Los incidentes violentos dentro de las prisiones de México —homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos— crecieron al menos un 11.95 por ciento durante el año anterior con respecto al año 2019, periodo en el que se reportaron al menos mil 205 casos.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Los homicidios y suicidios son los incidentes violentos dentro de las prisiones de México que más crecieron durante el año 2020 con respecto al año anterior inmediato, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo autónomo publicó durante esta semana el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” (DNSP), en el cual revela que durante el año 2020 se registraron al menos mil 349 incidentes violentos —homicidios, suicidios, riñas, motines desórdenes y abusos— en los centros penitenciarios estatales y federales.
La mayoría de estos eventos comprenden riñas, con un total de 926; desórdenes con 183; suicidios, con 114; homicidios, con 70 casos; abusos, con 48, y finalmente motines con ocho registros.
En México existen al menos 254 cárceles, de las cuales, 234 son centros de reinserción social estatales (Ceresos); 17 son Ceferesos y tres son prisiones militares.
Los Ceresos y los Ceferesos son los que concentran el total de los incidentes violentos con 902 y 330 eventos respectivamente, en tanto que las prisiones militares reportaron “cero” eventos de violencia.
CRECEN HOMICIDIOS Y SUICIDIOS
Las muertes violentas dentro de los penales se dispararon durante el 2020. Los homicidios crecieron al menos 75 por ciento con 70 casos el año anterior frente a 41 homicidios de 2019; mientras que los suicidios casi se multiplicaron (90 por ciento de crecimiento), pues pasaron de 60 en 2019 a 114 en 2020.
La mayoría de los homicidios (54) se perpetraron con armas punzocortantes, mientras que cuatro fueron por agresiones físicas y al menos nueve casos se cometieron con armas de fuego.
Al menos 15 de los asesinatos se registraron por riñas; 14 fueron adjudicados a “diferencias entre las personas privadas de la libertad”; 31 por “causas diversas” y en 10 casos no se ha esclarecido el posible móvil.
El estado de Morelos concentró el 43 por ciento del total de los asesinatos con 30 casos, seguido por el Estado de México con 10 homicidios y Jalisco con ocho. En contraste, las entidades que reportaron sólo dos casos fueron: Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, mientas que Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato reportaron un caso cada una.
La alta incidencia de casos en Morelos se podría explicar debido a que en esa entidad hay al menos cinco centros de internamiento (tres estatales y dos federales): el Cereso femenil Atlacholoaya, el distrital de Cuautla, el Cereso varonil Morelos en Atlacholoaya, el Cefereso femenil No. 16 y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.
El reporte también detalla que los dormitorios son los lugares más “inseguros” ya que más de la mitad (58 por ciento) de los asesinatos se perpetraron en esas áreas, mientras que el 25.7 por ciento se cometieron en otras áreas o módulos y el 15.7 por ciento en patios o pasillos.
El informe expone que estos lugares, debido a la ausencia de vigilancia tanto personal como tecnológica, se convierten en puntos ciegos para la autoridad y “espacios de alto riesgo” para la comisión de todo tipo de incidentes violentos.
El organismo derechohumanista mostró preocupación de que en los centros penitenciarios se registren asesinatos y homicidios pues recordó que el Estado mexicano, al aceptar la facultad de sancionar a personas, adquiere la responsabilidad de ser garante de las personas que están bajo su custodia.
“La CNDH externa su preocupación cuando este derecho es violentado al interior de los establecimientos penitenciarios reflejándolo en recomendaciones a violaciones graves a derechos fundamentales”, se lee en el informe.
De los 114 suicidios reportados durante el año 2020, el 87.71 por ciento (100) ocurrieron en los Ceresos, y de éstos, en el 77 por ciento se desconoce la causa, mientras que en 12 casos se atribuyó a enfermedades como depresión y/o padecimientos psicológicos y 11 casos a problemas familiares y/o sentimentales.
Las entidades federativas con mayor incidencia de fueron: Estado de México con 18, Sonora 14 y Jalisco con siete. En tanto que Puebla, Querétaro, Campeche, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo reportaron dos casos cada una, mientras que los estados que registraron solo un caso fueron Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur y Coahuila.
En cuanto a los 14 suicidios referidos en los Ceferesos, no se proporcionó mayor información.
La Comisión detalló que las personas internas que optaron por privarse de la vida ponen en evidencia la poca atención a esta problemática dentro de los penales. También revela la ausencia de personal técnico y en específico, personal de psicología suficiente, así como la inobservancia de los que deban atender la salud mental de las personas privadas de la libertad.
VIOLENCIA EN GENERAL
Los incidentes dentro de los penales generan preocupación porque —según se explica en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)— debilitan, afectan y comprometen la base organizativa del sistema penitenciario nacional; además de que comprometen los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad y de las personas que laboran en los centros penitenciarios.
“La violencia dificulta la existencia en estas instituciones de un clima social y moral óptimo que coadyuve en la génesis de una adecuada reinserción para las personas privadas de la libertad y en oposición, exista mayor facilidad de reincidencia […] merma la efectividad de los programas e incrementa la reincidencia, además de los costos sociales, situaciones que desafortunadamente se han vuelto una constante en las prisiones, normalizándose y dejando lamentables consecuencias”.
Los incidentes violentos en general —incluidos riñas, motines, desórdenes y abusos— crecieron al menos un 11.95 por ciento durante el año anterior con respecto al año 2019, periodo en el que se reportaron al menos mil 205 casos.
No obstante, la comparación es imprecisa debido a que, según se aclara en el documento de la CNDH, el número de incidentes reportados por los centros penitenciarios durante el año 2019 sólo abarca el periodo de enero a octubre, en cuanto a las cifras del 2020, no se detalla si comprenden los doce meses del año.
“Agregando que noviembre y diciembre, son periodos, que incluso en libertad, afectan el ánimo y la resiliencia, contimás en las personas privadas de la libertad, lo anterior, pone de manifiesto la existencia de una cifra negra en ese lapso”, se lee en el documento.
Además, el análisis de las cifras “históricas”, las cuales datan desde el año 2016, arroja que no existe una tendencia uniforme de este fenómeno, pues en el año 2016 el total de eventos fue de mil 250, en tanto que en 2017 fue mil 647 y en 2018 se registraron mil 972 eventos.
“Las cifras evidencian que cada periodo es particular, por ejemplo, en este año los sistemas penitenciarios enfrentan la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19″, agrega el documento.
Si bien los incidentes violentos no son un fenómeno nuevo en el sistema penitenciario, “pues son simbióticos a la creación de éste”, el Diagnóstico de la CNDH expone que la violencia se maximiza frente a problemáticas que aún persisten, como el hacinamiento; la carencia de infraestructura, servicios y equipamiento de seguridad; recursos humanos insuficientes e inadecuados; los débiles sistemas de supervisión y evaluación; alta cifra de personas servidoras públicas con escasa preparación, capacitación y motivación para realizar el trabajo; la falta de transparencia, visibilización y rendición de cuentas que impiden identificar las desviaciones, e irregularidades que ocurren en el interior de los centros penitenciarios.
El informe también revela que las cinco irregularidades con mayor incidencia en las prisiones estatales son: la deficiente separación entre procesados y sentenciados; deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad y la insuficiencia de los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
