Si bien autoridades señalan que se concedió el permiso de construcción durante una Administración anterior, faltaban documentos en sus respectivos expedientes como planos del proyecto, proyecto arquitectónico, estudio de mecánica de suelos y resistividad del suelo.
Por Julieta Aragón
Tijuana, 4 de abril (Zeta).- Conforme a las declaraciones de una exfuncionaria, la construcción de uno de los edificios (el de tres niveles) en el fraccionamiento La Sierra presuntamente fue en 2009, y la edificación del otro fue en 2021.
Sin embargo, sólo se había encontrado la licencia de construcción extemporánea con número SB2021A53 del edificio de dos niveles, otorgada el 5 de abril de 2021 por la Administración de Arturo González Cruz.
De ambos edificios asentados en el número 22634 en la calle Tarahumara faltaba prácticamente el resto del expediente, consistente en planos del proyecto, proyecto arquitectónico, estudio de mecánica de suelos, resistividad del suelo.
La presentación oportuna, legal y técnicamente sustentada de los proyectos de las construcciones hubiera evitado que estén en vilo ambos edificios, así como los 71 deslaves, derrumbes y deslizamientos registrados durante 2022 y el 27 de marzo de 2023.
Jorge Ramos, Jorge Astiazarán Orcí, Juan Manuel Gastélum, Eduardo Terreros Martínez, Arturo González Cruz, Karla Ruiz Macfarland y Montserrat Caballero Ramírez están en el ojo del huracán por el Caso La Sierra, por omisión, incapacidad y/o corrupción al encabezar la Presidencia Municipal de Tijuana.
La Dirección de Administración Urbana (DAU), encargada de verificar los proyectos, ni siquiera tiene ligados los expedientes existentes entre las oficinas centrales y las delegaciones. Hasta el cierre de edición, la búsqueda exhaustiva se concentraba en la delegación San Antonio de los Buenos.
Además de ello, la gente que otorga licencia no cuenta con estudios estructurales y geotécnicos para hacer evaluaciones completas, y el personal es muy poco para las más de 3 mil solicitudes de todo tipo (licencias de construcción, de movimiento de tierra, etcétera).
La negligencia de los ayuntamientos también radica en que no se han publicado las declaratorias para las áreas de riesgo y su reducción de riesgo de los fraccionamientos Laderas de Monterrey, La Sierra, Roberto Curiel, Liberal Lomas del Rubí, Tejamen y Cumbres del Rubí, a seis años de que se le instruyera al Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN), hacerlo. Según el regidor Óscar Manuel Montes de Oca, esto no se ha dado por “intereses” de quienes han invertido en la zona.
Momento en que colapsa uno de los edificios en el fraccionamiento La Sierra, en Tijuana, tras derrumbe
Video: Ramón T. Blanco Villalón pic.twitter.com/yhw4388yt8— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) April 2, 2023
GONZÁLEZ CRUZ DIO PERMISOS: ALCALDESA; PETERON REVIRA
El miércoles 29 de marzo, Montserrat Caballero señaló que los permisos de los edificios de La Sierra fueron dados en la Administración de su antecesor, el también morenista Arturo González Cruz.
Horas antes la investigación había iniciado por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), cuyo titular, Enrique Bautista Corona, en un primer momento comentó que no se encontró información en el sistema. Hoy se sabe que, en el caso del edificio de dos niveles, con cuatro departamentos, quien se ostenta como propietaria del predio (Bertha Leticia Rojas Rodríguez) estaría por presentar a STDUA la licencia de construcción.
El documento indica que “deberá presentar el alineamiento existente” y que el predio debe contar con nueve cajones de estacionamiento. Fue firmado por Óscar Morales Orduña, jefe del Departamento del XXIII Ayuntamiento de Tijuana en San Antonio de los Buenos.
En entrevista con este Semanario, la extitular de la SDTUA, Patricia Peterson Villalobos, precisó que dicha licencia se trata de un adendum a una licencia anterior, ya que la construcción al parecer inició entre 2016 y 2017.
Aseguró que no ha sido citada para la investigación que está realizando el Ayuntamiento, que la dueña, el perito y el director responsable de obra debieron dar seguimiento y revisado conforme a lo que se autorizó.
Dijo estar “muy tranquila” porque sus colaboradores inmediatos y ella hicieron las “cosas bien”, y “no tenemos responsabilidad alguna de lo que está sucediendo en este momento”.
FALTARON MUROS DE CONTENCIÓN
El colapso del talud que provocará el derrumbe de los edificios de La Sierra se debe a que faltó soporte y estabilización del suelo. “Es evidente” que se necesitaban hacer obras de anclaje o retención, como muros de contención, indicó el ingeniero civil Jorge Alberto González Belmont.
Hay una “negligencia” de la DAU porque “una obra bien proyectada y construida no tiene por qué tener problemas”, y la autoridad es la responsable de revisar los proyectos ejecutivos que deben estar “perfectamente” sustentados con un estudio geotécnico y un proyecto estructural acorde a la relación suelo estructura que hay en este tipo de edificaciones.
