplo claro y preocupante es la relación con la prensa y las organizaciones civiles. Mientras el aparato de justicia del Estado se usa en contra de estos, la impunidad en casos de violencia contra la prensa y violaciones graves a derechos humanos sigue arriba del 90%.

Los últimos cinco años y medios identificamos 158 casos de acoso judicial contra periodistas, un promedio de 2.4 casos por mes. También tenemos registro de 179 agresiones en la conferencia matutina y el despliegue de 248 campañas de desprestigio a nivel nacional con calificativos como “prensa fifí, conservadora, sicaria, chayotera”. Y eso que no contamos las mismas campañas de descrédito activadas contra organizaciones civiles.   Lo cierto es que entre la hostilidad verbal y el uso del aparato de Estado para perseguir voces disidentes, solo hay un pequeño paso.

En sentido contrario, el acceso a la justicia para periodistas y defensorxs que son víctimas de violencia por su labor es prácticamente nula. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (de la FGR) tiene un récord de 10% de efectividad en la investigación de crímenes contra la prensa. En el nivel local, la impunidad de los delitos contra periodistas y defensores es casi absoluta, del 99%.

Acá algunos ejemplos.

Exponíamos en este mismo espacio cómo la periodista Marcela Turati, la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, voces fundamentales en sus ámbitos de acción, fueron investigadas y espiadas en 2016 por la entonces SEIDO de la PGR. Hoy esos documentos con sus datos personales siguen vigentes en la “autónoma” FGR, no los declararon nulos, no los destruyeron y dicen que “fueron separados” como si fueran post-its de la averiguación previa y no actos de investigación ministerial por parte del Estado. En sentido estricto la investigación sigue abierta contra ellas hasta que no se determine lo contrario

Hablemos de otros casos, quizás los más polémicos por las pasiones que despiertan y la saña del gobierno y su aparato de propaganda: María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Loret de Mola, Víctor Trujillo (Brozo) y Latinus.

La periodista Peniley Ramírez adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera los investiga, y ante esto, el miércoles Pablo Gómez señaló que “solo” investigan a Latinus (grave de por sí), pero aprovechó para desplegar ilegalmente la lista de ingresos de quienes colaboran en ese medio. Además de Loret y Víctor Trujillo, se expuso a Denise Dresser, Jesús Silva-Herzog, Lorenzo Córdoba, María Scherer y Fernando del Collado.

Asimismo, antes de la consabida investigación de la UIF, habían anunciado una denuncia penal de PEMEX contra María Amparo Casar por la pensión de viudez que recibía por la muerte de su esposo.

En otro ejemplo de este acoso judicial, hace cuatro meses, el periodista Amador Narcia reveló -a partir de una filtración- la supuesta existencia de expedientes de investigación contra el Centro Prodh, Tlachinollan y líderes sociales de Guerrero; ello derivado del derribo de la puerta en Palacio Nacional dado en marzo por parte de  normalistas de Ayotzinapa por la falta de esclarecimiento del crimen contra los 43.  Qué decir del espionaje del Ejército contra el defensor Raymundo Ramos, dos periodistas (Ricardo Raphael y uno del medio Animal Político) y contra dos integrantes del Centro Prodh.

Este sexenio a nosotros, Artículo 19, la ex directora de Notimex Sanjuana Martínez nos co-demandó por daño moral por revelar la red de bots y trolls que ordenó crear en Twitter para atacar voces críticas. Peor aún, ahora enfrentamos una carpeta de investigación abierta por una denuncia penal de Ulrich Richter, abogado cercano a Julio Scherer Ibarra y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Podemos sumar casos como el de la falsa acusación de delincuencia organizada lavado de dinero en contra de 31 científicos; o la mentirosa exhibición -en La Mañanera, otra vez-  de un supuesto “cártel” académico que se robaba el dinero del CIDE y las instituciones de educación superior, situación que a la postre no pudo ser sostenida por la Conahcyt y fue desmentida.

Los contrastes son evidentes y son por doble vía. Primero porque no se persigue a los perpetradores de la violencia contra la prensa y la defensa de derechos humanos con el mismo ahínco que se estigmatiza y persigue a las voces críticas desde diversos sectores.  La segunda contradicción radica en que este gobierno dice que no hay persecución ni censura. Pero hay cada vez más evidencia de que la crítica es sometida a la persecución formal y también al linchamiento público desde la comunicación oficial.

Mala señal para la incipiente democracia cuando hay esta animosidad e intolerancia desde el poder contra personas periodistas, académicas y defensoras de derechos humanos. Esperemos que ese urgente giro de timón por parte del futuro gobierno sea efectivo y se realice con la mayor prontitud.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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