El Presidente López Obrador reveló cómo el Hospital de Ixtapaluca, en el Estado de México, está concesionado al cuñado de Carlos Salinas, Hipólito Gerard Rivero, con su empresa Constructora y Edificadora GIA+A. Y también recordó que lo mismo pasa con el Hospital de Zumpango, otorgado a Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la Casa Blanca, en la que vivió el Presidente Peña Nieto.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– “Estamos corrigiendo los grandes abusos en la contratación por parte de la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el IMSS, de hospitales construidos por empresas —siempre las mismas— a las que había que pagarlas en 25 años, 140 mil millones cuando los nosocomios valen como máximo, según avalúos, 6 mil millones entre todos”, denunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro ¡Gracias! (Planeta) al dar cuenta uno de los retos que enfrentó cuando asumió la Presidencia de México.
Este viernes, el Presidente ha dado más detalles sobre esas “empresas de siempre”, las cuales se vieron beneficiadas durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Señaló que éste fue el caso del Hospital de Zumpango, en el Estado de México, concesionado a Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la Casa Blanca, en la que vivió el Presidente Peña Nieto. También recordó el caso del Hospital de Ixtapaluca otorgado a Hipólito Gerard Rivero, con su empresa Constructora y Edificadora GIA+A.
“¿Saben cuánto ha costado ese hospital (de Zumpango) hasta ahora? Tres mil millones. ¿Pero cuánto va a costar cuando venza el contrato? Diez mil millones. O sea, de 300 a 10 mil millones en el Estado de México, pero otro en el Estado de México, en Ixtapaluca. Otro hospital. ¿Quién hizo ese hospital? El cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard. Estamos ahora adquiriéndolo”, expuso.
Meses antes, en julio de 2023, cuando resultó electa Delfina Gómez en el Estado de México, López Obrador ahondó más sobre el tema. En esa ocasión habló de mejoras las instalaciones médicas y explicó la adquisición de 12 de los hospitales que operan bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) y de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).
“Ahora estamos viendo cómo revisamos contratos o de plano adquirimos, compramos, 12 hospitales que hicieron empresas y le rentan al gobierno el servicio o el gobierno les paga por el servicio, pero son hospitales hechos por empresas y se les paga anualmente por el servicio; y consideramos que esos contratos, pues son perjudiciales para la hacienda pública, es decir, se afecta la economía del pueblo. Son buenos negocios para estos empresarios, pero muy malos negocios para los mexicanos, porque se paga muchísimo”, detalló.
En esa conferencia matutina del 13 de julio pasado como en la de este viernes presentó una relación de los hospitales que han funcionando bajo este esquema. Dos de ellos pertenecen a Hipólito Gerard y tres a Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo Empresarial Ángeles y de Grupo Imagen, uno en Tapachula sobre el cual López Obrador exhibió cómo el monto total del contrato es de 17 mil 364 millones de pesos.
“¿Cuánto tenemos que pagar cada año? El personal es del Seguro nada más; 633 millones. Este hospital de 180 camas, sin corrupción, se construye con mil 500 millones. Pero si seguimos con este contrato, son 25 años pagando esto, año con año”, denunció.
De la misma forma habló del Hospital de Bahía Banderas, en Nayarit, también en manos de Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir: “Este otro, de Nayarit, 144 camas, también IMSS, se llaman asociaciones públicas privadas, también del (20)17, 25 (años); igual, 585 millones por año, estamos hablando de alrededor de 50 millones por mes. ¿Cómo no van a estar enojados? Por eso me insultan, pero cómo voy a permitir esto”.
En esa ocasión no habló del cuñado de Carlos Salinas, pero meses después mencionaría su relación con este modelo de negocios. Fue en Octubre del año pasado, cuando el Presidente López Obrador reveló que el dueño de uno de los 12 hospitales privados a los que el gobierno le estaba pagando una renta, aunque no tuviera atención a los enfermos, por más de 70 mil millones de pesos al año en conjunto, era Hipólito Gerard Rivero.
