Por: Karen Valadez*

El 8 de marzo tomaremos las calles de nuevo para reclamar que nos siguen violentando, discriminando y asesinando por ser mujeres. Pese a que las demandas son diversas y las respuestas son pocas, desde Fundar señalamos cuatro agendas que siguen pendientes para alcanzar la justicia, libertad y autonomía de las mujeres en todas sus diversidades y que es apremiante que el Estado ponga al centro de las políticas para prevenir y atender la violencia estructural hacia las mujeres en México:

1. La corrupción y sus impactos diferenciados por razones de género

El combate a la corrupción se ha convertido en la narrativa eje de la administración que está por salir; sin embargo, la garantía de derechos a la salud, la educación y la alimentación que tiene relación con fenómenos como el desvío y captura de recursos, las prebendas para acceder a trámites, la opacidad o la impunidad siguen presentes y amplían las brechas de desigualdad por razones de género pues tienen un impacto diferenciado y desproporcionado en niñas, adolescentes y mujeres.

La opacidad favorece los actos de corrupción sobre todo si la vigilancia ciudadana no es posible y no hay claridad sobre la implementación de dichos recursos.

Por ejemplo, la opacidad en la asignación y ejercicio desagregado de los recursos públicos destinados a la salud sexual y reproductiva, así como la desaparición de las herramientas de rendición de cuentas con las que contábamos hasta 2022 –como los convenios AFASPE y el SIAFFASPE– no nos permite dar seguimiento a cómo se gastan los recursos.

2. La justicia fiscal sin impuestos al patriarcado no es justicia para las mujeres

En los últimos años, el Estado ha mantenido dentro de sus prácticas de política fiscal una recaudación supuestamente neutra que, sin poner en el centro la perspectiva de género y la ética feminista, perpetúa las desigualdades. Los sesgos de género no dejan ver que quienes se privilegian y reciben beneficios del sistema tributario son quienes concentran la mayor cantidad de riqueza que, en México y el mundo, son hombres.

Esto tiene como resultado una redistribución desigual de los recursos, que se suma a la desfinanciación de las instituciones y programas que tienen como objetivo la igualdad sustantiva y el combate a la violencia contra las mujeres, por ser temas que se supeditan a los proyectos y programas prioritarios a los que la actual administración asigna la mayor cantidad de dinero.

3. La deuda histórica con las mujeres indígenas

La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas es necesario, pero no suficiente cuando otras categorías identitarias son motivo para que las personas y grupos sufran actos de violencia y discriminación en razón de su género, sexo, color de piel o pertenencia étnica, de ahí la importancia de incorporar un enfoque interseccional que permita construir políticas diferenciadas y asignaciones presupuestarias que atiendan esas necesidades y demandas específicas que, de otro modo, vulneran a algunos grupos sociales.

Ejemplo de ello es el caso del presupuesto asignado a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) en los últimos años, pues este ha experimentado una reducción de 30% en términos reales entre 2019 y 2022, lo que ha generado diversos obstáculos para el desarrollo de sus actividades. Lo anterior provoca retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres indígenas, un sector históricamente vulnerado.

4. Las desapariciones de mujeres y su vínculo con la violencia de género

La violencia generalizada hacia las mujeres se pone en evidencia a diario. En nuestro país, 7 de cada 10 mujeres[1] nos hemos enfrentado a algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Y actualmente, existen más de 27,235 reportes de mujeres desaparecidas que, si bien, representan un cruce de factores que van más allá de la condición de género de las mujeres, esta cifra representa el 23.65%[2] del total de personas desaparecidas, lo que indica la necesidad de generar políticas que analicen en el fenómeno de la desaparición, el componente de género que dé mayores pistas sobre las causas de la desaparición de tantas mujeres en el país

Desde Fundar sabemos que, para alcanzar la justicia de género, es necesario hacer cambios estructurales; por ello, dentro de estas agendas, exhortamos al Estado a prevenir, investigar y sancionar la corrupción con enfoque de derechos humanos y género, y que las instituciones impulsen el diálogo activo entre las agendas anticorrupción y feminista para contar con una mirada integral y acciones estructurales sobre las causas, efectos e impactos diferenciados de la corrupción. Además, exigimos impuestos al patriarcado para financiar programas públicos que beneficien la igualdad de género y el combate a la violencia hacia las mujeres, y reconocer desde un enfoque interseccional, que las respuestas del Estado a las mujeres deben considerar los contextos situados y las necesidades específicas de cada grupo y región, priorizando la participación de ellas en la generación de políticas públicas y asegurando que cuenten con recursos para la implementación de estos. ¡Que la justicia alcance a todas las mujeres, o no será justicia!

* Karen es oficial de género en @FundarMexico.

[1] ENDIREH, 2021 https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/

[2] Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, febrero 2023

Fundar

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