Frente a la muerte de más de 70 mil personas por la violencia en el sexenio anterior se habla de replantear la estrategia nacional de combate al crimen organizado y se aprueba una Ley de Víctimas. Frente a la muerte de alrededor de 11 mil personas por hambre al año, la actual administración lanza la “Cruzada contra el Hambre”. Sin embargo, frente a la epidemia de obesidad que enfrenta el país, una de las más graves en el mundo y principal causa del medio millón de muertes por diabetes en los últimos seis años, sólo se ha escuchado el silencio del Presidente y de la Secretaría de Salud. Si sumáramos las muertes causada por la obesidad, no sólo la diabetes sino también las provocadas por infartos y algunos tipos de cáncer, llegaríamos a más de medio millón de muertes entre 2006 y 2012.
Pareciera ser que los viejos cuadros de la salud pública formados en el enfrentamiento a las enfermedades trasmisibles son incapaces de enfrentar la transición epidemiológica donde se imponen las enfermedades crónicas no trasmisibles, resultado de cambios en los hábitos alimentarios y estilos de vida. La mayor parte de los expertos y profesionales de la salud en nuestro país se prepararon para enfrentar microbios y no a los condicionantes sociales de la obesidad y a los intereses empresariales que impiden que se modifique el ambiente obesigénico causante de esta epidemia.
Como lo declaró el doctor Thomas R. Frieden, Director del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en abril de 2011 en la Conferencia Global Ministerial sobre Estilos de Vida Saludables y Control de Enfermedades no Transmisibles: “Hay ciertas cosas que los microbios no hacen: los microbios no cabildean a los políticos para que les permitan continuar propagándose; ellos no gastan miles de millones de dólares para convencer a la gente que es “cool” ser infectado; ellos no financian a científicos para que digan que no está mal ser infectado o renombrarse como bacteria “light” que puede ser menos dañina…”.
La forma en la que han actuado las industrias del tabaco, del alcohol y las de comida chatarra y refrescos para difundirse y hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de regulación ha llevado a definirlas como “trasmisores de enfermedades”, y sus daños como “pandemias empresariaesl” (The Lancet y Journal of Public Health). Las prácticas de estas empresas siguen un modelo muy similar como las describe el doctor Frieden. Hay un elemento más que han tenido en común en sus prácticas las empresas que han difundido estas pandemias: promover a personas allegadas a su visión y/o intereses para que ocupen cargos públicos decisivos.
Fue así como con la entrada de Salomón Chertorivsky a la Secretaría de Salud en la última etapa de la administración de Felipe Calderón, se impuso la visión de la industria en su interior: la Secretaría de Salud se vio infectada por este nuevo “virus empresarial”. Basta ver las declaraciones que sin ningún rubor dio Chertorivsky en el documental “Razones de Peso”, que puede ser visto en Youtube, en las que defiende la autorregulación empresarial como un medio exitoso para proteger la salud pública. Es decir, dejar en manos de los intereses empresariales el cuidado de la salud pública. Con la entrada de Chertorivsky a la Secretaría de Salud desapareció del discurso el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) que había incorporado a más de 15 dependencias en una estrategia de combate a la obesidad. Ese esfuerzo que llevó años en edificarse concluyó en un acuerdo sobre el que posteriormente se establecieron los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas. El ANSA planteaba desde la promoción de la lactancia materna, hasta la recomendación de desarrollar etiquetados realmente útiles para los consumidores, el establecimiento de bebederos de agua en las escuelas, medidas fiscales para favorecer el consumo de alimentos saludables y reducir el de comida chatarra, entre un total de 10 objetivos. El ANSA no recibió la asignación de recursos y sus objetivos se platearon como recomendaciones no como obligaciones y garantías. Sin embargo, ese es el único instrumento existente para enfrentar la epidemia.
Desde la entrada de la doctora Mercedes Juan a la Secretaría de Salud con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, se esperaba que el ANSA fuera retomado o que se impulsara una nueva política pública contra la obesidad que incorporara parte de los objetivos del ANSA. Sin embargo, nada, el tema ha sido silenciado, reconocido en los discursos de inicio, después callado, ausente en la política pública. La secretaria Mercedes Juan aparece en las reuniones sobre la “Cruzada contra el Hambre”, una campaña en manos de Sedesol, pero no se le ve encabezando una batalla para enfrentar el mayor problema de salud pública que vive el país y que ya cuesta más de 80 mil millones de pesos y que para el 2017 llegará a 150 mil millones de pesos, más de lo que se recaudaría con el impuesto del IVA a alimentos y medicamentos si fuera aprobado.
Es así que la administración actual no sólo no retoma el ANSA para fortalecerlo, tampoco presenta ninguna política pública para enfrentar la epidemia de obesidad que organismos internacionales han señalado pone en riesgo la salud y finanzas del país. Al parecer, en las propuestas de la Secretaría de Salud para el Plan Nacional de Desarrollo no se incluye ninguna política, programa o plan de combate a la obesidad. Esto significaría un desastre, manteniendo la vía libre a las empresas para infectar, difundir y profundizar la epidemia.
Sin recursos, sin política, el ambiente obesigénico se profundizará. El ANSA se proponía promover la lactancia materna. Preguntamos a la Secretaría de Salud, a través del IFAI, los avances en esta materia y nos respondió que no contó con recursos para promoverla. En consecuencia, entre 2006 y 2012 la lactancia materna en México cayó al menor nivel en América Latina. En la población rural pasó de 38% a 19%, cayó 50% en solamente seis años, con lo que esto representa en riesgo a la salud para la población más pobre del país.
La Academia ha presentado sus propuestas de política de Estado frente a la obesidad. En un documento de la Academia Nacional de Medicina, avalado por la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Academia Mexicana de Cirugía y la de Pediatría se presentan una serie de recomendaciones basadas, principalmente, en regulaciones. En el documento se hace una crítica a la autorregulación empresarial señalando sus limitaciones y cómo permite mantener prácticas que van contra la salud de la población, poniendo como ejemplo el etiquetado engañoso y la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia. Las propuestas de la Academia coinciden con las que hemos presentado las organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria y con las recomendaciones de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. No hay duda de cuáles son las medidas que deben tomarse para combatir la epidemia de obesidad. Sólo falta saber de qué lado está el poder ejecutivo, de qué lado está la Secretaría de Salud, saber si permanece “infectada”.
