Al menos cuatro ex funcionarios públicos de alto nivel de Petróleos Mexicanos y dos de la Secretaría de Energía del sexenio calderonista pasaron a la iniciativa privada, luego de dejar sus encargos públicos. Su participación en el sector privado, al igual que la del ex Primer Mandatario, ha sido objeto de señalamientos por posibles conflictos de interés, cohecho e inclusive corrupción.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) operó como una agencia de colocaciones que permitió que él, y su élite burocrática del sector energético mexicano, dieran un brinco del ámbito público a la iniciativa privada.
Además del Primer Mandatario, al menos seis funcionarios de su administración, ligados de manera directa a la Secretaría de Energía (Sener) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias, se convirtieron en contratistas gubernamentales.
Este tipo de movimiento –la llamada “puerta giratoria”– generó sospecha en la mayoría de los casos. En unos, porque los funcionarios podrían haber contado con información privilegiada del mercado. En otros, por la posibilidad que tuvieron de incurrir en tráfico de influencias.
Incluso, dos altos burócratas de Pemex durante el calderonismo fueron investigados por su presunta colusión con empresas privadas, fuera durante o después de su desempeño de funciones. Uno de los casos más polémicos incluyó, por ejemplo, la participación de la compañía Oceanografía, señalada de fraude y falsificación de documentos oficiales de cuentas por cobrar de Pemex.
El lunes, durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este tipo de prácticas porque incurren en “conflictos de interés”, “coyotaje”, e inclusive “corrupción”.
En su alocución, el político tabasqueño recordó que una de las empresas extranjeras que le vende servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “contrató a un ex Presidente como miembro de su consejo”.
De esa forma, el Presidente hizo referencia a Felipe Calderón, quien a partir de julio de 2016, se integró al Consejo de Administración de la compañía estadounidense Avangrid, filial de la compañía eléctrica y de energías renovables Iberdrola.
Esta empresa española creció durante los años de mandato de Calderón, hasta convertirse en una de las principales generadoras de energía eléctrica privada en México, mediante contratos con la CFE.
Mientras que en 2006 Iberdrola acumuló ingresos por 1.4 mil millones de euros en México y Guatemala, en 2011 tuvo ventas por 2.8 mil millones de euros, sólo en México. Esto es el doble de ventas en un periodo de cinco años, de acuerdo con los informes de sostenibilidad de la compañía.
Pese a los señalamientos, el lunes el ex Presidente Calderón rechazó “categóricamente” que en su relación con “empresas globales” hubiera incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y actos corrupción. “Quien afirma –se lee en uno de sus tweets– está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”.
Y este martes, López Obrador se refirió de nuevo al tema y le puso nombres a su reclamo: mencionó, específicamente, a Ernesto Zedillo Ponce de León y a Felipe Calderón Hinojosa. Aunque ofreció una disculpa anticipada, reiteró: “si eso no es ilegal, es inmoral”.
“[Ernesto] Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y se va a trabajar de asesor con una de las empresas que se privatizaron con la privatización de ferrocarriles”, dijo esta mañana el Jefe del Ejecutivo Federal. “Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja con uno de los bancos rescatados”.
“En el caso de Felipe Calderón, tienen relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero a esa empresa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No”, añadió. Aunque le ofreció disculpas adelantadas a Calderón, reiteró “se les pasó la mano, eso no se puede hacer”. Dijo que “si eso no es ilegal, es inmoral”.
LA ÉLITE GIRATORIA
Después de servir durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, al menos cuatro ex funcionarios públicos (de alto nivel) de Petróleos Mexicanos y dos de la Secretaría de Energía se fueron a la iniciativa privada. Uno de ellos fue el ex director de Pemex Exploración y Producción (2004-2014) Carlos Arnoldo Morales Gil.
Casi un mes después de renunciar a su cargo en Pemex, Morales Gil fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos beneficios otorgados a la empresa Oceanografía, a partir de la adjudicación de 21 contratos por más de 8.7 mil millones de pesos.
En febrero de 2015, en el marco de la segunda convocatoria de la Ronda Uno de licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el ex directivo de Pemex fue designado como director general de PetroBal, una empresa de exploración y extracción de hidrocarburos propiedad del empresario Alberto Bailléres González.
En ese momento, la incorporación de Gil a PetroBal fue considerada como un punto de inflexión, ya que los conocimientos del ingeniero petrolero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le daban ventaja a la empresa de uno de los hombres más ricos de México, para competir con otros licitantes nacionales y extranjeros.
Por otro lado, entre los chapulines también estuvo la otrora Secretaria de Energía (2006-2011) Georgina Yamilet Kessel Martínez, quien asimismo se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de Pemex y de la Junta de Gobierno de la CFE.
