Familiares de jóvenes desparecidos han documentado hechos ante la CIDH y la Fiscalía General del Estado de Veracruz en los que Arturo Bermúdez, el ex Secretario de Seguridad Pública, dejó su huella. Denuncian que está involucrado en al menos 40 casos de desaparición forzada. "Hay bastante para que el señor no salga de prisión en muchísimos años”, dicen padres del “Solecito de Veracruz”. Las cifras de los delitos de fuero común en su primer año al frente de la SSP, significaron un incremento visible a las del año anterior. Tan solo en homicidios el estado pasó de reportar 583 en 2010 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a dar cuenta de 890 asesinatos. Los secuestros pasaron de 17 en 2010 a 60.
En tanto, este domingo, un grupo amplio de periodistas difundió una carta en la que se acusa a la Fiscalía General del Estado de haber tendido un cerco informativo, algo que era muy común en los tiempos de Javier Duarte de Ochoa. Los comunicadores acusan al gobierno de Miguel Ángel Yunes de tratar de controlar la información.
ADEMÁS
Por Itzel Loranca
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo/BlogExpediente).– El ex Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, está involucrado en por lo menos 40 casos de desaparición forzada, documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Detenido por el delito de Enriquecimiento Ilícito, el ex funcionario podría enfrentar cargos por omisión o consentimiento, en el secuestro de decenas de jóvenes perpetrado por policías estatales entre los años 2011 y 2016.
“Bermúdez Zurita no debe de salir de la cárcel en muchísimos años en lo que le queda de vida”, declara la señora Lucía de los Ángeles Díaz Genao, del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Solecito de Veracruz”.
La madre del joven desaparecido Luis Guillermo Lagunes Díaz, junto con otras mujeres en búsqueda de un ser querido, se dieron a la tarea de reunir todos aquellos casos en los que tuvieran pruebas de la participación de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Encontraron que hasta en 40 desapariciones, los jóvenes fueron subidos a patrullas de la dependencia, secuestrados por los servidores públicos que juraron proteger y servir al pueblo.
Para Lucía de los Ángeles en cada episodio de terror existe la participación de Arturo Bermúdez Zurita. Debido a que el delito de desaparición forzada no está tipificado en Veracruz, no podría enfrentar el cargo.
No obstante, a decir de Díaz Genao, se busca que enfrente los delitos de omisión, al quedarse de brazos cruzados pese a las desapariciones que no dejaban de ocurrir; y aquiescencia, al permitir que elementos de la corporación continuaran laborando aun con los antecedentes delictivos que arrastraban tras sí.
QUE NO SALGA DE PRISIÓN
“Son muchos casos relacionados con el señor, muchos, porque ellos tenían como una rutina hacer operativos en los que se llevaban muchachos y los desaparecían. Esa era una de las acciones que hacía la policía de Bermúdez y él no puede negarlo. Está totalmente documentado”, dice Lucía Díaz.
La madre en búsqueda expresa que la información de los 40 casos en que está demostrada la participación de la Policía Estatal, fue puesta en manos del titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, a finales de 2016.
También entregaron esos documentos en la representación de la CIDH en México; mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da seguimiento a esos expedientes y otros 20 más.
Con la detención de Arturo Bermúdez por enriquecimiento ilícito, la señora Lucía afirma que “Por eso estamos en la situación que estamos, por gente como él que ha hecho que crezca la inseguridad y la desigualdad, que se hagan estos quebrantos financieros”.
No obstante, para ella y miles de personas en todo el estado de Veracruz, que viven el dolor de un familiar desaparecido, el exfuncionario debe enfrentar cargos por omisión y aquiescencia en los delitos de desaparición de personas.
Díaz Genao reiteró que hay documentos en posesión de Jorge Winckler por los que debería haber carpetas de investigación.
“Si el Fiscal de verdad se pone a trabajar en serio, tiene ahí bastante para que el señor no salga de prisión en muchísimos años”.
EL OPERATIVO QUE NO EXISTIÓ
El seis de diciembre de 2013 es imborrable para ocho familias de la colonia Formando Hogar, en la ciudad de Veracruz.
A cinco minutos del Centro Histórico, a varias cuadras de la zona portuaria, decenas de jóvenes fueron desaparecidos por policías.
Camionetas, vehículos varios y patrullas de la SSP, irrumpieron la tranquilidad de esa tarde de viernes y con la rigurosidad de un operativo policial, cercaron calles y entraron a casas y negocios. Sin órdenes de aprehensión, con violencia, según el relato de los familiares y testigos del hecho, los policías se llevaron a varios jóvenes.
De sus trabajos, de un bar, y hasta de una vivienda, en total, 15 muchachos fueron privados de su libertad y llevados con rumbo desconocido con la llegada de la noche.