López Obrador acudió por ese entonces a Ixtapaluca en donde señaló que por el Hospital de esa localidad el Gobierno todavía está pagando año con año millones de pesos de renta. “Para 12 hospitales privados se les estaba pagando una renta, tuvieran o no tuvieran enfermos, se pagaba una renta por 12 hospitales como 70 mil millones de pesos, 70 mil millones era la deuda que se les tenía que dar año con año; ahora mandamos a hacer un avalúo, cuánto cuesta el hospital, el equipo: te lo compramos. Y el de aquí va a costar, creo que como 800 millones, ya lo vamos a pagar y… Venga para acá”.
“Y, miren, lo voy a decir, pero también ellos deben de entender que no lo hago de mala o fe o con odio, sino para que no se repitan las cosas, porque a veces ellos hacen cosas pensando que no pasa nada, que es normal. ¿Saben quién es el que renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Ya no digo más”.
En efecto, el reportero Arturo Rodríguez García reveló en 2015 en la revista Proceso cómo Hipólito Gerard Rivero, con su empresa Constructora y Edificadora GIA+A, obtuvo en el Gobierno de Peña Nieto contratos de obra y concesiones carreteras y hospitalarias, como fue el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México que, junto con el Hospital de Zumpango, concesionado a Juan Aramando Hinojosa Cantú, fueron los dos principales desarrollos hospitalarios en la entidad ejecutados en ese sexenio.
En septiembre de 2023, la reportera Nancy Flores de Contralínea dio detalles de los contratos leoninos de los nueve hospitales que el Gobierno de López Obrador busca comprar, los cuales benefician a seis consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, el de Olegario Vázquez Aldir y uno más de la familia Servitje, del Grupo Bimbo.
“En el primer caso, la empresa GIA+A tiene dos contratos por 11.7 mil millones; en el segundo, Prodemex ostenta tres contrataciones por más de 40 mil millones de pesos; y en el tercero, Marhnos, con 4 mil millones. Los otros beneficiarios son: Ortiz Construcciones en sociedad con Grupo Invex (más de 21 mil millones); las españolas Sacyr –12.5 mil millones– y Acciona –3 mil millones–. Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los nueve nosocomios es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque valen apenas 5 mil 200 millones, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos. Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña bajo la figura de asociación público privada, uno de los múltiples eufemismos de la privatización”, escribió en esa ocasión la periodista Nancy Flores.
Lo cierto es que esos mismos nombres aparecen también en otros negocios, como el de los centros penitenciarios, como denunció López Obrador en su libro A mitad del camino (Planeta), donde señaló como los contratos de prestación de servicios (CPS) de ocho centros penitenciarios federales suscritos en 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de Seguridad Pública debía pagar en al menos veinte años de prestación de servicios de las empresas particulares.
“Además, al finalizar el periodo de vigencia, los empresarios de dichos contratos serían beneficiados con la propiedad de los centros penitenciarios como lo establecía la cláusula novena; repito, al finalizar el periodo de vigencia de los contratos, las edificaciones, en lugar de volverse parte de los bienes del Gobierno, seguirían en manos de los privados. Eran, en definitiva, contratos jugosos para ellos y de grave afectación a las finanzas públicas”, escribió en su libro el Presidente.
Y detalló los nombres, precisamente de esas “empresas de siempre” a las que este viernes se refirió: “El contrato de los centros penitenciarios de Sonora y Guanajuato fue adjudicado a Pápagos Servicios para la Infraestructura, entonces subsidiaria de ICA. Poco tiempo después Exi Quantum, S. A. de C. V, creada por Quantum, que dirige Andrés Alija Guerrero, adquirió la participación. GLA, S. A. de C. V., de Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, opera el centro penitenciario de Oaxaca; Prodemex, S. A. de C. V., de Olegario Vázquez Aldir, tiene los de Durango y Michoacán, mientras que las empresas Homex y Arendal consiguieron los contratos de Morelos y Chiapas, respectivamente, que pasaron a manos de IDEAL Carso, actualmente Grupo Financiero Inbursa, del cual es presidente Marco Antonio Slim Domit. En el caso del penal de Coahuila, la empresa Tradeco fue la beneficiaria, aunque posteriormente transfirió el contrato a Black Rock, S. A. de C. V., cuyo director general en México es Sergio Méndez”
