En 2017 la inversión pública sufriría un recorte de -30.7 por ciento frente a 2016 en el contexto del ajuste al gasto público, pero los servicios personales aumentarían 0.5 por ciento, destaca un estudio del CIEP basado en el Paquete Económico de la Secretaría de Hacienda.
La baja inversión pública en infraestructura física en la región sur, por enfocarla en el centro y norte del país por la alta dependencia a Estados Unidos, ahuyenta la inversión extranjera en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que provoca que sus altos índices de pobreza continúen, afirmaron investigadores. Además de la falta de carreteras y mecanismos de distribución de bienes, la inseguridad y el bajo nivel de educación y acceso a salud influyen.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto manejó el lunes pasado en una camioneta para inaugurar los 17 kilómetros del Libramiento Poniente de San Luis Potosí y posteriormente enfatizó que México está trabajando “para que sea un país verdaderamente atractivo para la inversión”. El martes 21 de febrero también dio luz verde a la autopista Tepic-San Blas y al Libramiento de Tepic, en Nayarit, donde habrá elecciones este año. “Lograr que venga la inversión nacional y extranjera es gracias a que tenemos infraestructura […] y buena conectividad”, dijo desde San Luis.
Sin embargo, investigadores destacaron que la pronunciada caída en la inversión pública a nivel nacional –un -30.7 por ciento que contrasta con el aumento de 0.5 por ciento en servicios personales– ahuyenta el flujo de la inversión extranjera directa en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que sigue incentivando los altos índices de pobreza y desigualdad existentes en la región sur del país, una zona con focos de violencia y bajos niveles educativos.
En los últimos 17 años la Inversión Extrajera Directa (IED) en México ha acumulado más de 460 mil millones de dólares, equivalente a más de un tercio del PIB del país. Es, de hecho, entre la octava y la novena nación que más recibe en el mundo, destacó Cosmin Gabriel Bolea, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del oeste de Rumania y profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM.
“El problema no es que no haya inversión extranjera, sino que está muy concentrada. Los primeros diez estados que reciben más del 70 por ciento de la Inversión Extranjera Directa son del centro y centro-norte. Los últimos diez estados son del sur o sureste y tienen solo el 6 por ciento de esa inversión”, aseguró en entrevista.
Eso hace que Guerrero, Oaxaca y Chiapas tengan niveles de desarrollo “realmente bajos” y se conviertan en estados “muy poco atractivos” para la inversión extranjera directa, agregó.
De 2000 a la fecha, Chiapas y Oaxaca suman 0.5 y 0.6 por ciento de IED. El economista e investigador Cosmin Gabriel Bolea atribuye este poco flujo a la falta de infraestructura física porque el país mira principalmente hacia el norte –donde es principalmente manufactura de poco valor agregado– por su alta dependencia con Estados Unidos, pero también enfatizó el bajo nivel educativo, el acceso a la salud y los focos de violencia en una zona donde hay poco empleo y la informalidad laboral es alta, destacó.
Solo en enero, las cifras oficiales reportaron 219 homicidios dolosos en Guerrero, 12 extorsiones y seis secuestros; 115 homicidios dolosos en Oaxaca, tres extorsiones y cuatro secuestros; y 143 homicidios dolosos, 12 extorsiones y cuatro secuestros en Chiapas. Guerrero es epicentro de grupos del crimen organizado.
La República mexicana, describió el académico, tiene una “Y” muy grande que parte del Valle de México y va hacia Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León. En la parte sur, sin embargo, la situación de infraestructura es muy deficitaria, aunque también es cuestión de terreno desfavorable.
El investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristóbal Meléndez Aguilar, por su parte aseguró que el gobierno “está apostando” a que la inversión venga principalmente del extranjero, pero los inversionistas internacionales buscan que la inversión pública contribuya en este desarrollo.
“Requieren que haya carreteras y demás sistemas de distribución para que puedan establecer su industria y comercio. Si no hay la infraestructura suficiente para poder vender sus productos, implica mayor riesgo y menor rentabilidad para sus negocios, lo cual los inhibe”, dijo en entrevista.
No obstante, la inversión pública a nivel nacional tendrá un recorte de -30.7 por ciento real en 2017 respecto a 2016, esto es, 293 mil 190 millones de pesos, con base en el paquete económico 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por entidad, un estudio de distribución de gasto público hecho por el investigador Kristóbal Meléndez Aguilar destacó que la inversión pública en Oaxaca sufrió un recorte de -49.7 por ciento, la de Guerrero de -38.2 por ciento y la de Chiapas de -28.7 por ciento.
La inversión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para infraestructura física y demás, tuvo un tijeretazo de -67.4 por ciento en Guerrero, de -64.2 por ciento en Oaxaca y de -59.2 por ciento en Chiapas este año.
En contraste, los servicios personales a nivel nacional crecerían 0.5 por ciento real para 2017 frente a 2016 (815 mil 693 millones de pesos), y los de Chiapas subirían un 12.7 por ciento, de Oaxaca un 10.5 por ciento y de Guerrero un 4.1 por ciento, si se toma en cuenta el paquete económico 2017.
“La estrategia que tomó Hacienda, como parte del ajuste al gasto público, fue recortar la inversión pública y no trataron de disminuir los servicios personales”, destacó en entrevista el investigador del CIEP, Kristóbal Meléndez Aguilar, autor del estudio “Distribución del gasto público en los estados 2017”.
