La investigación en contra del llamado Cártel Inmobiliario ha derivado en cuatro sentencias condenatorias mediante el mecanismo de procedimiento abreviado, cinco vinculaciones a proceso y cuatro órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Al menos 13 personas, entre ellos 12 exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, están presos, procesados y sentenciados por corrupción del denominado Cártel Inmobiliario, una red de la que son acusados de formar parte, aunque aún no son inculpados, Santiago Taboada Cortina y Luis Mendoza Acevedo, candidatos de los partidos PAN, PRI y PRD a Jefe de Gobierno y a Alcalde, respectivamente.
El jefe político de estos 15 personajes es Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) y quien también es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), aunque todavía no se ha ejercido una acción penal en contra de él.
También se le ubica como líder del grupo que controla el PAN-CdMx, conocido como “Los Ocean”, bautizado así en referencia a un restaurante en el que se congregaba junto con Mauricio Tabe Echartea, candidato del PAN, PRI, PRD en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y el presidente de ese partido en la Ciudad de México, Andrés Atayde, contra quienes tampoco se ha procedido penalmente.
El exfuncionario de más jerarquía entre los 12 penalmente involucrados en corrupción es Christian von Roehrich de la Isla, antecesor de Taboada en la Alcaldía Benito Juárez y quien era el coordinador de los diputados locales del PAN antes de su captura, en abril del año pasado.
Le sigue en jerarquía Víctor Mendoza Acevedo, exdirector de Planeación y Recursos Materiales de la Alcaldía encabezada por Taboada y hermano de Luis Mendoza Acevedo, el candidato a Alcalde postulado por la coalición de PAN, PRI y PRD.
Los otros dos de mayor jerarquía, que ya fueron declarados culpables por un Juez, son René Nicias Aridjis Vázquez, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano, sentenciado a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito, y Luis Vizcaino Carmona, exdirector Jurídico y de Gobierno, sentenciado a cuatro años de prisión. Ambos devolvieron bienes producto de la corrupción.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA RED DE CORRUPCIÓN?
La Alcaldía Benito Juárez, gobernada desde hace 24 años por el Partido Acción Nacional (PAN), ha sido el epicentro de una red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario que después se extendió a otras demarcaciones como la Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la investigación en curso de la FGJ-CdMx, el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que estos servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
Por estos hechos se han logrado cuatro sentencias condenatorias mediante el mecanismo de procedimiento abreviado, el cual consiste en que los vinculados a proceso aceptaron su responsabilidad:
–Luis Vizcaíno Carmona. El 6 de septiembre de 2023, el exdirector general Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
–Nicias Aridjis Vázquez. El 30 de mayo de 2023, el exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano en Benito Juárez fue sentenciado a tres años por el delito de enriquecimiento ilícito.
–Ismael Isauro Chalico García. El exdirector de Administración, Recursos Materiales y Servicios Urbanos de Benito Juárez fue condenado en febrero de este año a cinco años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.
–José Ramón Mayaudon Barón. Quien fuera subdirector de Servicios Generales de Benito Juárez fue condenado en febrero pasado a cinco años por los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.
También han sido vinculados a proceso las siguientes personas:
–Christian von Roehrich. El exalcalde de Benito Juárez de 2015 a 2018 y exdiputado local enfrenta un proceso penal por los delitos de uso ilegal de atribuciones cometidas cuando fue servidor público y asociación delictuosa. Gracias a una suspensión de amparo, la Fiscalía capitalina no puede mencionar su nombre en ninguna de sus conferencias.
–Sofía Soraya von Roehrich de la Isla. El 19 de febrero de 2023 fue detenida tras ser localizada en Querétaro y posteriormente se le vinculó a proceso. La Fiscalía capitalina la acusa de haber adquirido dos departamentos en el lujoso complejo City Towers Green & Black sin pagar por ellos, es decir, habría configurado junto con su hermano un esquema para simular los pagos a través de una empresa de ella.
–Adelaida García González. Quien fuera directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de la Benito Juárez fue detenida el 16 de febrero de 2023.
–Alejandro Aguinaga López. El exsubdirector de Servicios Generales de Benito Juárez presuntamente fungió como prestanombres de otros exservidores públicos de alto nivel, por lo que está en prisión y enfrenta un proceso penal por uso ilegal de atribuciones.
–Roberto “N”. En abril de 2023 fue detenido por los delitos de fraude genérico, usurpación de profesión y responsabilidad de propietarios e inmuebles. Realizó la construcción de un complejo habitacional ubicado en la calle Adolfo Prieto, colonia Acacias, y excedió el límite de pisos.
La Fiscalía capitalina cuenta con distintas órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar de los siguientes exfuncionarios:
–Víctor Manuel Mendoza Acevedo. El exdirector General de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez se encuentra prófugo de la justicia por haber firmado la autorización de uso y habitabilidad del complejo de departamentos de lujo City Towers Black. Es hermano de Luis Mendoza, candidato de la coalición del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía.
–Emilio Sordo Zabay. En febrero de 2023 se giró una orden de arresto en contra de quien fuera director de Desarrollo Urbano.
–César Iglesias de la O. El 8 de febrero de 2023 se giró una orden de aprehensión en su contra. La FGJ-CdMx lo acusa de extorsionar a empresarios y vecinos para obtener permisos de construcción. Laboraba en las oficinas de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la Alcaldía Benito Juárez.
–Elvia Tecuapetla Domínguez: Se desempeñó como gestora en la Benito Juárez y se le acusa de extorsionar a empresarios y vecinos que querían obtener permisos legales para construir viviendas.
Además de estas 13 personas implicadas formalmente en la trama de corrupción, la Fiscalía de la Ciudad de México ha señalado a otros políticos de estar vinculados, directa o indirectamente, en este esquema:
–Jorge Romero. En abril de 2023, la Fiscalía capitalina lo relacionó con este esquema de corrupción luego de que fue mencionado por el empresario que construyó el desarrollo City Towers como el supuesto beneficiario de un departamento a través de un familiar político y por intermediación del exalcalde Christian von Roehrich de la Isla.
“El testimonio (del desarrollador) también señala que Christian ‘N’, ya como Diputado local, posiblemente también solicitó un departamento al empresario, del cual nos reservamos su nombre, en City Towers Green Black. De acuerdo con lo referido, el inmueble sería adquirido por Antonio ‘N’, familiar político del Diputado Jorge ‘N’, a un precio menor del real”, dijo en esa ocasión Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina.
Romero Herrera negó de inmediato estos señalamientos y acusó a la dependencia de “persecución política”. Meses después, el 13 de julio de 2023, se amparó junto con Santiago Taboada contra la investigación de la dependencia.
Los amparos se presentaron ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
–Santiago Taboada: El 10 de noviembre de 2023, Ernestina Godoy, entonces titular de la FGJ-CdMx, lo señaló por pertenecer “a un partido político que está señalado por tener un modus operandi para robarle al pueblo de México”. Advirtió que el anuncio del PAN de votar en contra de su ratificación como Fiscal era una venganza política por las actuaciones del Ministerio Público en contra del llamado Cártel inmobiliario.