Han pasado los años y las familias de por lo menos ocho de ellos siguen buscándolos. Hasta el momento el gobierno del estado de Veracruz, la FGE, o la SSP no han reconocido la participación de elementos de seguridad pública en la desaparición de los jóvenes.
EL CASO GIBRÁN
Tanto el gobierno estatal, la Fiscalía y Seguridad Pública, recibieron años después la recomendación 14/2015 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la desaparición y muerte del joven Gibrán Martiz Díaz y un joven más.
El 20 de mayo de 2015, la comisión señaló que en su expediente CNDH/1/2014/353/Q está asentada la desaparición forzada de los tres muchachos, secuestrados en Xalapa por elementos d#101; la SSP.
Exhortan a capacitar en Derechos Humanos a los policías estatales, y a que la Dirección de Asuntos Internos de esa secretaría atienda una queja por la participación de elementos de la corporación en el delito.
También, la CNDH conminó a que los detenidos sean puestos a disposición del ministerio público, luego de haber sido liberados en diciembre de 2014. Siete policías de los que se desconoce si fueron reintegrados a sus puestos en la SSP.
DE LAS FINANZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA
Arturo Bermúdez asumió la titularidad de la SSP el ocho de julio de 2011, en el comienzo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Medios informativos dieron cuenta de un extenso currículum y una trayectoria en la función pública que inició en la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco, junto al entonces Subsecretario de Finanzas Sergio Maya Alemán.
Las cifras de los delitos de fuero común en su primer año al frente de la SSP, significaron un incremento visible a las del año anterior. Tan solo en homicidios el estado pasó de reportar 583 en 2010 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a dar cuenta de 890 asesinatos. Los secuestros pasaron de 17 en 2010 a 60.
Los números del delito en Veracruz, según los registros del sistema, solo han ido hacia arriba. El año de las extorsiones fue 2012, con 447; el de los secuestros, el 2014, con 144; y el de los homicidios, el 2016, con mil 258 casos de asesinato doloso denunciados ante las autoridades.
Por otra parte, las cifras del fuero federal revelan un número creciente de casos relacionados a la delincuencia organizada, la tortura y el narcotráfico, agravios que ocurrían bajo la nariz de la SSP en Veracruz.
En 2012, por transporte y distribución de droga, entre otros delitos contra la salud, se contaron 98 casos en el estado veracruzano. El narcomenudeo también tuvo su cifra más alarmante ese año, con 499 investigaciones.
En 2016, se tienen 17 casos de delitos contra la integridad corporal, lesiones y tortura que exceden los números de otros años; mientras que por delincuencia organizada, nuevamente 2012 acumula la mayor cifra de registros, con 180.
Pese a la frialdad y crudeza que pintaban los números del sistema nacional, para el secretario la inseguridad en Veracruz siempre fue un problema de percepción.
“Se habla de la policía en general, como si todos hubiesen fallado y ahí todos los esfuerzos se van a la borda, porque la percepción nos gana”, declaró en una entrevista a medios el 14 de marzo de 2016.
Arturo Bermúdez, a diferencia del resto del gabinete de Duarte de Ochoa, fue inamovible. Dejó el cargo solo después del escándalo por las cinco propiedades de lujo a su nombre en Texas, Estados Unidos. Presentó su renuncia el cuatro de agosto de 2016.
LA APREHENSIÓN
Una comparecencia de rutina terminó en detención para Arturo Bermúdez.
Con dos abogados, este viernes fijó rumbo hacia la Sala Dos de Juicios Orales de Pacho Viejo, municipio de Coatepec. Una costumbre para él desde que le fue dictada libertad bajo caución, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Sin embargo, su camino fue detenido por agentes de la FGE, que a las 10 de la mañana con 45 minutos, le notificaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
La orden derivada del proceso penal 13/2017 y firmada minutos antes de la medianoche del dos de febrero, le significan seis meses de prisión preventiva.
Para el mediodía del viernes, Bermúdez se encontró en la cárcel.
Unas cuantas horas bastaron para que afuera de la prisión, los rostros de jóvenes, hombres y mujeres, fueron desplegados en lonas por colectivos de familiares de personas desaparecidas en Xalapa. Eran los nombres, las fechas de la última vez en que fueron vistos, y la petición incansable “Ayúdanos a encontrarlos”.
Un recordatorio, tan solo una muestra, de las miles de vidas que desaparecieron.
PROTESTAN CONTRA LA FISCALÍA DE YUNES
Un grupo amplio de periodistas difundió este domingo una carta en la que se acusa a la Fiscalía General del Estado de haber tendido un cerco informativo, algo que era muy común en los tiempos de Javier Duarte de Ochoa. Los comunicadores acusan al gobierno de Miguel Ángel Yunes de tratar de controlar la información, a pesar de que durante la campaña prometió transparencia con los ciudadanos.
