Tal como está planteada actualmente, la división entre drogas legales e ilegales tiene poco sentido.

La conclusión de un reporte de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, dado a conocer recientemente por la revista The Economist, es contundente: el sistema que se utiliza actualmente para clasificar a las drogas según sus riesgos o beneficios carece de fundamento científico. De acuerdo con esta importante Comisión, un claro ejemplo de ello es que siguiendo el método actual aquellas sustancias sin posible uso medicinal, sin importar lo bajo que sea el riesgo que implican, entran automáticamente a la lista de drogas consideradas como altamente peligrosas. [1]

No es la primera vez que un argumento de esta naturaleza es planteado tan claramente. El ejercicio más notable es quizás la investigación sobre el daño que producen algunas drogas, publicada en 2010 por The Lancet, una de las revistas de investigación científica más importantes del mundo. En ese influyente artículo, 14 drogas distintas son jerarquizadas de acuerdo con el nivel de peligro que representan. A su vez, el nivel de peligro está determinado por dos criterios complementarios: (a) el daño que la droga causa a la persona que la consume y (b) el daño que la droga causa a la sociedad a través de la persona que la consume -desde accidentes o crímenes hasta el costo que la atención médica representa para el Estado-.

El ranking que se deriva de este estudio es el siguiente:

1) Alcohol

2) Heroína

3) Crack

4) Metanfetaminas

5) Cocaína

6) Tabaco

7) Anfetaminas

8) Cannabis (mariguana)

9) Benzodiazepina

10) Ketamina

11) Metadona

12) Éxtasis

13) LSD

14) Hongos [2]

Considerando lo anterior, es fácil ver que las conclusiones de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas son consistentes y que las evidencias las respaldan. Por tanto, quienes insisten en prohibir todas las drogas tienen que enfrentar una tensión importante esperando ser resuelta: por una parte, los criterios empleados actualmente para prohibir las drogas contradicen a los estudios científicos más importantes. En este sentido, tomar como referencia estos criterios implicaría un cambio radical en nuestra manera de concebir las drogas. Por otra parte, no parece haber forma racional de justificar otros criterios disponibles para sostener el prohibicionismo.

Quienes defienden la prohibición de todas las drogas pueden intentar resolver esta tensión rechazando el segundo cuerno de esta tensión; es decir, postulando que, contrario a lo que parece, sí hay forma de justificar la pertinencia de sostener prohibición radical. Una forma de hacerlo es argumentando que lo ideal sería reemplazar los criterios científicos respaldados en estudios por criterios basados en alguna religión. Sin embargo, un problema inmediato con este enfoque es que no necesariamente todas las religiones tienen los mismos puntos de vista en este sentido. Todavía más problemático resulta aceptar en una democracia que criterios exclusivamente religiosos terminen por delinear las políticas de un Estado que tendría que ser laico. La religión queda, entonces, fuera de la lista de opciones en la mesa de los prohibicionistas que quieran defender su punto racionalmente.

Desde luego, siempre se puede decir que no es necesario apelar a criterios religiosos pues basta con considerar criterios morales seculares. Pero si este es el caso, por principio de cuentas, se tendría que establecer que tipo de teoría de normatividad moral será la suscrita. El problema es que, contra lo que suele suponerse, la normatividad moral es una pista con varios carriles con antigüedad milenaria. No es posible revisar aquí todas las opciones disponibles, pero si se trata ilustrar la clase de problemas que esto implica basta con considerar la posibilidad de optar por un esquema de una ética de virtudes. Si tomamos prestado el marco teórico de esta teoría moral, y si adicionalmente, estirando la liga para fines del argumento, consideramos que consumir drogas es contrario la virtud y que el Estado tiene que prohibir lo que es contrario a la virtud, entonces todas las drogas tendrían que ser prohibidas. Desde luego, suponer que el Estado debe ser una policía de virtudes es, claramente, inaceptable. Lo importante aquí es que el proceso para determinar qué constituye o qué no constituye una virtud es más complejo de lo que esta opción supone.

