Por María Colín*

El 8 de junio próximo el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU dará a conocer su Informe sobre la misión que realizó a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 con el objetivo de evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y enfrentar las consecuencias negativas a los derechos humanos por las actividades empresariales.

Este informe, que puede ser consultado en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/32/Add.2; señala que las principales preocupaciones por violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el ejercicio inadecuado, tanto por gobierno como por empresas, de la debida diligencia en el diseño y ejecución de megaproyectos, que a menudo afectan a comunidades indígenas, generando daños sin que estos sean reparados de manera adecuada y relata también un par de casos de grave contaminación ambiental causada por actividades industriales.

Sobre la grave contaminación ambiental causada por actividades industriales, el documento señala dos casos: el derrame de sulfato de cobre, en el Río Sonora, causado por la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México que afectó de manera directa a 22,000 personas; y la contaminación del Río Santiago, en Jalisco, que recibe los vertidos de más de 300 empresas establecidas en el corredor industrial Ocotlán-El Salto que estaría afectando a 7,5 millones de personas que viven en la cuenca hídrica afectadas por la descargas de al menos 1,090 sustancias químicas tóxicas.

En cuanto a la debida diligencia en megaproyectos, se habla de cuatro casos: el proyecto parque eólico los municipios de El Espinal y Juchitán, Oaxaca, por actos cometidos por la empresa Energía Eólica del Sur; el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan que atenta contra los derechos de la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla por parte de Grupo Higa;  el proyecto Acueducto Independencia, en Sonora, que afecta los derechos de la comunidad yaqui así como el permiso otorgado a Monsanto para la liberación comercial de soya transgénica en municipios de Campeche y Yucatán.

En este último caso, la problemática se detonó en 2012 cuando las autoridades federales otorgaron un permiso a la empresa Monsanto para la liberación y siembra comercial de soya transgénica sin haber consultado antes a las comunidades indígenas afectadas. El asunto va más allá de la falta de consulta: las comunidades han denunciado la contaminación de sus fuentes de agua con herbicidas, en particular por glifosato; así mismo, la deforestación y las repercusiones del proyecto en la apicultura tradicional de la comunidad maya constituyen otra fuente de preocupaciones.

El caso se litigó a través de diversos amparos colectivos ante jueces federales de Campeche y Yucatán y finalmente llegó a oídos de la Suprema Corte de Justicia, la que en noviembre de 2014 suspendió los permisos y ordenó que se realizase la debida consulta a las comunidades afectadas, decisión que fue respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Recomendación 23/2015).

La consulta comenzó en marzo de 2016 en los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche; sin embargo, a pesar de la suspensión de siembra, se han denunciado casos de distribución y cultivo ilegal de semilla de soya transgénica sin que hayan sido debidamente atendidas por las autoridades federales. Al respecto, Monsanto dice que “no siembra transgénicos en Campeche…sólo vende semillas”, lo que es inverosímil y cínico dado que la empresa es titular del permiso de siembra de semillas transgénicas que agricultores subsidiados compran y siembran ilegalmente, con aspersión del herbicida glifosato que contamina las fuentes de agua de las comunidades http://www.proceso.com.mx/488708/monsanto-asegura-siembra-transgenicos-en-campeche-vende-semillas).

A petición de comunidades convocadas a la Consulta al Pueblo Maya se creó  una Misión de Observación (MO) conformada por organizaciones y personas con el objetivo de monitorear y documentar el proceso de Consulta. Lamentablemente lo que esta MO ha reportado son deficiencias en cuanto al carácter previo, informado, de buena fe, culturalmente adecuada y libre de la consulta, agravada por las amenazas a líderes comunitarios y asesores (mayor información en: http://consultaindigenamaya.org/).

Las condiciones de la consulta han ido de mal en peor pues en la última sesión realizada el pasado 27 de mayo de 2017 en Hopelchen, los representantes de las comunidades y sus asesores se enfrentaron a chiflidos, insultos, e intimidación de aproximadamente 100 personas acarreadas de la comunidad de Iturbide y productores de soya transgénica, lo que derivó en la suspensión de la sesión ya que no se garantizaba la libertad del proceso de consulta.

Por si fuera poco, la CIBIOGEM, respaldada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pretendió retractarse de acuerdos previos como el establecido el 25 de marzo, donde se pactó  que todas las comunidades llevarían su proceso de consulta de manera conjunta, por medio de sus representantes; acuerdo que la representante de la CIBIOGEM, Sol Ortiz desconoció, impidiendo avanzar con el plan de trabajo.

Los representantes de las comunidades externaron su preocupación de que la CIBIOGEM y CDI estén saboteando el proceso de consulta con la intención de dividir a las comunidades, esto es solo una muestra del entorno de impunidad que vive el país, que, junto con la urgencia de atraer inversiones a cualquier costa, la insuficiencia de salvaguardas y de capacidad para hacer cumplir la ley, crean un ambiente propicio para la violación de los derechos humanos. Además, el incremento de represalias por alzar la voz y la dificultad para acceder a los mecanismos de justiciabilidad plantean un escenario complicado para el respeto y garantía de estos derechos en México.

*María colín es asesora legal de Greenpeace México, A.C.

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Más información: http://act.gp/2qSWb1b

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