Los desplazamientos de personas privadas de la libertad a centros penitenciarios en entidades distintas a donde son originarias se caracterizan por violaciones a derechos humanos, pues con frecuencia permanecen incomunicadas y son alejadas de sus familias. En los primeros meses de este 2023 cientos de personas han sido trasladadas sin que las autoridades den detalles sobre su condición.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– En lo que va del año más de 720 personas privadas de la libertad han sido trasladadas en grupos desde centros penitenciarios de Chihuahua, Zacatecas, la Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí y Guerrero a otros estados.
Las autoridades locales argumentaron motivos de seguridad y la intención de “despresurizar” los espacios, pero no especificaron qué tomaron en cuenta para reubicar a cada una de ellas. La opacidad durante las movilizaciones es la constante, denuncian familiares y activistas, también alertan sobre violaciones a los derechos humanos de esta población.
Los traslados, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, pueden ser de dos tipos: los voluntarios, que son solicitados por la persona privada de la libertad; y los involuntarios, requeridos por autoridades en casos de emergencia o si se pone en riesgo “la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario”. Sobre los últimos, las autoridades estatales sólo comparten información general tanto a la ciudadanía como a sus familiares.
La última movilización de un grupo de personas privadas de la libertad de un estado a otro que se hizo pública fue en Guerrero el 9 de febrero. La Secretaría de Seguridad local informó del traslado de 35 hombres y cuatro mujeres de centros penitenciarios de Iguala y Chilpancingo a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) del país.
Al cuestionar a dónde fueron movilizados y cuántos de manera voluntaria, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario respondió que es información “muy confidencial” y no la puede compartir.
Previamente, el 29 de enero la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó del traslado de 89 hombres privados de la libertad a Ceferesos, 22 fueron llevados al número cuatro, en Nayarit; 22 más al de Durango; 22 al Cefereso 18 de Coahuila, y los 23 restantes Centro Federal de Readaptación Social 15, en Chiapas.
El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch expuso en sus redes que “generaban inestabilidad”. En un comunicado la dependencia relacionó al menos a 11 con grupos de la delincuencia y no dio más detalles sobre los 78 restantes. Al solicitarle información sobre en qué centros se encontraban antes de ser movilizados, cuántos de ellos tienen sentencias, por qué delitos y por qué motivos se les desplazó, la dependencia no respondió.
Hoy se efectuó el traslado a Centros Federales de 89 personas que generaban inestabilidad en Centros Penitenciarios de CDMX, son 138 personas transferidas en dos meses.Gracias a @GN_MEXICO_ y a la Secretaria @rosaicela_ su apoyo para fortalecer el orden del sistema penitenciario pic.twitter.com/DFlFR5d1mY
— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 29, 2023
Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo tampoco contestó a la solicitud de más detalles sobre el traslado de 197 personas a penales federales del país el 27 de enero, sólo argumentó en un comunicado que lo realizó para “despresurizar” los centros locales y “mantener un estado de gobernabilidad”.
Unos días antes, desde San Luis Potosí fueron movilizados 38 hombres y dos mujeres. En lo que va del año sólo en esta entidad autoridades informaron que todas las personas cumplen condenas por delitos federales, aunque, como en los otros casos, al referirse a la razón del traslado sólo mencionó que fue “garantizar la gobernabilidad” de los centros de privación de la libertad estatales.
Con los mismos argumentos, 165 personas fueron transferidas de Zacatecas a otros centros penitenciarios del país entre el 4 y 5 de enero. La Secretaría de Seguridad no precisó a qué centros penales fueron enviados, quién solicitó el movimiento ni a dónde. Al ser cuestionada por este diario digital sólo dijo que la información es “reservada y por cuestiones de seguridad no puede ser revelada”.
Mientras que la misma semana, a 191 personas privadas de la libertad las trasladaron desde Chihuahua a otros estados luego de que el primer día del año una fuga masiva y un motín en el Cereso de Ciudad Juárez causó la muerte de 17 hombres.
