El Gobierno de Biden firmó, desde febrero, contratos por 3 mil millones de dólares para el alojamiento de menores no acompañados, que ya suman 22 mil bajo custodia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) entregó los contratos más grandes —por 2 mil millones de dólares— a dos firmas y una organización sin fines de lucro, sin hacer licitaciones, y decidió eximir a las empresas de requisitos que deben satisfacer las instalaciones para menores, de acuerdo con archivos del DSSH y de gastos federales.
Por Adriana Gómez Licón
Estados Unidos, 5 de mayo (AP).– La ola de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México hizo que el Gobierno de Estados Unidos encargase la construcción y administración de albergues para menores a empresas privadas que según algunos no están preparadas para alojar a niños.
Algunas de estas empresas han respondido a desastres naturales y más recientemente instalaron centros para cuarentenas con motivo de la pandemia del coronavirus. Otras trabajaron con funcionarios de la frontera en los últimos años, instalando carpas para migrantes.
Los nuevos albergues son necesarios porque el gobierno tiene más de 22 mil menores bajo su custodia y no cuenta con suficiente personal para disponer su entrega a familiares.
En su apuro por contar con nuevas instalaciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) entregó los contratos más grandes —por 2 mil millones de dólares— a dos firmas y una organización sin fines de lucro, sin hacer licitaciones, y decidió eximir a las empresas de requisitos que deben satisfacer las instalaciones para menores, de acuerdo con archivos del DSSH y de gastos federales.
Dos de las instalaciones más grandes habían estado cerradas por semanas. El DSSH no explicó por qué fueron cerradas repentinamente, aunque dijo en un comunicado que eran para uso temporal y que los menores alojados allí habían sido enviados a otros sitios temporales o entregados a familiares.
Los menores dijeron a abogados que los visitaron en algunos sitios que no habían hablado con las personas que manejan sus casos, quienes deben facilitar su entrega a familiares. El DSSH ha negado a la prensa acceso a los albergues, aduciendo el peligro de contagios del coronavirus y asuntos relacionados con la protección de la privacidad.
“Cuando gastas cientos de millones de dólares, el gobierno debe asegurarse de que se ofrecen los servicios y de que se satisfacen las necesidades de los menores”, afirmó Scott H. Amey, consejero general del Project on Government Oversight (Proyecto sobre Supervisión Gubernamental), un organismo privado.
El DSSH dijo en un comunicado que los centros para migrantes menores de edad “satisfacen todos los requisitos/stándards de respuestas de emergencia u otras situaciones humanas”. Señaló que, además de la construcción de nuevos albergues, se estaban tomando “fuertes medidas” para acelerar la liberación de menores, incluido su envío por avión a los sitios donde tienen familiares.
Sarah DeYoung, profesora de la Universidad de Delaware que estudia la evacuación de los albergues, dijo que estos centros tienen un aspecto institucional que no es el ideal para los menores.
“El que hayan sido seleccionados en el pasado no quiere decir que hagan bien las cosas en lo que respecta al bienestar de los chicos”, manifestó DeYoung. “Es importante que sean evaluados por gente de afuera, incluidos expertos en salud pública y gente con experiencia pediátrica”.
Desde febrero, el Gobierno firmó contratos por 3 mil millones de dólares para el alojamiento de menores no acompañados. Más de 2 mil millones corresponden a contratos firmados con tres empresas, sin licitación previa: Deployed Resources LLC, de Rome, Nueva York; Family Endeavors Inc., de San Antonio, y Rapid Deployment Inc., de Mobile, Alabama.
Deployed Resources se hará cargo de un albergue de emergencia para menores con mil 500 camas en Donna, Texas, y cobrará 719 millones de dólares. La empresa instaló carpas para migrantes que debían esperar en México el procesamiento de sus solicitudes de asilo por parte del servicio de inmigración bajo el Gobierno de Donald Trump. También construyó centro de detención con carpas en la frontera y alojamientos temporales para personas desplazadas por huracanes, así como campamentos para las fuerzas armadas.
La organización sin fines de lucro Family Endeavors Inc., que ofrece ayuda para emergencias, podría recibir hasta 580 millones de dólares por el manejo de instalaciones de emergencia en Pecos, Texas. En el pasado cobró 87 millones de dólares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ofrecer habitaciones de hotel y otros servicios a familias de migrantes que no pueden ser expulsadas por estar cobijadas por normas de salud pública.
Los potenciales ingresos por este último contrato son 13 veces los ingresos totales de la empresa en el 2018, según la última declaración de impuestos disponible.
El CEO de Endeavors Jon Allman dice que su organización tiene décadas de experiencia en el manejo de “poblaciones marginadas” y que sirve a comunidades migrantes desde el 2012. Afirma que puede disponer de hasta 3 mil empleados de ser necesarios.
“Endeavors se enorgullece de colaboraron el gobierno federal en esta gran crisis humanitaria”, afirmó Allman en un email. “Muchas organizaciones sin fines de lucro fueron contactadas y se negaron”.
Rapid Deployment Inc., por su parte, recibió dos grandes contratos por 614 millones de dólares en total para manejar una instalación en Fort Bliss, Texas, que ha surgido como la más grande de ese tipo y que podría expandirse hasta contar con 10 mil camas, según documentos oficiales.
El Gobierno fue criticado por su manejo de grandes contratos relacionados con el alojamiento de migrantes durante el Gobierno de Trump. La propia Oficina del Inspector General del DHHS dijo que esa dependencia manejó mal un contrato con una firma para manejar una gran instalación para menores en Homestead, Florida, en el 2019.
El DHHS pagó 67 millones de dólares a Comprehensive Health Services por los tres meses que manejó su instalación, donde no había menores, según el informe, el cual destacó que el gobierno podía haber rebajado los costos de haber hecho una licitación.
“Sabemos que el Gobierno enfrenta la llegada de grandes cantidades de refugiados, personas que buscan asilo y migrantes económicos”, comentó Steve Rosenbaum, abogado del Centro Legal de La Raza, que representa a niños inmigrantes en un viejo caso las condiciones de custodia de los migrantes menores de edad. “Trata de buena fe de hacer lo indicado, pero esa es una tarea casi imposible”.
