La tapadera de actos de corrupción de administraciones priistas en el Estado de México –en casos que han originado sospechas y también denuncias, como el de OHL México– se extenderá otros seis años más ante la falta de transición democrática, lo que seguirá permitiendo la impunidad, coincidieron investigadores especializados en transparencia.
Los ahora gobernadores de partidos de oposición que el año pasado arrebataron al PRI la gubernatura en Veracruz (PAN-PRD), Chihuahua (PAN) y Quintana Roo (PRD) han denunciado a sus antecesores priistas por operar recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito o venta ilegal de bienes públicos. No obstante, dijeron los analistas, el virtual ganador Alfredo del Mazo Maza no tendrá la voluntad política para investigar a sus predecesores, entre ellos, el Presidente de la República, pero también su padre y abuelo.
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Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– La falta de transición democrática en el Estado de México, entidad que ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) más de ocho décadas, seguirá ensombreciendo la transparencia en el uso de recursos públicos de la entidad y en la asignación de contratos para obras públicas por parte de administraciones pasadas, dijeron especialistas en rendición de cuentas. Además, los casos de corrupción ya revelados quedarán en anécdotas, lo que contribuye a fortalecer “un círculo vicioso” de impunidad, coincidieron especialistas en transparencia.
El partido más votado en el Estado de México fue Morena con un 30.82 por ciento y el PRI, por sí solo, alcanzó un 29.81 por ciento. Pero con sus alianzas, el tricolor rebasa a los otros candidatos con un 33 por ciento. La candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, Delfina Gómez Álvarez, ha dicho que esperará a los resultados oficiales del miércoles para definir sus siguientes pasos.
Sin embargo, la posibilidad de la alternancia en los próximos seis años se aleja de la entidad mexiquense.
Los ahora gobernadores de partidos de oposición que el año pasado arrebataron al PRI las gubernaturas en Veracruz (PAN-PRD), Chihuahua (PAN) y Quintana Roo (PRD) han denunciado a sus antecesores priistas por operación de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito o venta ilegal de bienes públicos.
Esa opción, de confirmarse el triunfo del PRI, no podrá tenerla el Edomex.
“El que llegue Alfredo del Mazo al Estado de México podrá servir para que no se persiga a quien haya hecho mal uso de recursos públicos. Difícilmente podremos pensar que desde el propio PRI se va a perseguir a integrantes del propio PRI”, afirmó la investigadora de la UNAM sobre transparencia y temas electorales, María Marván Laborde.
Dos de los antecesores de Del Mazo Maza son su abuelo y padre, Alfredo del Mazo Vélez [quien gobernó el Edomex entre 1945 y 1951] y Alfredo del Mazo González [de 1981 a 1986], respectivamente.
La comisionada presidenta fundadora del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) detalló que investigar y castigar posibles desvíos de dinero propiamente no le toca al partido tricolor, sino a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Procuraduría General de la República (PGR) si hay denuncias, “aunque si hay voluntad política de los gobernadores, se puede avanzar”.
El mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes denunció a Javier Duarte de Ochoa. En abril del año pasado, al arranque de aquellas campañas, lo hizo ante la Fiscalía General de Veracruz por presunto desvío de dinero y evasión fiscal. Luego, ya como Gobernador electo, ante la Procuraduría General de la República (PGR). Fue hasta abril de este año cuando Duarte fue detenido en un hotel de Guatemala señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“[La falta de transición democrática] implica un obstáculo porque, al observar las transiciones y los órganos superiores de fiscalización de los estados, pareciera que hay una desactivación de ciertos frenos. Al revisar y comparar las cuentas públicas de años donde estaba gobernando el PRI, por ejemplo Veracruz, con el año siguiente, hay un disparo enorme en las divergencias que se encuentran”, afirmó Leonardo Núñez González, investigador en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad .
En el Estado de México, expuso Núñez, lo que tenemos es un órgano de fiscalización que está detectando muy pocos movimientos.