Las movilizaciones se realizaron cuando los centros penitenciarios aún estaban a cargo de la Secretaría de Seguridad local (SSP) –después del motín, la responsabilidad fue transferida a la Fiscalía–, por ello SinEmbargo pidió a ambas dependencias detalles de la situación de estas personas, pero no dieron más información que la compartida en redes y un comunicado de la SSP, donde mencionó que los delitos por los que están detenidas son homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado, esto sin precisar, por ejemplo, cuántas de ellas ya estaban sentenciadas o los motivos específicos para movilizarlas.
Lo que sí difundió la fiscalía fueron fotografías donde se observa al grupo de hombres siendo trasladado con las manos amarradas y la cabeza baja.
“Ven a las personas como objetos que pueden mover a cualquier parte y no les importa violar sus derechos, porque muchas son torturadas en el trayecto y al llegar a los nuevos centros”, expuso Lucía Alvarado González, coordinadora del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) de la organización Documenta, ella asegura que en los últimos años son cada vez más frecuentes las denuncias de familiares cuyos seres queridos son movilizados de sus estados a centros penitenciarios federales.
La defensora también destacó que han identificado los traslados como uno de los momentos de mayor riesgo de actos de tortura y malos tratos.
Por ejemplo, el último Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que sólo en 2021 en las áreas encargadas de la protección de derechos humanos de 154 centros penitenciarios federales y estatales se registraron 364 quejas de personas privadas de la libertad por agresiones durante sus traslados o reubicaciones.
Y aunque el artículo 18 constitucional, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que deben garantizarse siempre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, incluido el de permanecer en el centro penitenciario más cercano a su hogar, durante las movilizaciones esto no se toma en cuenta, lo que aplica para traslados tanto en grupo como individuales.
GTrasladosfnlAsí lo detalló Karina, quien aceptó dar su testimonio con la condición de cambiar su nombre. Su esposo fue traslado desde un centro de privación de libertad de Zacatecas el 3 de febrero al Centro Federal de Readaptación Social 13 de Oaxaca, y hasta esta semana ninguna autoridad le ha informado ni a él ni ella la razón, aún cuando durante los traslados involuntarios las autoridades penitenciarias están obligadas a avisar a un juez o jueza de ejecución penal y ésta debe corroborar, en un plazo de 48 horas, si fue legal.
“Mi pareja estaba en el Cereso de Cieneguillas, en Zacatecas, fue trasladada el día viernes 3 de febrero en la madrugada, no nos avisaron nada, él se comunicó conmigo dos días después. Me dijo que ya estaba en Oaxaca, él fue el único traslado de ese día y fue por carretera”.
Karina acudió al penal de Zacatecas días después, pero las autoridades del centro penitenciario no sabían que su esposo ya no estaba ahí.
“Yo fui la que pregunté, dije: ‘vengo por sus pertenencias porque lo trasladaron’, y la de trabajo social dijo que ella no tenía ninguna papelería de que se lo habían llevado, incluso lo buscaron en el sistema y todavía estaba ahí, en el [centro penitenciario] de Zacatecas”, denunció.
Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social en Documenta A.C, explica que los problemas principales de estas movilizaciones son: la fragilidad que tienen las personas privadas de la libertad para ser sometidas a tratos inhumanos o torturadas, la incomunicación que sufren con sus familiares, la falta de control judicial una vez que se realizan, así como de mecanismos que las protejan.
La defensora alerta que las autoridades no suelen justificar caso por caso por qué quieren trasladar a una persona, sólo informan de manera general que es por cuestiones de seguridad. La falta de control permite que en estos movimientos se registre tortura, tratos crueles y degradantes.
“Los familiares pueden tardar hasta 15 días sin saber en dónde está su familiar o en lo que la persona privada de la libertad se puede poner en comunicación con un abogado, y para entonces las huellas de malos tratos o cualquier tortura ya se han desvanecido”, expone Nayomi Aoyama.
El esposo de Karina, por ejemplo, fue trasladado desde Zacatecas sin oportunidad de cubrirse pese a que él se lo pidió a los custodios porque era de madrugada. “Lo único que me dijo es que tenía muchísimo frío en el camino”, recuerda.
