En la Sierra Norte de Puebla hay una cifra negra de personas desaparecida debido al miedo que tienen familiares de realizar las denuncias por la complicidad entre autoridades locales y miembros del crimen organizado -particularmente el huachicol y la trata con fines de explotación sexual-, denunciaron académicos y colectivos.
Puebla, 5 de febrero (SinEmbargo).– La desaparición y la trata de personas en la Sierra Norte de Puebla son un secreto a voces. Entre el miedo, la falta de información, y herramientas para denunciar, existe una cifra negra de personas que permanecen sin ser localizadas y cuya desaparición podría estar relacionada con trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o la delincuencia organizada, alertaron colectivos y académicos.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) identifica a dos mil 477 personas sin localizar en todo Puebla, lo cual lo sitúa como el 15 estado con mayor número de desaparecidos; mientras que los 65 municipios que componen esta área de la Sierra concentran 368 casos. Pero los académicos y colectivos coinciden que la cifra probablemente sea mayor.
"No creo que las cifras oficiales sean las verdaderas. Siempre como colectivos y como familiares, víctimas indirectas, hablamos de la cifra negra, que son las personas de las cuales nunca se levantó una denuncia por miedo, por amenazas, o que alguien no tiene quien buscarles", señaló una integrante del colectivo Con Amor y Esperanza Hasta Encontrarles de Puebla, quien pidió ser identificada sólo como Uriher.
Uriher explicó que Huauchinango, un municipio de la Sierra Norte poblana con 77 desaparecidos según cifras oficiales, tiene un alto porcentaje de población indígena –un 36.7 según datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas al 2015– y falta de oportunidades laborales, lo cual implica que las familias tienen que perder el salario de un día de trabajo por acudir a levantar la denuncia de desaparición.
Pero también existe una alta presencia de grupos criminales organizados –entre ellos los que se dedican a la trata con fines de explotación laboral y sexual y el huachicol– que presuntamente están coludidos con los cuerpos policiacos locales, lo cual genera miedo entre los familiares de desaparecidos para interponer una denuncia institucional.
"Me ha tocado conocer casos donde [los familiares] dicen, 'Pues yo así le dejé por miedo', 'Pues ya así la dejé porque me amenazaron', o de plano, 'Me dijeron que ni vaya a denunciar porque sino me iban a matar', entonces definitivamente [las cifras de denuncias] ya no son reales", señaló.
Los investigadores Javiera Donoso Jiménez y Miguel Ángel Martínez acudieron a la región a hacer el estudio "Desaparición de Personas en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Huauchinango, Tlaola, Chiconcuautla" –que se encuentra en proceso de publicación– sobre desapariciones enfocado en estos tres municipios, donde pudieron constatar este impacto que el crimen organizado tiene en la población, ya que la región está atravesada por ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En mayo de 2022, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que desde que entró la administración de Andrés Manuel López Obrador y hasta esa fecha, en Puebla se habían detectado 6 mil 056 tomas clandestinas de combustible.
"Hay casos en las zonas del huachicol donde han desaparecido hombres jóvenes, precisamente vinculados a este tipo de actividad porque no quisieron participar en la actividad ilegal, o porque se negaron a realizar algún trabajo forzado, porque los obligan a trabajar con ellos y si no quieren trabajar los desaparecen", expuso la doctora Donoso Jiménez. "Les temen a estas bandas criminales porque son familias completas con las que ellos conviven día a día, las cuales pueden actuar impunemente en los territorios (...) Hay un miedo de que si denuncian, como nunca pasa nada, nunca se investiga nada y no se llega a judicializar estas denuncias, la gente tiene mucho miedo porque sigue conviviendo con los victimarios".
Cuestionada sobre un estimado de la cifra negra de personas desaparecidas de las cuales no se tiene denuncia, la investigadora indicó: "Por lo menos en cada familia hay una persona de la que no se sabe su paradero o que ha sido víctima de algún tipo de trata en su vida".
EL CRUCE DE DESAPARICIÓN Y TRATA
Además de una vinculación entre la desaparición y el huachicol, los académicos pudieron identificar al menos siete modalidades de trata en la región. Académicos y colectivos pudieron identificar que las desapariciones –aunque hayan sido temporales– estaban íntimamente relacionadas con la trata de personas, la explotación sexual y la delincuencia organizada.
