México, 5 Abr (Notimex).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio por concluido el tema surgido del informe sobre la tortura en México, tras reafirmar su postura sobre el desacuerdo por el papel desempeñado por el Relator Especial para dicho trabajo, Juan Méndez.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del Relator, como es el caso de Australia, y también otros que no han atendido sus llamados, como Estados Unidos.
Precisó que en el caso de México, varias secciones del informe contienen un análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y de las políticas públicas que se han venido poniendo en práctica para prevenir y sancionar la comisión de esta grave violación a los derechos humanos.
Sin embargo, la importante discrepancia con algunas de las valoraciones vertidas por el Relator, tanto en el informe como en las declaraciones que dio, es sobre que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden.
“Esta valoración no corresponde a la realidad”, además de ser una conclusión a la que no se ha podido dar sustento tanto en las afirmaciones públicas del Relator – Juan E. Méndez- y lo que señala en su informe, aseguró en entrevista con Notimex.
Explica que el relator define el término “generalizado” como actos que no son “aislados”, lo que contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.
Situación, agrega, que el propio relator así lo ha reconocido en diversas entrevistas en las que ha ofrecido su propia definición del término generalizado.
No obstante, aseveró que al mismo tiempo, México reconoce, sin la menor ambigüedad, que el caso particular, sobre el tema de la tortura, que es una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido erradicada totalmente.
De ahí, agrega, “valoramos positivamente la visita y las recomendaciones del Relator y, precisamente por la importancia que asignamos a la cooperación con los mecanismos internacionales, nos interesa que sus diagnósticos sean del todo objetivos”.
En este sentido, José Antonio Meade aseguró que tras este incidente México reafirma su compromiso de apertura al escrutinio internacional.
“No debe existir duda alguna al respecto. México se mantiene abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal”, manifestó el canciller.
De ahí, subraya, “la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su postura en torno a lo dicho sobre el papel desempeñado por el Relator y da por concluido este diferendo surgido a raíz del informe presentado hace unas semanas”.
De hecho, agrega, se han acreditado plenamente cada una de las afirmaciones hechas por México al respecto, así como externado la postura ante la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Así, “no cerramos las puertas al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, como se ha pretendido señalar, sino que exigimos del trabajo de un relator seriedad, rigor y apego a los principios de diálogo constructivo que rigen sus acciones”, reitera.
Aseveró que México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del Relator.
Detalló que la información que proporcione México incluirá los últimos desarrollos legislativos en la materia, conforme a las iniciativas del Ejecutivo Federal del 27 de noviembre de 2014.
Así como los instrumentos de política pública que las autoridades federales y estatales han desarrollado para mejorar la capacidad de prevención, investigación y sanción de los actos de tortura, concluyó el canciller mexicano.
Cabe recordar que este mismo año, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan E. Méndez presentó al Consejo de Derechos Humanos un reporte el que señala que las políticas de asilo de Australia violan la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Días después, el Primer Ministro de Australia, Tony Abbott, reaccionó con enojo a los señalamientos hechos por el Relator y dijo que los australianos estaban “cansados de los sermones de Naciones Unidas”.
Agregó que el organismo internacional debía dar más crédito al gobierno de Australia porque con su política ha detenido el flujo incesante de barcos con inmigrantes y puesto fin a las muertes en alta mar.
También acusó a Naciones Unidas de creer las afirmaciones “de los habituales activistas de derechos humanos” para hacer conclusiones “absolutamente disparatadas” sobre el tratamiento que da Australia a quienes buscan asilo.
