La exprimera dama de Veracruz es requerida por el Gobierno de México por supuesto fraude, después de que su exesposo, el exgobernador de la entidad, fuera encarcelado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
#FGRInforma | El Departamento de Estado de la Gran Bretaña acaba de ordenar la extradición de Karime “M”, ratificando la resolución del juzgado británico que conoció del caso. Esta persona tiene catorce días para impugnar esa determinación. pic.twitter.com/sKnlWohg4z
— FGR México (@FGRMexico) April 6, 2022
El pasado 17 de febrero, la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) dio luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla. El Juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas eran suficientes para autorizar la extradición.
México solicitó la extradición de Tubilla en relación con unos fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero que ella rechaza.
La exprimera dama de Veracruz aseguró que apelaría la decisión del Juez, pues argumentó que dicho dictamen surgió por las declaraciones falsas de algunos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; entre ellos mencionó al exfuncionario Miguel Ángel Yunes Linares.
“En México, el Gobierno de Miguel Ángel Yunes y su equipo se encargó de armar ilegal y maliciosamente esta absurda acusación de fraude. Lo hicieron, abusando de sus cargos al grado de torturar testigos para declarar falsedades en mi contra, lo que ya está probado. Lo hicieron controlando jueces locales y dejando en claro que la Fiscalía estatal es sólo un anexo de la oficina del Gobernador, sin la independencia que tan sólo existe en el papel y no en la realidad. Su plan fue difundir masivamente una imagen negativa de mi persona y conseguir con ello el que se me prejuzgara injustamente como culpable”, aseguró Macías en ese momento, tras anunciarse la decisión de la Corte inglesa.
Su exesposo, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable en septiembre de 2018 de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exfuncionario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarían en su contra.
