Beatriz Gutiérrez Müller le puso un toque de sensatez a las campañas. En un tuit en que se solidariza con Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez por los ataques en redes sociales (revivieron un video del año pasado donde aparece pasado de copas e insultando a los cadeneros de un antro en la Ciudad de México) la esposa del presidente escribió: “Defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y en su vida privada”. Se agradece no solo la congruencia de Gutiérrez Müller, quien pidió respeto para su hijo Jesús Ernesto a principios del sexenio, sino la muestra de generosidad política en tiempos de odio y linchamientos que ciertamente comienzan en la Mañanera pero no terminan ahí.

Ningún político es responsable de la actuación de sus familiares y ningún familiar de los actos de un político en edad de merecer. Las personas adultas toman decisiones por su cuenta y ellos y solo ellos son responsables de sus actos. Nada ayuda para esta sana distancia que los políticos metan a sus hijos al trabajo de campaña, como lo hizo Xóchitl Gálvez con Diana y Juan Pablo Vega Gálvez, o el mismo López Obrador con los López Beltrán.

La actitud de Juan Pablo Vega es reprobable incluso si no fuera hijo de quien es, y si los hijos de López Obrador están haciendo negocios y tráfico de influencias es igualmente reprobable, aunque su padre no fuera presidente. Lo que hizo Juan Pablo no hubiese sido noticia si no fuera hijo de Xóchitl; tristemente la prepotencia es más común de los que pensamos. Los negocios y el favoritismo en el sector público son también el pan nuestro de cada día. El tráfico de influencias sigue siendo uno de los cánceres de la vida pública. Ha sucedido en todos los gobiernos y en todos los sexenios, incluido el de López Obrador. Hasta ahora Carlos Loret y Latinus han mostrado evidencia suficiente -grabaciones-, que ameritarían una investigación de la secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero eso no va a pasar. López Obrador no es responsable de los actos de sus hijos, es cierto, pero sí de los que sucede en sus gobiernos, así como Xóchitl no puede ser juzgada por la actitud de su hijo, pero sí es responsable de a quién mete a su campaña.

Hay que defender el derecho a la privacidad de los políticos, porque su vida privada es tan sagrada como la nuestra. Igualmente hay que exigir que lo público sea público, que el derecho a la información sea lo más amplio posible, que los funcionarios rindan cuentas no solo del dinero que gastan sino de las decisiones que toman. Si en ese ejercicio sale embarrado un hijo de una presidente, secretario, diputado, senador o gobernador, allá ellos.

Con los hijos no; con el dinero público tampoco.

Diego Petersen Farah

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