Con la cuenta regresiva corriendo frente a las elecciones de 2023, a Alfredo Del Mazo y a Miguel Ángel Riquelme Solís le quedarán sólo algunos meses para que las arcas de Estado de México y Coahuila, respectivamente, no estén manchadas por irregularidades, al menos durante sus gobiernos.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Alfredo del Mazo Maza y Miguel Ángel Riquelme Solís terminarán este año sus gobiernos en el Estado de México y Coahuila, respectivamente, pero no sin dejar una suma de más de 9 mil 600 millones de pesos sin aclarar desde el ejercicio fiscal de 2018.
En territorio mexiquense, el priista Del Mazo Maza acumuló 2 mil 815 millones 771 mil 860.74 de pesos que siguen pendientes de aclarar o recuperar, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); mientras que en Coahuila la administración de Riquelme Solís ejerció 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos de manera irregular, sin justificar ni solventar el gasto.
Con la cuenta regresiva rumbo a los cambios de administración, a Del Mazo le quedarán poco más de seis meses, y a Riquelme Solís poco más de ocho, para que las arcas de sus estados no estén manchadas por irregularidades, al menos durante sus gobiernos.
EDOMEX DEJA SIN ACLARAR 2 MIL 815 MDP
El Gobernador Alfredo del Mazo Maza tomó protesta al cargo del Poder Ejecutivo del Estado de México el 16 de septiembre de 2017, y está próximo a salir del cargo en septiembre de 2023, después de que más de 12.5 millones de mexiquenses salgan a votar en las elecciones estatales.
Sin embargo, durante los ejercicios fiscales de 2018 a 2021, su administración sumó 2 mil 815 millones 771 mil 860.74 de pesos que la Auditoría Superior de la Federación todavía identifica como “Por Recuperar o Aclarar”.
Del total, el 92.8 por ciento corresponde a los primeros tres años completos del Gobierno de Del Mazo Maza, mientras que el restante 7.2 por ciento del dinero irregularmente empleado corresponde al ejercicio fiscal 2021, del cual la ASF hizo su entrega final apenas el pasado 20 de febrero.
En el 2018, la ASF reportó a la administración del Estado de México que había irregularidades por un monto de 18 mil 567 millones 813 mil 623.17 pesos. Aunque el Gobierno estatal posteriormente enteró y/o justificó la mayoría del dinero, quedaron pendientes por aclarar o recuperar un total de 2 mil 348 millones 367 mil 907.66 pesos.
Las observaciones que persistieron para ese año estuvieron relacionadas con pagos a trabajadores no identificados por los responsables de los centros de trabajo o no localizados en los mismos; pagos de sueldo en exceso; adquisición de medicamentos con recursos no etiquetados para ello; recursos de los que no se acreditó su compromiso, devengo y pago ni su reintegro a la Tesorería de la Federación (Tesofe); no se presentó la documentación de que hubo una entrega de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2018 a los diversos municipios del estado.
La Auditoría identificó que 5 millones 835 mil pesos de los recursos destinados a viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 no fueron utilizados porque no se pudo localizar a los beneficiarios en las viviendas dictaminadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con daño total o parcial.
“El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó la documentación que comprueba y acredita la entrega de los medios de disposición de apoyos entregados a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y la aplicación efectivamente en las obras y acciones del programa de vivienda en los términos que establece la normativa; sin embargo, queda pendiente la cantidad de 5 millones 835 mil pesos debido a que no se entregaron dichos apoyos a los damnificados al no encontrarse en el domicilio dictaminado con daño, por lo que persiste la observación”, indicó la ASF en el documento 2018-0-06100-19-0049-2019.
Sin embargo, el mayor número de observaciones persistentes son referentes a la obra pública.
En este rubro, se encontraron irregularidades por la falta de amortización total de los anticipos otorgados en tres contratos; por falta de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de dos obras ejecutadas por el municipio de Naucalpan; por dos conceptos con volúmenes de obra pagados que en la verificación física no fueron localizados en el municipio de Naucalpan; por pagar la obra “Sustitución del Puente Peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el km. 12+400” con dos estimaciones fuera del periodo de ejecución autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por diferencias en volúmenes de obras; realización de la obra “Construcción de Área de Atención del Archivo Histórico (obra nueva), Toluca, San Buenaventura”, misma que se encontraba suspendida; 11 obras pagadas y no ejecutadas; por obra de calidad deficiente y fuera de las especificaciones técnicas, entre otras.
Un año después, en el 2019, el monto que se quedó sin aclarar ni recuperar fue de 189 millones 892 mil 112.74 pesos.
En ese ejercicio fiscal, la Auditoría detectó que los recursos pendientes de solventar correspondieron al pago de trabajadores de la Secretaría de Salud que carecían de la documentación que comprobara que tenían la preparación académica requerida; por retenciones de obra pública sin justificar; el pago de “estímulo al personal” a mil 764 trabajadores sin la documentación que demostrara sus actividades desarrolladas, pagos duplicados a trabajadores recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019 no comprometidos ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; falta de documentación que comprobara el gasto de los recursos de Infraestructura Educativa Superior erogados por la Universidad Politécnica de Atlacomulco; e inconsistencias identificadas en el pago de las nóminas y estímulos con cargo a las participaciones federales.
