Padres de Ayotzinapa demandaron un amparo contra ese procedimiento, y pidieron que se abra proceso penal contra el funcionario que alteró las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, informó el abogado Vidulfo Rosales.
Por Lourdes Chávez / Apro
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo/ElSur).- El juez que analiza un amparo contra la resolución de la Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la investigación interna por irregularidades en el caso Ayotzinapa, ordenó suspender el procedimiento administrativo contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, que se sigue en la Secretaría de la Función Pública.
El subsecretario de la Función Pública, Eber Omar Betanzos Torres, dio esta información a los padres de los 43 desaparecidos, que ayer exigieron, mediante una protesta, conocer el sentido de la investigación contra el ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional acusado de alterar pruebas en una escena del crimen. Al terminar la reunión el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que el encuentro fue “bastante tenso”, primero porque los padres exigieron hablar con la titular, Arely Gómez Gónzalez, que no se encontraba en el lugar.
Cuando les avisaron que Betanzos los recibiría, resolvieron entrar y le cuestionaron por qué cuando fue subprocurador de Derechos Humanos en PGR, nada hizo por esclarecer los hechos de Iguala, ni por sancionar las irregularidades en el proceso. Betanzos estuvo el mismo tiempo que Arely Gómez en PGR, como procuradora, de marzo de 2015 a octubre 2016. El abogado informó que los padres llegaron con estudiantes y activistas a las 12 del día a la SFP, y con ellos unos 300 policías de la Ciudad de México.
Añadió que desde el martes, cuando protestaron en la oficina del Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (rompiendo cristales), hay “aparatosos, desproporcionados operativos policiacos”, y consideró que de haber una provocación puede “pasar algo inevitable”.
Sobre la reunión en la SFP, indicó que los padres exigieron explicaciones al subsecretario sobre la investigación interna del ex visitador de la PGR César Alejandro Chávez, que renunció a su cargo por las presiones que recibió para modificar su dictamen, que sí establecía sanciones penales contra al menos nueve servidores públicos, incluido Zerón de Lucio. El dictamen final estableció sólo responsabilidades administrativas y se turnó a la Función Pública.
En este sentido, el amparo 195/2017-3 que demandaron los padres en el Juzgado Tercero de Distrito Administrativo, contra el dictamen de la Visitaduría de PGR, emitió una suspensión provisional, es decir, suspender el trámite administrativo en tanto no se resuelva el amparo.
Rosales Sierra explicó que la demanda de amparo podría invalidar el dictamen de la Visitaduría de PGR, y dejar sin efecto el procedimiento en la SFP. Aclaró que los padres insistieron en una audiencia con la secretaria Arely Gómez, a lo que los funcionarios fueron reacios, pero al final señalaron el 11 de mayo para el encuentro con la funcionaria. En esta misma fecha se prevé otra reunión con los senadores para dar una respuesta a la solicitud de los padres de que citen a comparecer al procurador, Raúl Cervantes, y la creación de una comisión especial de seguimiento en el Senado.
En la Ciudad de México, tras la plática de casi dos horas, Rosales Sierra explicó que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa dictó una suspensión provisional en la que ordena a la SFP detener el procedimiento hasta que se resuelva el amparo 195/2017-3.
El amparo referido es el que tramitaron los padres por la resolución de la visitadora Adriana Campos López, donde se anuncian únicamente siete sanciones administrativas al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la PGR, Tomás Zerón, cuando el antiguo visitador César Alejandro Chávez Flores informó sobre 18 sanciones penales.
“Si se resuelve que es nula e inconstitucional la resolución que emitió la visitadora Adriana Campos, quedaría sin efecto este procedimiento y muy probablemente el expediente tendría que ir al Ministerio Público para que éste sea quien abra una carpeta de investigación en contra de Zerón de Lucio. En caso contrario, el procedimiento seguiría en la Secretaría”, acotó. De los actos de violencia en sus movilizaciones en semanas pasadas, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, negó que los padres fueran los autores de los hechos y, por el contrario, advirtió que responsabilizaban al gobierno federal de cualquier agresión que pudieran sufrir la comisión de padres, los activistas y estudiantes que los acompañan.