Alguien que insista en defender el prohibicionismo duro podría decir que, en lugar de apelar a la evidencia científica sobre los efectos de las drogas, o en vez de tomar como referencia la religión o la moral, tenderíamos que basarnos en la costumbre. Esto es, que lo mejor es dejar las cosas como están porque que ya es demasiado tarde para revisar o hacer cambios legales radicales. Un argumento de este tipo, sin embargo, tampoco se sostiene. Y no se sostiene, en primer lugar, porque no tiene sentido determinar lo legal o lo ilegal con base en lo que ha sido o es permitido en un rango de tiempo determinado. Si este fuera el caso, las mujeres no hubieran podido votar o la esclavitud jamás hubiera sido abolida. Por ende, éste no puede ser un argumento válido para establecer los criterios para lidiar con las drogas. Otra forma de responder al argumento de la costumbre es objetando que, evidentemente, el mundo no inició ayer y que hay drogas que fueron permitidas más tiempo del que llevan prohibidas -como la mariguana o los hongos-. Esto es, si se quiere usar la costumbre como base sin incurrir en contradicciones, entonces drogas que actualmente son ilegales deberían ser permitidas.

Desde luego, quienes defienden el prohibicionismo en materia de drogas podrían aceptar lo dicho por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas o el estudio de The Lancet, pero argumentar que, dado que todas las drogas causan algún daño, entonces todas, incluyendo el alcohol o el tabaco, tendrían que ser prohibidas. El primer problema con este enfoque es que no sería consistente si el Estado no prohíbe a rajatabla y sin matices todo lo que causa algún daño, desde alimentos con poco valor nutricional hasta relaciones sociales destructivas. Pero esto es obviamente problemático. Algunos productos nocivos -por ejemplo, los refrescos- pueden ser prohibidos a menores de edad y su consumo puede ser desincentivado mediante impuestos, restricciones en publicidad o etiquetado adecuado; pero prohibir a adultos el consumo de todo lo que no les conviene sería un sinsentido y un ataque a las libertades individuales.

Finalmente, quienes defienden el prohibicionismo pueden adoptar un enfoque híbrido y postular que sólo las drogas que causan el mayor daño deben ser prohibidas. Pero entonces tendrían que elegir un parámetro para hacer un “corte” en nuestra lista. ¿Deberíamos prohibir la mitad más peligrosa, las primeras tres en la lista, o sólo la primera? En cualquier caso, no hay duda de que el alcohol tendría que ser prohibido, pues no sólo es la sustancia que más lesiones causa cuando se consideran los criterios de daño al individuo y daño a la sociedad en conjunto; cuando se consideran estos criterios por separado el alcohol es también es la droga que más lastima a la sociedad y el cuarto lugar en lo referente a daños causados al individuo. Pero esta opción resulta inaceptable cuando se considera que el alcohol es legal actualmente, en buena medida, porque las consecuencias de prohibirlo fueron más graves que las de permitirlo. Por ende, volverlo ilegal implicaría repetir un error sobradamente documentado -en México conocemos a nuestra manera muy bien las consecuencias de esta dinámica-.

Para quienes defienden el prohibicionismo no parecen quedar opciones sobre la mesa. La alternativa es, claro está, es aceptar que es necesario regular todas las drogas y canalizar los miles de millones de pesos que hoy son empleados en “combatirlas” a políticas o programas enfocados completamente en la salud o en la educación. Los efectos de lo hecho por países como Portugal, que descriminalizó todas las drogas en 2001, tendrían que ser un referente en este sentido -en México, esto incluso podría implicar una disminución en la violencia derivada de la disputa por las rutas de comercialización-. Lo importante aquí es que si lo que si lo que verdaderamente se busca es tratar las drogas de acuerdo con el daño que éstas generan, entonces no hay otro criterio que el que ofrecen los estudios científicos más confiables. Y que, si este es el caso, no tiene sentido seguir esperando para reformular la política para lidiar con las drogas con base en este criterio.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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