El último informe de la cuenta pública estatal se aprobó en octubre de 2016. En él se emitieron 136 observaciones por 224 millones de pesos, lo cual “no es nada” comparado con las dimensiones del gasto público y lo que está sucediendo en la entidad.
“El hecho de que esté controlado una vez más por el gobierno del PRI representa un bloqueo”, determinó el investigador. Aunque “saber qué está pasando con los recursos de los mexiquenses” dependerá del equilibrio de fuerzas que se acomode en las elecciones del año siguiente para renovar al estatal, agregó Núñez González.
El panista Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, anunció en enero de este año que la Fiscalía General del Estado investiga por delincuencia organizada a su antecesor, el priista César Duarte, quien fue visto por última vez en Texas, Estado Unidos. Hay una orden de aprehensión en su contra por desvío de recursos públicos durante su administración.
En el caso de Quintana Roo, el perredista Carlos Joaquín González también denunció ante la PGR a su antecesor priista Roberto Borge Angulo. Ayer fue detenido en Panamá por venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado. Se le atribuye el ecocidio cometido en el manglar Tajamar, en Cancún, por aprobar un proyecto inmobiliario. Por la presión de grupos ambientalistas, no obstante, fue suspendido.
“El fenómeno que vimos el año pasado con estas tres gubernaturas es que se rompió el pacto de impunidad entre las élites gobernantes. Eso es muy importante para avanzar en el mecanismo de rendición de cuentas y de buscar que haya mejores controles al poder desde las instituciones, como las auditorías estatales”, dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia.
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LA IMPUNIDAD SEGUIRÁ EN EL EDOMEX
Con extender por seis años más al PRI en el Estado de México, donde ha tenido el poder durante más de ocho décadas, las administraciones priistas pasadas seguirán gozando de impunidad, afirmaron los especialistas.
La “gran oportunidad” que se pierde es la del combate a la impunidad y a la corrupción, determinó Paulo Díez Gargari, abogado que ha documentado casos de corrupción de la constructora OHL.
“La alternancia no es que sea buena por sí misma, pero sí genera correctivos de manera casi expedita y natural. Esa es la oportunidad que se ha perdido; el poder terminar lo que AHORA -organización civil– nombra como el ciclo de dinero para llegar al poder, para perpetuarse y seguir beneficiando empresas”, dijo.
La mañana de este lunes, a la par de los resultados previos que daban la victoria al candidato priista, el valor de las acciones de OHL México registró una variación al alza de un 6 por ciento, lo que colocó a la compañía hasta arriba entre las firmas que más habían subido.
La organización civil AHORA denunció que la empresa OHL, que es la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, ha sido la vía por la cual el grupo político Atlacomulco que encabeza el Presidente Enrique Peña ha financiado sus campañas electorales, incluyendo la de Alfredo del Mazo.
Se va la oportunidad, pero, llamó Díez, desde la trinchera ciudadana se debe seguir haciendo lo que corresponde para impedir que se pierda permanentemente.
El investigador Leonardo Núñez afirmó que “pareciera que hay un cheque de impunidad” porque estas han sido las elecciones donde “hemos sido testigos del despilfarro de recursos tanto federales como estatales con una serie de programas sociales que se concentraron en las áreas más sensibles de la entidad y no hay castigo claro por parte de la Fepade ni hay fiscalización”.
Partidos de oposición denunciaron ante la Fepade el uso político de recursos públicos por parte del gobierno mexiquense durante el periodo de campañas. El Gobernador Eruviel Ávila Villegas intensificó el reparto de laptops, herramientas de construcción y las denominadas Tarjetas Efectivas que contienen apoyo económico para madres solteras y otro tipo de beneficiarios con carencias sociales.
“Si existen delitos y [Alfredo del Mazo] no denuncia, probablemente será muy difícil llevar justicia al Estado de México, por lo que se seguirá haciendo mal uso de los recursos públicos. Es el círculo vicioso de la impunidad donde hay complicidad. Alfredo Del Mazo tendrá mucha presión de la ciudadanía para que haga algo distinto. Pero que responda es diferente”, finalizó la investigadora de la UNAM, María Marván.
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