Encinas señaló que estos delitos violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, pues no son proporcionales, cuando se utilizan sanciones privativas de la libertad desmedidas para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a los gobiernos estatales a no hacer uso del derecho penal a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19 en México.
De acuerdo con un comunicado de Segob, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que aunque la reducción a la movilidad de la población sea la medida más recomendada para detener los contagios, no se puede imponer el resguardo por medio de sentencias penales.
“Son medidas desproporcionales que podría llegar a ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes. El derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado”, citó la dependencia.
La Secretaría de Gobernación llama a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la Federación y estatales, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria.https://t.co/7ybW1wTH5R pic.twitter.com/jLc8Z6iTQJ
— Gobernación (@SEGOB_mx) May 4, 2020
Alejandro Encinas hizo esta declaraciones después de que el Congreso del Querétaro aprobara el 29 de abril último una reforma al código penal, donde contempla nuevos delitos y endurece existentes, justificándose en la pandemia por COVID-19.
Algunas de las modificaciones al código penal de la entidad establecen que a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta, será castigada con cuatro a seis años de prisión.
Por otra parte, aquellos que desobedezcan la medidas de las autoridades sanitarias o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria, permanecerán de tres a cinco años en la cárcel.
Las personas que se opongan a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, enfrentarán tres a cinco años de prisión, y la pena aumentará si se trata de autoridades del sector salud.
En caso de que se promuevan robos o saqueos, los responsables deberán cumplir de tres a seis años en prisión y la pena tendrá el mismo efecto para quienes ejecuten este delito.
En este sentido, Encinas señaló que estos delitos violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, pues no son proporcionales, cuando se utilizan sanciones privativas de la libertad desmedidas para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas.
“Sanciones penales como las planteadas por el congreso de Querétaro para hacer frente a la contingencia, criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables”, concluyó el Subsecretario federal.