Lucía Alvarado también alerta que en los centros penitenciarios las autoridades suelen amenazar con movilizar a las personas privadas de la libertad lejos de sus familias “para que no hayan peticiones administrativas, que no exijan sus derechos, porque si no van a ser trasladadas”.
Algo similar sucedió con la pareja de Karina, pues aunque en diciembre de 2022, días después de que se registró un intento de fuga en el Cereso de Cieneguillas, su pareja fue golpeada por custodios que trataron de responsabilizarlo de ese hecho. Él denunció las agresiones a las Comisión estatal de Derechos Humanos, logró comprobar que no estuvo involucrado y evitó una falta disciplinaria, esto quedó corroborado en un escrito firmado por el director del Cereso, Norberto Enríquez, pero a dos meses, siguen tratando de sancionarlo por ello.
“Cuando lo acusaron de estar relacionados con el intento de fuga, lo golpearon mucho, le robaron pertenencias, lo estaban rociando con gas lacrimógeno casi todo el día para presionarlo a aceptar que tuvo algo que ver, pero salió inocente junto con los demás compañeros que también estuvieron golpeando. Él no tuvo nada que ver, pero dice que durante el transcurso del traslado le decían que fue por eso de la fuga, yo tengo ese escrito y el área de trabajo social de Cieneguillas también tendría que tenerlo”, denunció.
Por las irregularidades durante los traslados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya ha emitido diversas recomendaciones. En un pronunciamiento publicado en enero llamó a las autoridades a que los soliciten hasta analizar el perfil criminológico de las persona o grupos que serán movilizados y el tipo de centro que las albergará porque, alertó:
“En tanto se continúen realizando traslados como una acción reactiva ante la comisión de un evento violento, solo generarán daños colaterales que a su vez inciden en la debida gobernabilidad del centro al que sean traslados, sin antes haber hecho un estudio sobre la incidencia de su conducta ante la población penitenciaria que lo recibe y las propias condiciones en las que se encuentre ese establecimiento”.
LOS IMPACTOS FAMILIARES
El pasar de un Centro de privación de la libertad estatal a uno federal tiene impactos importantes en sus procesos legales, en el contacto que mantienen con sus familias y en sus economías.
“Violenta mucho sus derechos, primero, por la ubicación de las personas ya que no están cerca de donde se lleva a cabo su proceso, ni de sus seres queridos”, destaca Lucía Alvarado, de Documenta.
Para el esposo de Karina, el ser trasladado implicó perderse su audiencia de cierre de investigación, lo que implicará que su tiempo detenido sin sentencia se extenderá. En cuestión económica, la vida de la pareja cambió desde la detención. Ambos vivían en Zacatecas, pero para ahorrar, Karina regresó a Coahuila a vivir con sus papás, aunque el Cereso de Cieneguilla le quedaba lejos se las había arreglado para acudir cada 15 días, ahora para visitar a su esposo en Oaxaca tendría que gastar más de 2 mil pesos sólo en transporte.
A ello se suman los gastos que hará si él requiere atención médica, pues en el Cefereso 13 todo ello corre a cuenta de las familias de las personas privadas de la libertad. Ella tampoco sabe con certeza cómo se encuentra su pareja, pues las llamadas duran poco minutos.
“Las llamadas duran 10 minutos, tienes que hablar rápido o esperar otros ocho días a que te vuelva a hablar, en Zacatecas él me hablaba diario porque era teléfono de monedas, le depositábamos, yo sabía cómo estaba diario, si comía, si dormía bien, hablaba conmigo y su familia”, lamenta la mujer.
“Estamos viendo que lo trasladen al menos más cerca de de sus papás o que lo muevan aquí a Coahuila porque no podemos estar así, es muy, muy difícil”, agrega.
Los datos más recientes muestran que en 2021 se realizaron 115 mil 469 de estos movimientos, 9 mil 985 fueron por motivos de seguridad, 3 mil 824 de ellos por orden de una autoridad judicial y sólo 348 fueron voluntarios, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022 del Inegi.
Los más de 115 mil traslados de ese año representan 52 por ciento de la población total privada de la libertad al cierre de 2021, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eran 222 mil 369 personas.
