En 2020, se estima que 9.5 millones de personas en los Estados Unidos usaron opioides sin fines médicos, entre ellos el fentanilo. Ese mismo año, en México sólo se registraron 73 casos de consumo de este opioide sintético. Washington ha encendido las alarmas por las 106 mil 854 muertes por sobredosis y ha fortalecido su discurso contra los cárteles a los que algunas voces quieren combatir en suelo mexicano. Lo cierto es que 86.3 por ciento de las personas que están en prisión en ese país por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana, mientras que en México los decomisos de este fármaco han incrementado mil 79 por ciento más que en la administración anterior.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– El tráfico de fentanilo, un opioide que cada día se cobra la vida de 200 estadounidenses, se encuentra en el centro de la disputa entre el Gobierno de México y el sector político más conservador de Estados Unidos, que ha usado este problema de salud pública —que conlleva desde hace años las sobredosis por esta sustancia— para amagar con legislaciones que plantean una intromisión para enfrentar a los cárteles de la droga en suelo mexicano.
El mismo Gobierno del Presidente Joe Biden ha llevado a cabo toda una cruzada contra el fentanilo. En abril de 2022, hace un año, la Casa Blanca anunció una estrategia centrada en atender las adicciones que en 2021 derivaron en la muerte de 106 mil 854 personas por sobredosis, según sus cifras, y en perseguir a los cárteles que las trafican a suelo estadounidense. Un año después, un bloque de republicanos del ala conservadora ha presentado formalmente ante el Senado estadounidense la llamada Ley Narcos, que designa a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta medida, según el Senador Lindsay Graham —quien ha entrado en una confrontación directa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador— busca desplegar tropas estadounidenses en suelo mexicano con el pretexto de combatir a los carteles mexicanos a quienes señalan de controlar gran parte de México y de ganar millones de dólares enviando fentanilo a Estados Unidos.
No obstante, un reporte reciente del CATO Institute muestra que el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos es financiado en última instancia por los consumidores estadounidenses: casi el 99 por ciento. En 2021, 86.3 por ciento de los traficantes de drogas de fentanilo condenados fueron estadounidenses. Y más del 90 por ciento de las incautaciones de fentanilo ocurren en los cruces legales, no en las rutas de migración indocumentada, porque los ciudadanos estadounidenses están sujetos a menos escrutinio.
Los datos de consumo también muestran que el problema está en EU. De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), en 2020, se estima que 9.5 millones de personas en los Estados Unidos habían usado opioides sin fines médicos en el último año. De estas, 9,3 millones de personas habían consumido opioides farmacéuticos sin receta médica. En tanto, en México los datos proporcionados por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y de Sustancias Psicoactivas, detectaron en el mismo año sólo 73 casos de consumo de fentanilo.
Pese a ello, existen dudas sobre las cifras mexicanas. El estudio “La introducción del fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México: un relato etnográfico triangulado con datos de control de drogas de Tijuana” publicado en junio de 2022 en The International Journal of Drug Policy señala que los fentanilos de fabricación ilícita han cambiado el entorno de riesgo de las personas que consumen drogas.
“En California y muchos estados del oeste de EU, la tasa de sobredosis de opioides se disparó entre 2016 y 2021, impulsada en gran medida por el fentanilo. Las ciudades fronterizas mexicanas actúan como puntos de tránsito para el suministro de drogas ilícitas y es probable que se presenten riesgos similares para la salud. Sin embargo, debido a las lagunas de datos en la infraestructura de vigilancia, se sabe poco sobre la prevalencia del fentanilo en México”, señala el análisis.
No obstante, el día de ayer, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, reconoció que el tráfico de fentanilo a Estados Unidos es un problema “muy serio”, aunque matizó durante su participación en la conferencia mañanera: “en el origen de este problema, México no ha tenido absolutamente nada que ver. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema”.
El Secretario de Relaciones Exteriores expuso que el origen tiene un vínculo directo con la autorización emitida en 1996 a varias farmacéuticas en Estados Unidos para distribuir el analgésico en farmacias y poder comprarlo con receta.
Desde que el Presidente Richard Nixon declaró en junio de 1971 la “guerra contra las drogas”, han sido diferentes los reclamos de Washington hacia México para frenar el contrabando de distintas sustancias. “Antes lo fue la heroína y en su tiempo las metanfetaminas, la cocaína o la mariguana y el opio, en una sucesión cronológica”, escribió hace unas semanas el académico Jorge Javier Romero Vadillo.
Lo cierto es que en México, las cifras oficiales dan cuenta de un incremento en los decomisos de esta sustancia. A inicios de año el Gobierno de López Obrador dio a conocer que los decomisos de este opioide sintético incrementaron mil 79 por ciento más que en la administración anterior.
En tanto, las cifras de un análisis del CATO institute muestran cómo gran parte del papel en el tráfico del fentanilo hacia EU recaen, de hecho, en manos de estadounidenses. Datos de la Comisión de Sentencias de EU sobre todas las condenas federales, que incluyen información demográfica sobre las personas condenadas por el trasiego de esta sustancia, muestran que los estadounidenses son los que tienen la mayor cantidad de condenas por tráfico de fentanilo con el 86.3 por ciento en comparación con sólo el 8.9 por ciento de los inmigrantes sin documentos.
El informe señala que el hecho de que los ciudadanos estadounidenses representen la mayoría de las condenas por tráfico de fentanilo no es sorprendente dada la ubicación de las incautaciones fronterizas de fentanilo. Más del 90 por ciento de estas ocurren en cruces fronterizos legales y puntos de control de vehículos interiores; en el 91 por ciento de los casos están involucrados ciudadanos estadounidenses, mientras que solo el 4 por ciento son de inmigrantes “potencialmente deportables”.
Pese a ello, existe una idea en sectores conservadores estadounidenses que acusan a los migrantes sin papeles de ser los responsables del tráfico de esta sustancia. Una encuesta de NPR/Ipsos encontró que 6 de cada 10 republicanos señalaron que migrantes irregulares estaban detrás del contrabando del fentanilo a su país.
Este discurso, ha hecho eco en el Congreso. El Senador extremista Lindsey Graham es una de esas voces. En días pasados presentó una propuesta que busca enfrentar el tráfico de droga, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos y que cuenta apenas con el apoyo de otros cinco de 49 senadores que forman la minoría republicana en la Cámara Alta.
“Atacamos a terroristas en todo el mundo para defender a los estadounidenses, así que si tenemos que hacerlo en México lo haremos”, dijo el legislador conservador.
En respuesta, el Presidente López Obrador llamó esta propuesta “intervencionista” y sostuvo que con ello se busca estigmatizar a México. El Presidente señaló a los legisladores republicanos de manipular a los estadounidenses a través de los medios de comunicación.
Lo cierto es que el mandatario ha negado que el fentanilo se produzca en México, aunque su administración ha reconocido haber encontrado decenas de laboratorios donde se produce, principalmente en Sinaloa.