“[El recorte de inversión pública en el sur] tiene un efecto muy importante porque son los estados rezagados que tienen mayores índices de pobreza y hay una desigualdad. Si hay recortes en inversión pública, la pobreza permanece en esta región. Están apostando por la inversión extranjera directa mediante las Zonas Económicas Especiales, pero mientras se tiene esa inversión, la pobreza continúa”, dijo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reporta 3 millones 961 personas en situación de pobreza en Chiapas; 2 millones 662 de en Oaxaca; y 2 millones 615 en Guerrero.
El académico Cosmin Gabriel Bolea explicó que la creación de las llamadas Zonas Económicas Especiales, ubicadas en el Puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán-Guerrero), el Istmo de Tehuantepec (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca) y en Chiapas, intenta fomentar el emprendimiento e incrementar la IED intrarregional entre esas regiones y países de Centroamérica.
Sin embargo, en Guatemala, El Salvador, Michoacán, Guerrero y pueblos de Oaxaca y Chiapas “los focos de violencia hacen que los inversores huyan de esos lugares”, agregó.
Ante esta asimetría entre el recorte a la inversión pública y el aumento a servicios personales (salarios), Meléndez García aseguró que “es complicado que mejore esta situación de eficiencia en el gasto. Todavía falta un buen uso de los recursos. Si hay recortes y no hay buena eficiencia, hay un mayor impacto en los niveles de pobreza y la sociedad”, reiteró el también contador y administrador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En el estudio del CIEP también se abordó que las transferencias brutas a nivel nacional disminuirían -1.4 por ciento real para 2017. En apoyos sociales, a Chiapas se le recortó -17 por ciento, a Guerrero -7.3 por ciento y a Oaxaca -4 por ciento. En subsidios, a Guerrero se le quitó -40.4 por ciento, a Oaxaca -38.2 por ciento y a Chiapas -36.3 por ciento.
A ese escenario de menos subsidios y apoyos sociales, se suma el gasolinazo, que impacta en precios de los bienes que se distribuyen en transporte, por lo que el poder adquisitivo estatal está cayendo. Esto, añadió el investigador, tiene una repercusión en la pobreza, especialmente en los que tienen un salario mucho menor que el promedio.
LA IED EN EL SUR VA A ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
Para que la inversión extranjera directa genere crecimiento económico y posteriormente un desarrollo regional, se necesita una base: infraestructura física (puentes y carreteras), un sistema de salud y uno de educación, aseguró Cosmin Gabriel Bolea, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“Una Inversión Extranjera Directa, aunque sea en el mismo sector, tiene efectos diferentes en cada país porque se asientan sobre bases muy diferentes y eso es lo que los hacedores de políticas públicas deben entender. Solo creando esta base permite el efecto multiplicador de las inversiones, sino no sirven”, aseguró el académico durante la presentación del libro “Reflexiones sobre las desigualdades y el desarrollo en México”.
Además de eso, los efectos de la inversión dependen del sector económico (no es lo mismo el agrícola que el aeroespacial), del tipo de economía y “extremadamente importante” es el funcionamiento del sistema judicial, porque brinda a los inversionistas la seguridad y certeza de que es respetada la propiedad privada y cualquier ley ambiental o laboral, dijo.
En los últimos 20 años, la IED en México ha venido principalmente de Estados Unidos, pero en los últimos tres años ha bajado esa tendencia. El economista Cosmin aseguró que es importante mirar hacia América Latina y hacia Asia.
“La elección de [Donald] Trump y, si se atreve a poner un impuesto a las exportaciones mexicanas, exactamente confirma esto. Generaría un ajuste tremendo particularmente para México por la dependencia comercial”, declaró.
En entrevista, afirmó que la IED al sur se enfoca en el sector energético y de construcción, básicamente proveniente de empresas españolas. Sin embargo, el año pasado Oaxaca fue el único estado del país que presentó una inversión extranjera negativa.
La inversión extranjera en el sector agrícola es casi nula.
En marzo de 2015, el académico dijo en entrevista radiofónica que “ni siquiera el Estado ha estado interesado en invertir en el campo”.
La mayoría de las empresas extranjeras que invierten en ese sector, el 90 por ciento viene de las trasnacionales especialmente en la agroindustria concentrada en el centro norte del país (Jalisco, Sonora,) no tanto en el campo ni en el centro sur (Oaxaca, Guerrero, Chiapas).
“Las inversiones van a ir donde más beneficios puedan sacar y mejor aún si el país carece de un marco legislativo”, sostuvo Cosmin Gabriel Bolea.
El proceso de globalización tiene “un evidente impacto negativo” en el sector agrícola mexicano y ha propiciado la brecha de la pobreza en el campo mexicano lo que ha propiciado por un lado el desplazamiento de las actividades agrícolas hacia otros sectores de actividad o la migración de campo (sur) a ciudad (norte) o a Estados Unidos.
“En el campo mexicano debe haber transparencia en los fondos públicos en agricultura. Hay muchos artículos que critican el programa Procampo porque ha regalado dinero a campesinos que más cultivan, es decir, a las agroindustrias que no necesariamente lo necesitan como el pobre campesino, quien si recibe dinero lo gasta para comprar comida o necesidades básicas, no para cosechar. Se debe cambiar ese enfoque”, concluyó en aquella entrevista con Radio UNAM.
