En los últimos meses y semana hemos sido testigos de violencia extrema e inusitada en diversas regiones del país. Recordemos, por ejemplo, la masacre de niños y mujeres pertenecientes a las familias LeBarón y Longford en el municipio de Bavispe, Sonora. Destaca también el caso de la muerte de 19 personas—16 de ellas migrantes de origen guatemalteco—que fueron asesinadas y calcinadas en Camargo, Tamaulipas en enero de este año. Recientemente, se han registrado otros eventos trágicos que han afectado gravemente a la población civil y han resultado en un número muy importante de víctimas inocentes. El 19 de junio, también en el estado de Tamaulipas, se registraron ataques armados en diversos puntos de la ciudad de Reynosa que resultaron en por lo menos 19 personas muertas; según informes dados a conocer en fechas recientes, 15 de ellos eran civiles y el resto eran presuntos delincuentes. También en días pasados, se han registrado decenas de desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, cuyo origen no es claro y causan terror entre las personas que transitan por esta región fronteriza.

Estos hechos no son aislados, pues acompañan a las balaceras, secuestros, extorsiones, desapariciones y otros eventos trágicos perpetrados por la delincuencia organizada en diversas zonas del país en las últimas semanas, meses y años. Este tipo de crímenes y violencia no han cesado en nuestro país, sino todo lo contrario. La incidencia de estos fenómenos pareciera seguir un rumbo ascendente. La fallida “guerra contra las drogas” declarada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa a finales de 2006, desató una espiral de violencia sin precedentes. Las dinámicas del sexenio calderonista se reprodujeron en años posteriores, en medio de la militarización de la seguridad pública y del actuar de autoridades extremadamente corruptas e ineptas en todos los niveles de gobierno. Esta terrible situación de violencia e inseguridad en el país representa ganancias extraordinarias para actores—en su mayoría transnacionales—que viven de la guerra, del lavado de activos y del extractivismo en tierras inhóspitas. El paramilitarismo criminal en México facilita, en apariencia, una especie de control geopolítico y de control de recursos geoestratégicos por parte de grandes capitales y actores estatales que operan dentro y fuera de nuestras fronteras.

El actual gobierno parece haber fallado en una de sus principales encomiendas, que es la de reestablecer la paz y la estabilidad de nuestro país. El discurso sobre la estrategia de seguridad en México se ha modificado notablemente, pero los resultados no han sido alentadores de ninguna manera: La corrupción, la ineptitud, la descoordinación en todos los niveles de gobierno y la politización del discurso relacionado al tema de la seguridad, son características fundamentales que explican el fracaso de los últimos gobiernos para resolver este flagelo que afecta a los mexicanos en su integridad física y en el ámbito geopolítico. La resolución de este problema parece bastante compleja, y a veces da la impresión de que el diagnóstico sobre el mismo es erróneo.

Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado aludiendo al “narco” y definiendo el problema de la seguridad en México como una lucha entre “buenos” (el gobierno) y “malos” (a quienes identificó como “carteles”). Enrique Peña Nieto intentó salvar a México con su reforma energética y AMLO prometió dar abrazos y no balazos. Ambos parecen haber fallado monumentalmente. No se puede olvidar Ayotzinapa, ni las mujeres y niños mormones masacrados en Bavispe, ni los migrantes guatemaltecos de Camargo, ni los civiles asesinados en Reynosa hace unos días. Aún recuerdo también los eventos en el Casino Royale en 2011 en Monterrey, Nuevo León, los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas y los granadazos en Morelia, Michoacán el día de la celebración de Independencia del año 2008.

Estos eventos mantienen características comunes: siembran el terror entre la población civil pues los objetivos de la violencia en esos episodios resultan ser, en su mayoría, víctimas inocentes. Los eventos antes mencionados no parecen ser siempre el producto de enfrentamientos entre grupos criminales, no obstante que autoridades de distintos órdenes y algunos analistas manifiesten lo contrario. Los eventos recientes en la frontera Tamaulipeca, particularmente en Reynosa, se describen por varios analistas y autoridades gubernamentales como el resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control de las plazas para traficar drogas y traficar personas. Dicha versión no concuerda del todo con las dinámicas observadas a lo largo del tiempo, ni con lo que la lógica de operación de grupos que se dedican a actividades ilícitas en una región determinada.