En abril de 2013, sólo cinco meses después de haber dejado su puesto en la administración pública federal, Kessel fue nombrada consejera vocal de Iberdrola. Ello a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los funcionarios deben abstenerse de aceptar algún empleo, cargo o comisión hasta un año después de haber dejado el puesto.
Cinco años después, la ex Secretaria de Estado fue reelegida como consejera de la empresa española Iberdrola. Y en la actualidad, Kessler Martínez también funge como “directiva independiente no ejecutiva” de la empresa minera Fresnillo PLC (propiedad del empresario Alberto Bailléres).
Otro de los funcionarios calderonistas que se fue al sector empresarial fue el ex director de Pemex (2009-2012) Juan José Suárez Coppel. En marzo de 2013, el economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) pasó a formar parte de la mesa directiva de Jacobs Engineering Group Inc. Y según uno de los informes de la compañía, hasta enero de este año, Suárez Coppel seguía siendo directivo de la constructora.
En agosto de 2017, Jacobs Engineering ganó un contrato con Pemex Fertilizantes para supervisar los procesos de construcción y rehabilitación de la Planta de Amoniáco IV, ubicada en el estado de Veracruz. Ello a pesar de que menos de tres años antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la adjudicación de un contrato (AGRO-DG-003/14) a Jacobs Engineering (por 195 millones de dólares) partió de un estudio deficitario.
En su reporte de la Cuenta Pública 2015, la ASF determinó que la compañía contravino “diversas disposiciones de derecho público, incluyendo artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Planeación, entre otros ordenamientos”.
EL RESTO DE LOS CASOS
Uno de los casos más llamativos es el de la empresa Pemex and Petroil Production Joint Venture Corporation, constituida y registrada por ex funcionarios mexicanos, en el estado de Texas, en Estados Unidos.
La compañía que nació en 2007 y desapareció en 2009 fue fundada por el ex director de Pemex (2004-2006) Luis Ramírez Corzo, y en ella participaron integrantes de la alta burocracia mexicana, como el ex titular de Pemex Gas y Petroquímica Básica (2005-2006) Marcos Ramírez Silva, o el titular de Pemex Comercio Internacional Eduardo Del Río Petricioli (2004).
Del periodo calderonista, empero, destaca la participación del ex director general de Pemex Refinación (2007-2009) José Antonio Ceballos Soberanis.
De acuerdo con la información de la compañía, Pemex and Petroil Production Joint Venture Corporation estuvo ligada a otras dos contratistas de Pemex, que contaron con el respaldo de ex funcionarios del Gobierno federal (Oro Negro y Todco México Inc.).
En 2014, por ejemplo, la compañía donde participó Ceballos Soberanis obtuvo cuatro contratos por casi 11 mil millones de pesos para utilizar plataformas petroleras, situación que desembocó en una polémica de posibles conflictos de interés. No en balde, más de cinco ex servidores de Petróleos Mexicanos se habían incorporado a la empresa.
Por otro lado, estuvo el caso del ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica (2005-2010) Roberto Ramírez Soberón.
Aunque no hay registro de que haya participado como socio de una compañía, en 2010 fue señalado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de haber violado la Ley de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por el supuesto favoritismo en que incurrió para darle contratos millonarios a la empresa Tuboscope México, filial del corporativo Tuboscope Vetco Internacional Inc.
Por ejemplo, una de las licitaciones (18577002-009-05 PGPB-GRM-029-IT/2005) para el “mantenimiento predictivo y correctivo” de gasoductos de las estaciones Reynosa-Chihuahua, Los Ramones y Cactus-El Misterio, implicó beneficios no justificado para la empresa por 116.3 millones de pesos. Sin embargo, del caso no se supo más.
Asimismo, estuvieron los casos del ex director general de Asuntos Internacionales de la Sener (2003-2007), Salvador Beltrán del Río, y del ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público (2011-2012) Gerardo Rodríguez Regordosa.
Ellos formaron parte de la firma estadounidense Blackrock, misma que se ostenta como “la mayor gestora de activos” en el mundo.
A partir de 2011, Blackrock empezó a administrar fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, y desde 2015, en el primer año de la Industria Mexicana de Hidrocarburos (IMH) derivada de la Reforma Constitucional de 2014-2015, ingresó de lleno como una de las principales socias privadas de Petróleos Mexicanos.
Entre 2013 y 2014, cuando Beltrán del Río y Rodríguez Regordosa ya formaban parte de la empresa, Blackrock invirtió en la compañía Sierra Oil and Gas hasta convertirla en la primera compañía petrolera mexicana en ganar la prístina licitación (dos bloques) del primer año (2014) de la IMH.
La situación generó polémica ya que ambos ex funcionarios se habían desempeñado, años atrás, en áreas del Gobierno federal que estaban directamente relacionadas con este tipo de negocios.
