La mentira, sobre todo en la política, es socialmente aceptada. Se trata de un convencionalismo muy arraigado. El uso y abuso del poder se convierte, sin más, en un instrumento muy eficaz para monopolizar la percepción y el conocimiento sesgado de las verdades oficiales, reveladas por los altos líderes en la jerarquía de la dominación.

 En esto, lenguaje y poder, se mezclan y confunden convenientemente, para articular resultados eficaces y para prevalecer en las alturas, desde donde se ve mejor y se pueden imponer términos, conceptos que despiertan emociones divorciadas de toda realidad. En este juego diabólico, quien pierde es la verdad, y si lo que hay en medio es una democracia, de paso, sale desvalida.

El Presidente López Obrador dijo aireado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende dar un “golpe de Estado técnico”. Así encaró al máximo tribunal de la república, por no sincronizar sus fallos con la política oficial, sus decretos, designios y consignas. 

El concepto no se sostiene, y el Presidente lo sabe; como tampoco se sustenta esa sobada idea del “golpe de estado suave”, que López Obrador manejo al inicio de su gobierno y nunca se ha cristalizado, pues sólo describía la actividad legal de los ciudadanos al oponerse, criticar y discrepar del poder, dentro de un esquema de los derechos constitucionales reconocidos a aquellos.

En todo esto hay retórica, hipérbole, exageración del lenguaje que denigra a quien está obligado a conducirse como estadista, como el rostro y la voluntad de un jefe de estado congruente en su actuar dentro, y sólo dentro, de las facultades que le concede la carta magna.

Esta conducta es plenamente consciente. El Presidente la asume y porfía al sostenerla. México es un país en el que la principal convención política fundacional es que el poder está dividido en una triada en la que cada componente tiene asignado, con precisión, un régimen competencial expreso que se debe respetar. También existen autonomías que surgen directamente de la Constitución.

Pero no sólo. También existen pesos y contrapesos para aplicar correctivos al abuso y desvío del poder. Ya ni las monarquías contemporáneas se asumen en absolutismo alguno, mucho menos se ve esto en presidentes y primeros ministros comprometidos con el sistema democrático.

De todas maneras, cuando se cae en las tentaciones del poder autoritario y desviado, existen acciones e instituciones que corrigen y enmiendan planas pretenciosas de dominación, más allá de los moldes impuestos por la Constitución. En otras palabras: gobernar en una república, en la que hay pesos y contrapesos, no es tarea fácil, y eso, en México, no lo entiende el Presidente, que jamás quiere ver obstáculo alguno a su paso.

Si el Presidente hubiera dicho, a secas, “golpe de estado”, hubiera sido un exabrupto que el elemental sentido común echaría por tierra. Bastaría hacer una sumaria contabilidad de estos factores: sus niveles de popularidad y aceptación, sus más de veinte gobernadores de Morena, su púlpito colonizador de la opinión pública, desde donde lanza sus “mañaneras”, y tener a las fuerzas armadas, todas, comiendo alpiste de sus manos.

Por eso se vio en la necesidad de adosar el término “técnico”, para matizar lo agreste y burdo. Pero ni así hay asidero que soporte el terminajo “golpe de estado técnico”, ni Suprema Corte que lo esté intentando.

Algunas cosas se han de tener en cuenta para valorar este difícil momento que vive el país. López Obrador sabía que no contaba con la mayoría parlamentaria calificada para reformar la Constitución, y ahora quiere llevar este tema a la elección de 2024, y así desea poner de rodillas a la Corte.  

En la perspectiva lopezobradorista, si esta se hubiera doblegado, sería histórica, notable por su patriotismo y revolucionaria. Al no hacerlo en esa misma visión, se torna golpista por emitir una sentencia que le dice al Gobierno, con plena facultad para hacerlo, que se gobierne con apego a las facultades expresas y limitadas que el mismo código fundamental concede a los poderes.  

Que esto es difícil para el gobernante, me queda claro, porque a su paso sólo quiere encontrar arcos del triunfo.  

Satanizar y poner a la Corte en la picota frente a fanáticos de Morena que actúan como pandilla, es un signo más que preocupante. Un país entra en la decadencia cuando sus ministros, magistrados y jueces quedan a merced de las pulsiones callejeras, que exigen se dicten sentencias a modo, que trastocan los pesos y contrapesos que la sociedad necesita para que el ejercicio del poder no se vuelva en su contra. 

Recordemos que el Poder Judicial en su conjunto sólo tiene un compromiso, y es con la ley y el derecho. Ningún líder, por poderoso que se crea, tiene el monopolio del conocimiento. Cierto es que podrá sacar fuerza de la credulidad y el cinismo de sus seguidores cuando propala falsedades y calumnias, para sólo estar en riña con la verdad.

El Poder Judicial Federal, que no dudo, debe reformarse a fondo, está amenazado. Su Corte está en riesgo de ser paralizada para las agendas fundamentales del país. El precedente de la inmovilidad a la que ha sido condenado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a la vista de vacancias que se avecinan en el Pleno de la Corte por el cumplimiento de periodos de algunos ministros, podría dar pábulo para impedir superar la barrera de los ocho votos, que López Obrador no ha podido franquear.

Será que como Dios, ¿los designios del Presidente son insondables? No lo creo.

01 junio 2023

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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