"Nosotros empezamos a identificar que no hay una pureza de una sola práctica específica. Hay una trata de personas con fines de explotación sexual y al mismo tiempo hay una explotación laboral, entonces todos estos elementos empiezan a intensificar la problemática agravada con la desaparición de personas", apuntó el investigador Miguel Ángel Martínez. "Es difícil para los familiares empezar a indagar la especificidad de un solo delito".
La falta de denuncias por desaparición y/o trata, explican los investigadores en su informe, podría estar ligada con que "la gran mayoría de las personas entrevistadas no eran conscientes de que había sido víctima de una o varios tipos de trata a lo largo de su vida" y que se logró un regreso al hogar, de tal manera que se percibe como una ausencia temporal; pero colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos apuntan al miedo por una colusión entre grupos criminales y las autoridades, sumado a la falta de recursos económicos para acudir a las instalaciones a levantar un reporte por desaparición.
"La trata de personas se presenta en, al menos, siete modalidades en esta región, destacando principalmente los municipios con mayor número de población indígena, siendo el factor étnico un elemento central en la selección de las víctimas de este tipo de delitos", dice el documento.
"No se denuncian estas redes de trata porque muchas veces la gente está dentro de una red de trata, pero no necesariamente está desaparecida. Por ejemplo, a muchas mujeres las meten en estas redes de trata de explotación laboral y lo que hacen es que ellas cada cierto tiempo se comunican con su familia y mandan algo de dinero. Entonces las familias asocian que ellas en realidad están trabajando", profundizó la coautora Javiera Donoso. "Por otro lado, las mujeres que están dentro de estas redes de trata en general son mujeres con niveles educativos muy bajos, indígenas muchas veces que hablan de manera limitada al español, entonces ellas no necesariamente entienden que están siendo vulneradas en sus derechos, que están dentro de una red de trata. Ellas vienen de un contexto donde la explotación y la violación sistemática de sus derechos humanos es algo del día a día desde sus infancias".
ENTRE LA OMISIÓN Y LA COMPLICIDAD DEL ESTADO
El Gobierno estatal de Puebla se ha visto atropellado a lo largo del sexenio, empezando con la administración de la panista Martha Érika Alonso Hidalgo que entró en 2018 y fungió como Gobernadora hasta su deceso en un accidente de helicóptero 10 días después de tomar el cargo. Posteriormente, el puesto fue ocupado por el morenista Miguel Barbosa Huerta hasta que falleció en diciembre de 2022.
Durante su ejercicio del poder, el Gobernador Barbosa reiteradamente minimizó la situación de personas desaparecidas en Puebla, pues aseguró que se trataban de ausencias voluntarias. A pesar de ello, en septiembre de 2021 el Congreso local aprobó la Ley de Búsqueda de Personas, con la cual pretendía crear el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y fortalecer a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
Sin embargo, familiares, colectivos y académicos han acusado que el trabajo de la Comisión local de Búsqueda y de la Fiscalía en materia de personas desaparecidas ha sido simulado, con pocos resultados y un aparente desinterés en desempeñar labores de búsqueda.
Cuando desapareció el familiar de Uriher, indica que hubo "mucha revictimización" al momento de presentar su denuncia, pero también muchas amenazas a su persona y su familia.
"Las autoridades nos han tratado de lo peor", aseguró. "Llegas y te preguntan, '¿pues ahora que información me tiene?', pero no, son ellos quienes nos tienen que dar la información. Están en la expectativa de que nosotros les demos información, cuando es su trabajo, evidentemente. Contamos con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAVI) en el estado de Puebla. Sí, ahí está, pero es inoperante, entonces no nos sirve de nada. Hemos hablado con Secretaría de Gobernación para que la activen de manera de que nos sirva, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta".
Incluso más grave son los señalamientos de probable colusión entre los policías municipales y miembros del crimen organizado, puesto que el colectivo Amor y Esperanza, Hasta Encontrarles tiene identificados casos en los cuales los familiares detectaron conexiones entre los presuntos responsables de la desaparición y funcionarios públicos de la región.
"En el caso específico de la Sierra Norte de Puebla hay una coincidencia en la incidencia de desaparición de hombres, con [la administración] del jefe de policía local. Quizás no todo el mundo se da cuenta de eso, pero efectivamente, cuando estaba el mismo jefe de las policías locales, era donde más hombres desaparecían en los poblados en las comunidades", expuso por su parte la investigadora Donoso. "Tiene que ver con una política de las policías que están infiltradas y que tienen una relación estrecha, un acuerdo, un pacto con el crimen local".
