La seguridad pública dejó de ser tema, no porque haya mejorado, sino porque llegaron la epidemia y la crisis económica y le dijeron quítate que hay te voy. El número de asesinatos no mejoró el año pasado y comenzó el 2021 exactamente en los mismos niveles de 12 meses atrás, pero, frente a los más de 32 mil muertes por COVID-19 en el mismo, las 2 mil 379 muertes violentas de enero palidecen.

El que hayamos dejado de hablar de asesinatos no significa que hayan desaparecido. En 26 meses de Gobierno de López Obrador la violencia del país no ha disminuido, pese a la enorme inversión en dinero, en el esfuerzo cotidiano de las reuniones tempraneras y el tiempo dedicado a ello. No es solo se trata del presupuesto, que es enorme, sino de los costos asociados en materia militarización y derechos humanos.

En 2017, ya en la crisis total del Gobierno de Peña Nieto, se destinaron 161 mil millones de pesos a las instituciones de seguridad. El escándalo fue que el Gobierno había bajado el gasto en seguridad mientras los homicidios en el mes de enero de ese año llegaban a una cifra récord de mil 938 en un solo mes, el más alto desde que había comenzado a medirse consistentemente el fenómeno en 1997. La cifra del mes pasado es prácticamente igual a la de enero de 2020 (el aumentó es 0.2 por ciento). La diferencia estriba en que el presupuesto para las entidades dedicadas a la seguridad en el Gobierno Federal –Sedena, Marina, Secretaria de Seguridad y Guardia Nacional– creció 14 por ciento en el mismo lapso (pasó de 216 mil a 246 mil millones) y 54 por ciento si lo comparamos con 2017. Claramente estamos gastando más para obtener, en el mejor de los casos, los mismos malos resultados.

¿Quién se hace responsable de ello?, ¿a quién le pedimos cuentas? Quien se decía responsable de la “estrategia” (así entre comillas), Alfonso Durazo, ya se fue de candidato a Sonora y los militares y los marinos no rinden cuentas de nada, amparados en que la información sobre seguridad es reservada. Por lo que podemos ver hasta ahora, militarizar la seguridad ha logrado que ésta sea más cara y opaca, pero no mejor. En materia de derechos humanos la violación sistemática de las garantías sigue ahí lo que se redujo fue solo el número de recomendaciones merced a una estrategia de nulificación de la CNDH poniendo al frente de ella a una militante y amiga del Presidente.

López Obrador renunció, haya sido por miedo, por conveniencia política de tener cerca al Ejército, porque en realidad nunca creyó en lo que decía, a buscar una estrategia de paz como se comprometió en el periodo de transición con los colectivos de sociedad civil en aquellos famosos “Foros Escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional”. Esta haciendo lo mismo que tanto criticó a Calderón y Peña Nieto, como los mismos malos resultados, pero más militarizado costoso.

Cambiamos todo y gastamos más para seguir igual. Si esa es la transformación, ahora sí, como gritábamos en el cine, que regresen las entradas.

Diego Petersen Farah

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