La Auditoria Superior de la Federación (ASF) identificó que la mayoría de las instituciones federales no cuenta con controles en los procesos más sensibles a posibles actos de corrupción, como son adquisiciones, obras o tesorería. Encontró además falta de sensibilización y capacitación sobre corrupción y de mecanismos formales y confiables para que cualquier interesado denuncie este tipo hechos, e identificó que la mayoría de los instituciones omite el perfil ético de los candidatos a un cargo público.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó los controles anticorrupción de 290 instituciones pertenecientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos.

En su “Estudio sobre las estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en las instituciones del sector público federal”, la Auditoria dijo que el promedio general de estas dependencias respecto al establecimiento de sus controles para combatir esta práctica fue de 25.0 puntos, en una escala de 100.

El órgano auditor identificó que la mayoría de las instituciones federales no cuenta con controles en los procesos más sensibles a posibles actos de corrupción, como son adquisiciones, obras o tesorería.

Encontró falta de sensibilización y capacitación sobre corrupción y de mecanismos formales y confiables para que cualquier interesado denuncie este tipo hechos, e identificó que la mayoría de los instituciones omite el perfil ético de los candidatos a un cargo público.

La Auditoria dijo que aunque el Estado mexicano ha realizado en las últimas décadas distintos esfuerzos para reducir esta práctica, en términos generales se trata de “iniciativas aisladas en el tiempo y con enfoques fragmentarios, sin supervisión periódica sobre su eficacia”.

Aclaró la pertinencia de este tipo de análisis a partir de los resultados de distintos estudios, nacionales e internacionales, que han dejado en claro que la corrupción aleja la inversión, amenaza al medio ambiente, disminuye significativamente la productividad, e impide que millones de personas reciban bienes y servicios de calidad.

En su informe, que conforma los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoria analizó a 290 entes públicos federales. De estos, 275 son instituciones que integran a las distintas dependencias del Ejecutivo federal. El resto corresponden a las dos Cámaras del Congreso de la Unión y a las tres instituciones del Poder Judicial de la Federación (PJF).

También fueron estudiados en su papel de órganos constitucionales autónomos: el Banco de México (Banxico); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el Tribunal Superior Agrario (TSA) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El estudio corroboró que de las 290 instituciones analizadas, el 91.4 por ciento no acreditó tener controles anticorrupción en áreas identificadas como propensas. De éstas, 135 (46.6 por ciento) establecieron el compromiso de realizar acciones para su atención.

Los resultados muestran que el grueso de las dependencias que no cuentan con estas medidas pertenecen al Poder Ejecutivo. El reporte menciona que el 92.7 por ciento de las 275 instituciones dependientes de la Presidencia de la República no acreditaron tener controles anticorrupción en sus áreas propensas a estas prácticas.

La Auditoria explicó que en cuanto al Poder Legislativo, ninguna de las dos Cámaras proporcionó evidencias para “acreditar la identificación de sus procesos o áreas susceptibles a la corrupción”.

En tanto, las evidencias aportadas por las tres instituciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) acreditaron la implementación de “procesos sensibles a la corrupción”.

Con respecto a los órganos constitucionales autónomos, las evidencias proporcionadas refieren que siete de estos organismo no acreditaron haber identificado sus áreas o procesos susceptibles a la corrupción, ni los controles correspondientes.

En su reporte, la Auditoria también dio cuenta de que el 92.1 por ciento de las instituciones federales no acreditó haber incluido en su catálogo de puestos o documento similar, un perfil ético como parte de los requisitos para el ingreso, permanencia y promoción de su personal, ni las correspondientes evaluaciones. De éstas, el 46.2 por ciento estableció el compromiso para incluirlo.

En el Poder Ejecutivo, el 93.1 por ciento fue el que reportó no contar con este perfil. Por su parte, las evidencias proporcionadas por ambas Cámaras a la ASF no correspondieron a lo solicitado, ya que en ninguna de las dos se identificó un catálogo de puestos, o documento equivalente.