Consideró que se debe ser “muy exigente” con los peritos y responsables proyectistas para que presenten los estudios completos ante las características del suelo de Tijuana. Los gobiernos municipal y estatal no le han dado una atención profesional al problema, porque deben crearse mapas de riesgo geológico y sísmico.
“La gente que otorga licencias no cuenta con los estudios estructurales y geotécnicos suficientes para hacer evaluaciones completas”, denunció González Belmont, quien dijo que incluso el Reglamento de la Ley de Edificaciones actual viola demasiados preceptos establecidos en la propia Ley de Edificaciones y sus normas técnicas complementarias en cuanto a los requisitos para los proyectos.
El asesor en geotécnica del Ayuntamiento de Tijuana, Javier Franco Casas, coincidió en que si los edificios hubieran tenido pilotes o alguna obra de contención no tendrían por qué haber fallado el suelo, el cual está deslizándose por el peso de la construcción, la lluvia y tener un corte sin pendiente.
Sobre el Bulevar Cuauhtémoc Sur hay diversos cortes verticales, lo que representa un riesgo en caso de que las construcciones no hayan sido edificadas con base en estudios de geotecnia realizados por especialistas, indicó el integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana.
Familias que habitaban los dos edificios en el fraccionamiento La Sierra no lograron sacar sus pertenencias, dueños de negocios también lo perdieron todo. De 2022 a 2023 se han registrado 71 deslaves, derrumbes y deslizamientos en #Tijuana.
Los detalles, en el Semanario ZETA. pic.twitter.com/6IJRoZHylu— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) March 31, 2023
AÑOS DE TRABAJO SEPULTADOS
“Dejé una camioneta ahí guardada y ya no me dejaron sacarla por seguridad”, dijo Marco Antonio Burgos Aguirre, quien rentaba una vivienda que fue etiquetada en Amarillo (predios en riesgo) sobre la calle Tarahumara.
“La verdad es que deseo que colapse ya, porque ni lo dejan a uno entrar por sus cosas ni nada y estamos en ascuas”, compartió el hombre, quien guarda la esperanza de que tras el derrumbe pueda “saber qué Plan B” va a tener.
Refirió que su suegra Virginia, “una mujer mayor y con dificultad para caminar”, no quería salirse de la casa donde creció y a la que había regresado hace 15 años. Esta situación “la tiene angustiada e incómoda”, porque tuvo que resguardarse en casa de familiares después de que su casa fue engomada en Rojo (alto riesgo).
El deslizamiento de tierra sepultó ocho años de trabajo de tres colaboradores del local “Venta y Reparación Willy”, quienes con lágrimas en los ojos y desesperados, usaron la puerta trasera del local para llevarse algunas de las lavadoras y refrigeradores seminuevos y reparados que comercializaban.
Saben que los próximos días serán difíciles, pues viven al día y es muy complicado encontrar otro espacio para regresar a trabajar.
Quien no tuvo oportunidad de sacar su mercancía ni las herramientas fue el dueño de la tienda de ventanas y puertas de aluminio, que pasó todo el lunes 27 de marzo frente al local, desde donde veía con impotencia cómo iba desmoronándose el cerro.
Hasta el cierre de edición, las grietas en la calle Tarahumara y en el complejo eran muy importantes, por lo que existe “una posibilidad de que se venga abajo” por la lluvia. Si bien el edificio está rotando por el movimiento de la ladera, los edificios no tienen grietas, dijo Bernardo Villegas, encargado de Despacho de la Dirección de Protección Civil.
La recomendación del área a su cargo es cerrar provisionalmente el tercer carril o la vialidad, esto último seguirá analizándose, adelantó en el marco de la sesión extraordinaria en la que el Consejo Municipal de Protección Ciudadana aprobó por unanimidad realizar la Declaratoria de Emergencia por Riesgos Geológicos e Hidrometeorológicos en Tijuana, para acelerar las acciones de prevención, mitigación y solución relacionadas con la inestabilidad de laderas.
AUMENTAN DESLAVES
De enero 2022 y hasta el martes 28 de marzo de 2023, se habían registrado 71 deslaves, derrumbes y deslizamientos en Tijuana. De estos, 65 ocurrieron en los primeros meses del año en curso, y la mayoría se consideran activos, en constante monitoreo.
Bernardo Villegas indicó que actualmente están activos el de La Sierra con 20 inmuebles engomados en Rojo y posiblemente se etiquetarán cinco viviendas en Amarillo, que se encuentran del otro lado del Bulevar Cuauhtémoc.
En el Aguje de la Tuna, 32; Herradura Sur Primera Sección, 12; Lomas de la Presa, 22; Camino Verde, 287 y el Cañón del Matadero.
Según Protección Civil, las lluvias también aceleraron el proceso de inestabilidad de laderas en Villa del Prado II y Terrazas del Rubí.