Este mismo año, la ASF identificó que el Gobierno del Estado de México hizo retenciones del 2 y 5 al millar y del dos por ciento a contratistas que ejecutaron obras con recursos del Fondo de Infraestructura para las Entidades 2019, mismas que no fueron enteradas ni a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ni a la Secretaría de la Contraloría estatal y tampoco al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.
Para 2020, las irregularidades detectadas fueron en el ejercicio de 74 millones 725 mil 220.85 pesos. Este dinero se destinó al pago de prestadores de servicios del sector salud en el Estado de México y de “personal eventual”, pero sin que se acreditara mediante los estados de cuenta estos pagos o bien sin que se presentara un informe de actividades que demostrara que se habían prestado los servicios.
Igualmente faltó la documentación comprobatoria de la adquisición de armas y municiones, que el Gobierno estatal compró a la Secretaría de la Defensa Nacional pero cuya entrega no se pudo acreditar; se cancelaron pagos sin que se reintegrara el dinero a la cuenta bancaria receptora de los recursos de un programa para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a personas sin seguridad social, ni a la Tesorería de la Federación; la transferencia de más de 40 millones de pesos a dos cuentas bancarias del Instituto de Salud mexiquense sin que se acreditara que los recursos fueron utilizados para los fines del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; y dinero no reintegrado a la Tesofe.
Finalmente, en la más reciente Cuenta Pública 2021, de la cual la tercera entrega se hizo apenas el pasado lunes 20 de febrero, se detectaron 202 millones 786 mil 619.49 pesos utilizados por el Gobierno de Del Mazo Maza con irregularidades, las cuales correspondieron a pagos a personal excedentes al autorizado por conceptos como anteojos, prima quincenal, y de Día de las Madres; pagos a trabajadores con licencias sin goce de sueldo; y pagos a trabajadores de quienes no se acreditó su empleo durante el ejercicio fiscal en curso.
EN CUATRO AÑOS, COAHUILA DEJA 6 MIL 827 MDP PENDIENTES
De su primer año fiscal completo en 2018, el Gobierno del priista Miguel Ángel Riquelme Solís dejó un monto de tres mil 555 millones 154 mil 325.13 pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.
Estos recursos obedecían al pago de trabajadores no localizados ni identificados en sus centros de trabajo; a la falta de “documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de 5 entidades del Gobierno del Estado de Coahuila”; el pago indebido de un transformador cuya existencia y entrega no se pudo constatar; un semáforo centralizado y un sensor detector por infrarrojo que no se habían ensamblado; trabajos de mala calidad en letreros de velocidad; obra pagada no ejecutada de “Suministro y colocación de vialeta de 10 x 10 x 1.8 cms, color amarillo, con un lado reflejante, incluye pegamento epóxico, equipo y mano de obra, por unidad de obra terminada”; botes de basura y bancas no instaladas; pagos a trabajadores que ya habían sido dados de baja o que no acreditaron las funciones para las que fueron contratados; entre otras.
Para el 2019, la Auditoría informó al Gobierno de Coahuila que se habían ejercido irregularmente 416 millones 801 mil 537.76 pesos. Estos recursos, indicó en sus informes, estaban relacionados con el pago de trabajos no ejecutados, pagos de 14 acciones de vivienda que no fueron localizadas en la inspección física de obra; pagos a trabajadores después de la fecha de baja; recursos transferidos a la Comisión Federal de Electricidad “para 29 obras de electrificación, de los cuales no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ni se acreditó el devengo de los trabajos”; y la falta de aplicación de sanciones a un contratista por el incumplimiento del programa de obra.
La ASF también detectó en la Cuenta Pública 2019 que se generaron pagos dura de norma por la construcción de una carpeta de pavimento; y se solicitó aclarar gastos por dinero ejercido “por los ejecutores en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios”; “por concepto de información sobre la aplicación de Participaciones Federales 2019 en materia de obra pública por parte del Instituto Electoral de Coahuila, el Instituto Estatal de la Vivienda Popular y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la UADEC”; y un incremento en la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2019, importe que representó el 5.4 por ciento con respecto a lo aprobado.
En el 2020, las observaciones hechas por la ASF sumaron 416 millones 801 mil 537.76 pesos, los cuales correspondieron a la falta de aplicación de penas por el retraso en la entrega de bienes del sector salud; pagos a proveedores “de los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa” con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020; pagos a trabajadores posteriores a la fecha de su baja y a otros que tenían licencia sin goce de sueldo; por retenciones efectuadas del Impuesto Sobre la Renta y del Sistema de Ahorro para el Retiro “de las que no se identificaron los enteros con los recursos del fondo ni fueron devueltos a la cuenta del fondo”; y por “no haber constituido el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales”.
La Auditoría, finalmente, indicó en su más reciente Cuenta Pública 2021 que el Gobierno de Coahuila tenía pendientes por aclarar o recuperar mil 215 millones 228 mil 629.75 pesos.
En sus informes, el organismo federal detalló que los recursos se destinaron al pago de servidores públicos que no estaba contemplado en el fondo del que provino el dinero, el pago de intereses al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el pago de remuneraciones superiores a las convenidas de un servidor público; por no comprobar el gasto de contratos suscritos por la Universidad Politécnica Monclova Frontera (UPMF) y la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC); el pago en exceso a 82 servidores públicos; transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2021 hacia otras cuentas bancarias desconocidas; entre otras.