Dos instituciones del PJF, incluidas en el estudio, consideraron en su catálogo de puestos los principios éticos a observar, definidos por la institución, “a fin de asegurar que los servidores públicos mantendrán una actuación íntegra”. Asimismo, una de las instituciones proporcionó evidencias que permitieron constatar la realización de las evaluaciones al perfil ético.

Con respecto a los órganos autónomos, ocho de diez no acreditaron tener un catálogo de puestos, o documento equivalente, en donde las descripciones, perfiles y evaluaciones de puestos consideren elementos relativos al perfil ético de los servidores públicos por ocupar un cargo.

El estudio corroboró de igual forma que de las 290 instituciones, en promedio 200, el 69.0 por ciento, no acreditaron:

Tener un servidor público responsable o unidad anticorrupción, sin injerencia en la administración de recursos públicos.

Tener mecanismos establecidos para la elección de los miembros del comité de ética.

La comunicación por parte del comité de ética al OIC de las denuncias que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Tener indicadores del cumplimiento del código de conducta institucional.

De éstas, 79, 27.2 por ciento, se comprometieron a realizar acciones para establecer algunos de los controles solicitados.

Con la evidencia proporcionada por las 275 instituciones del Poder Ejecutivo a la ASF, se identificó que el 69.8 por ciento no acreditó la existencia de ninguno de estos cuatro elementos de control.

La Auditoria dijo que, en tanto, la información proporcionada por ambas Cámaras indica que “existen áreas de oportunidad por atender, ya que ninguno de los elementos de control relativos a este apartado pudo ser acreditado en el Poder Legislativo”.

Con respecto al Poder Judicial, de las tres instituciones analizadas, dos de ellas tienen una instancia encargada de promover y fortalecer la ética judicial al interior de las mismas, las cuales están conformadas por personal designado, que cumple con los requisitos para realizar dichas funciones; la otra institución presentó avances de la conformación de un comité de ética, por lo que en este caso se consideró una acreditación parcial del control.

La Auditoría indicó además que el 67.6 por ciento de las instituciones federal no acreditó haber realizado acciones de capacitación en temas de ética, integridad y prevención de la corrupción. De éstas, el 37.9 por ciento se comprometió a incluir capacitación en esta materia en su Programa o Plan Anual de Capacitación (PAC).

En el Ejecutivo federal, el 67.6 por ciento de las 275 dependencias federales no demostraron tener un programa anual de capacitación o documento equivalente, en donde se incluyan cursos o talleres en materia anticorrupción, dirigidos a todos los servidores públicos, tanto en lo general como en el ámbito de sus responsabilidades.

Refirió que una de las Cámaras, el reporte no menciona cuál, señaló que sí cuenta con capacitación en temas anticorrupción. Sin embargo, no proporcionó evidencias que respaldaran la impartición de los cursos, ni los temarios, evaluaciones y demás documentación que permitiera confirmar su realización. En tanto, la otra Cámara no acreditó la impartición de capacitación en estos temas, pero se comprometió a incluirlos en su programa de capacitación.

De las tres instituciones del PJF, dos incorporaron en sus programas anuales de capacitación, cursos o talleres en temas anticorrupción, tanto en lo general como en el ámbito de competencia de sus servidores públicos, y proporcionaron evidencias de su impartición. La institución restante no proporcionó evidencias de tener un programa anual de capacitación que incluyera temas en la materia.

Como resultado del análisis de la información y documentación aportadas para la atención de este apartado por los Órganos Constitucionales Autónomos, se constató que de los 10 órganos, 9 no demostraron la implementación de un programa anual de capacitación o equivalente.

La Auditoría consideró como resultado del estudio, la importancia de que las instituciones federales definan una estrategia “para establecer, operar y supervisar controles anticorrupción eficaces y eficientes, que funcionen de manera coordinada y apoyen el logro de los objetivos institucionales y la prevención de la corrupción, con base en criterios técnicos y la legislación aplicable”.

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, dijo que es necesario que la SFP, como instancia responsable de la supervisión general del control interno y los riesgos en las instituciones que conforman dicho Poder, analice la posibilidad de elaborar un informe anual que contenga la situación que guarda el control interno en las instituciones.