Scott Stewart, vicepresidente de inteligencia de la compañía estadounidense de seguridad y mitigación de riesgos globales TorchStone Global, coincide con la versión de autoridades tamaulipecas (y otras partes interesadas), quienes alegan que lo que sucedido en Reynosa se debió a una lucha al interior del Cartel del Golfo (ya bastante dividido, por cierto) por las principales plazas para traficar drogas y personas. En un momento político muy delicado en Tamaulipas y atendiendo a los objetivos de las células criminales que operan en la ciudad, esta versión parece ser equivocada. Vale la pena considerar que se sigue un proceso de desafuero contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y quizás otros delitos de orden federal. Asimismo, la ciudad de Reynosa es protagonista de grandes pugnas entre los dos principales grupos de poder político en el estado.

En este, como en casi todos los casos de violencia ligados a la delincuencia organizada, domina la versión de los enfrentamientos entre grupos de narcos o la intención de calentar la plaza en el contexto de la pugna entre carteles. Es interesante observar cómo muchas de las autoridades a nivel local y estatal mexicanas, así como miembros de compañías consultoras extranjeras, compran esta historia y la repiten aun cuando no existen evidencias de esos dichos y aunque no hacen sentido considerando la lógica empresarial de los grupos criminales. ¿Por qué a estos grupos o células les interesaría calentar la plaza de otro rival que opera muy cerca de su territorio si esto llamaría la atención de la prensa internacional, al tiempo que atraería una investigación y una fuerte presencia de las autoridades federales? Esto no hace sentido desde el punto de vista empresarial, dado que estos grupos, aunque criminales, son al final empresas que se dedican al comercio de lo ilícito.

Me llama la atención la construcción de narrativas trilladas y poco consistentes sobre eventos que más que haber sido perpetrados por grupos rivales de narcos, parecieran haber sido perpetrados por grupos criminales paramilitares con el objetivo—entre otros quizás—de atraer la atención de las fuerzas federales y la prensa internacional. Recuerdo bien cómo eventos de este tipo contribuyeron a la justificación de la militarización del país, y a una mayor presencia e influencia por parte de agencias de seguridad extranjeras en territorio mexicano. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a diferencia de los consultores de seguridad extranjeros y de las autoridades tamaulipecas, ve a un grupo paramilitar detrás de la masacre de civiles en Reynosa. A este grupo algunos lo vinculan con el gobierno estatal. Esta es una hipótesis interesante, pero aún falta mucho por investigar.

Hasta ahora sólo especulamos, pero recordando los años de Calderón, no puedo dejar de pensar en esos eventos que parecían no hacer sentido bajo la lógica de operación de empresas criminales que muchos años operaron en el país sin llamar la atención de las autoridades. Un negocio criminal exitoso requiere del anonimato y el silencio para poder operar sin obstáculos. Calentar la plaza con masacres dirigidas a la población civil no parece ser una estrategia efectiva para grupos rivales de empresarios de lo ilícito que operan en el mismo territorio o en territorios aledaños. Entonces ¿para qué calentar la plaza? ¿Estamos hablando de carteles o de grupos paramilitares? Y si es lo segundo, qué buscan esos grupos paramilitares y cuál es el origen de estos. Es importante además destacar que no existen grupos criminales sin protección de las autoridades. Finalmente, es necesario considerar el panorama geopolítico, que va mucho más allá de un entendimiento del problema simplista y limitado con un enfoque en lo local.

A manera de corolario, me gustaría señalar que el 7 de junio del presente año, el procurador general estadounidense Merrick B. Garland anunció la creación de la Fuerza de Trabajo Conjunta Alpha (Joint Task Force Alpha) para combatir la corrupción y desmantelar las redes de trata y tráfico humano que operan en México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Este esfuerzo se llevará a cabo de la mano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y según puedo pensar, requeriría de una colaboración muy cercana con los países vecinos [con todo lo que ello conlleva]. Las autoridades estadunidenses deben estar muy preocupadas por lo que está sucediendo en México, y muy probablemente están evaluando los últimos eventos y desapariciones de viajeros y migrantes en la región fronteriza del lado mexicano. No sería sorprendente que en el futuro no muy lejano, el gobierno de Joe Biden desee participar de forma más directa—y alentar la colaboración con México [con mano blanda o mano dura, según se requiera]—en el combate a los carteles, los traficantes de personas y las redes de trata que operan en territorio mexicano.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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