DESLIZAMIENTO DEJA SIN AGUA A SEIS COLONIAS
Desde el 21 de marzo quedaron sin servicio de agua potable habitantes de las colonias Chapultepec Doctores, Cubillas, Coto 1, Coto 2, Neidhart, Gabilondo y parte de la Cacho, denunció Jaime Alfredo Alcocer Madrid, residente del área.
En la calle Gustavo Baz, esquina con Roberto Michel de Chapultepec Doctores, a simple vista se observa que una de las paredes de la vivienda está apuntalada ante el riesgo de colapsar.
El martes 28 de marzo, trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) laboraban para reparar un tubo de 500 metros para restablecer el servicio a las 601 cuentas afectadas, lo que sucedió entre el miércoles 29 y jueves 30.
INTERESES ECONÓMICOS RETRASAN DECLARATORIA DE RIESGO
A mediados de 2016, el XXI Ayuntamiento de Tijuana instruyó al IMPAN hacer la Declaratoria para Áreas de Riesgo en Laderas de Monterrey, Lomas de del Rubí y Cumbres del Rubí.
A más de seis años de ello, no se ha publicado el documento que restringirá la construcción y/o definirá cómo debe hacerse en esas zonas.
En la actual Administración de Montserrat Caballero Ramírez ya transcurrió un año de que el Cabildo aprobó que se hicieran las consultas para consensar los anteproyectos del IMPLAN, pero aún no hay fecha para su aprobación.
“La intención de este Gobierno es publicarla” junto con la planeación urbana del IMPLAN, para “prevenir que se construyan edificaciones pesadas en estas áreas y poder evitar algún colapso por alguna construcción de este tipo”, aseguró Bautista Corona.
Sin embargo, el regidor de Morena, Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez señaló que la demora en la publicación de las declaratorias para las áreas de riesgo y su reducción de riesgo en los fraccionamientos Laderas de Monterrey, La Sierra, Roberto Curiel, Liberal Lomas del Rubí, Tejamen y Cumbres del Rubí se debe a “intereses de personas que han invertido”.
“Tenemos casi 50 amparos en zonas de alto riesgo que ahora las queremos determinar como normales, y no es así, por eso pedimos que nos hicieran las zonas de riesgo, y en automático no dar permisos”, dijo el edil en referencia al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana (PMDU T) 2023-2040, el cual propone modificar los usos de suelo en toda la ciudad, permitir condominios y dejar a discreción del proyectista el otorgamiento del permiso, acusó el integrante de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos.
Se mostró a favor de haya una revisión de los inspectores, ya que, aseguró, “en las delegaciones hay personal de cada dependencia, pero los inspectores o cobran piso, o cobran una cantidad y se hacen tontos, y después nos dejan el problema ya ahorita que tenemos y se echan la bolita todo mundo, nadie es responsable”.
Consideró que los Ayuntamientos “no tienen ninguna excusa” para decir que nadie se dio cuenta, menos en un lugar tan transitado donde “todo mundo sabe cuándo hay movimientos”.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ANTE EMERGENCIA
El regidor morenista adelantó que en los siguientes días (hoy viernes 31 de marzo o principios de la semana próxima) habrá una sesión extraordinaria de Cabildo para hacer una modificación presupuestal de entre 80 y 100 millones de pesos, para que la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM) haga la obra emergente del Cañón del Matadero.
Adicionalmente, se hará una modificación presupuestal para un programa de bacheo para las calles que “están totalmente destrozadas por la lluvia”, debido a que “no nos va a alcanzar” el recurso del programa de regularización de autos chocolate.
A su vez, se buscará implementar medidas que contengan el cerro que se está desgajando en el fraccionamiento La Sierra. Estimó que ese cambio presupuestal podría ser de 300 millones de pesos recortándole a gasto corriente sin afectar la operatividad del Gobierno.
REVISARÁN LICENCIAS
A propósito de los recientes deslizamientos, el Gobierno estatal anunció una mesa técnica con el Ayuntamiento para revisar que las construcciones cuenten con licencias y se sancione hasta con nueve años de cárcel a quien haya edificado en contravención al Atlas de Riesgo, planes o programas de desarrollo urbano correspondiente.
El consejero jurídico Juan José Pon Méndez llamó a la ciudadanía a presentar las denuncias ante el Ministerio Púbico y aseguró que no había ninguna.
Pese a la estridente promesa, apenas en febrero, al cumplirse un lustro de los derrumbes de Lomas del Rubí, damnificados denunciaron que Gobierno del Estado no ha proporcionado recursos económicos para hacer un estudio de mecánica de suelo, que constituiría una prueba para fincar responsabilidad a los funcionarios que fueron omisos y a quien provocó el derrumbe, aun cuando el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala, se había comprometido. “Pura simulación”, expresó entonces Ricardo Montiel, uno de los afectados.
Acusaron que incluso han tenido que interponer amparos para que la autoridad proporcione información en las denuncias presentadas contra Grupo Melo, empresa señalada de haber provocado el derrumbe por cortar el cerro para construir el fraccionamiento Valle del Pedregal, ubicado sobre Bulevar Cuauhtémoc Sur, en febrero de 2018.