Veracruz, Ver. a 5 de febrero de 2017
ALTO AL CERCO INFORMATIVO EN LA FGE: PERIODISTAS DE VERACRUZ.
Gobernador Constitucional de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares
Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz
Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado, María E. Manterola Sáinz
Presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza
Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los aplicables en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a nivel federal y estatal, los que suscriben, 87 reporteros del norte, centro y sur del estado de Veracruz, representantes de medios de comunicación locales, estatales y corresponsales de medios nacionales e internacionales, externamos nuestra preocupación por el cerco informativo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de violencia y a diligencias propias de la dependencia que dirige Jorge Winckler Ortiz. Toda la información alrededor de los acontecimientos que anexamos, son de la mayor relevancia para las audiencias que atendemos, porque son la pauta en la agenda pública estatal y nacionaldesde Veracruz, que se ha vuelto tema de interés para todos.
Quienes rubricamos esta misiva hemos cubierto y damos seguimiento a diversos hechos de violencia como el abandono de cadáveres en carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición de cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones de personas acusadas de diversos delitos. Asimismo, somos testigos de procedimientos penales vinculados a delitos del fuero común, entre otros.
El sistema de justicia penal acusatorio está reñido con la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, tanto en la fase de investigación de los hechos como la impartición de justicia, y las refuerza al ser un sistema garantista de derechos tanto de los imputados, las víctimas y la sociedad ofendida, precisamente, para evitar y combatir ladiscrecionalidad de las autoridades y los posibles abusos.
La impunidad o falta de justicia en Veracruz, no es responsabilidad de los periodistas sino de las autoridades que precisamente en un régimen de opacidad, de falta de rendición de cuentas y de débil escrutinio público, la han alimentado y dado la pauta para la implementación de un nuevo sistema ante la falta de resultados.
Los comunicadores somos parte de una sociedad observadora y vigilante del fenómeno de la violencia derivado del debilitamiento del Estado de Derecho que exige a las autoridades el cumplimiento de la ley y de la justicia, pero esta será irrealizable si las mismas pretenden ocultar los hechos, imponer versiones unilaterales, operar discrecionalmente en las investigaciones y guardar silencio ante las inquietudes y cuestionamientos de la opinión pública y de los periodistas.
De la forma más respetuosa expresamos que ni en los peores momentos del“duartismo”, ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos polémico Fidel Herrera Beltrán, se había vivido tanta ausencia de información por parte de la FGE, como en estos 60 días.
La opacidad informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante liberaciones de ex funcionarios estatales, han sido el tema y la queja de cada día dentro del gremio periodístico.
Desde que Winckler Ortiz tomó protesta como fiscal a propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enarboló un discurso mediático donde se privilegiaba la transparencia y la apertura informativa. Incluso se utilizaron lemas y frases como “en mi gobierno no vamos a ocultar nada”, “no vamos a minimizar la violencia”, “vamos a reconocer lo que esté ocurriendo”, entre otros. Sin embargo, la política de la Fiscalía ha ido en una directriz contraría.
Tampoco se debe perder de vista que la FGE goza de autonomía y no debería depender de las decisiones o políticas del Gobierno del Estado, pero en Veracruz esto no ha ocurrido y la institución ha dado muestras de subordinación con la administración del ejecutivo Yunes Linares, tal y como sucedió en el sexenio pasado.
A continuación expondremos casos puntuales en los que ha prevalecido una falta de información oficial:
1.- En el pasado mes de diciembre de 2016, cuando Jorge Winckler ya era encargado del despacho, Veracruz cerró con más de 130 homicidios dolosos; y enero, con otros 110 casos. De este universo, la mayoría representan severas violaciones a los derechos humanos que se están documentando por fuente oficial. Uno de ellos es la aparición de una camioneta con ocho cuerpos sin vids en el municipio de Nogales, el pasado dos de febrero. Hasta la fecha no se ha tenido información de los hechos. En contraste, el gobierno del estado de Puebla, por medio de la SSP, sí aportó un comunicado oficial relacionado con el caso.
2.- Durante la madrugada del pasado 31 de enero, Leonel Bustos Solís, primer Exfuncionario de alto nivel detenido por la FGE, fue dejado en libertad. Ante esto, tuvieron que pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a conocer qué acciones tomaría.
3.- En diciembre de 2016, cuatro días después de que se renovaran las instituciones estatales, hubo una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles en Jesús Carranza.
4.- El 29 de diciembre se ocultó el homicidio de una madre y su hija de ocho años en Las Choapas; en este mismo municipio, ya al comenzar enero de 2017, no se emitió ni una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal; en enero de 2017 varios de esos casos fueron homicidios múltiples, como el 14 de enero en Papantla.
5.- Tampoco se informó sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca y su secretario, Gerardo Montile, quienes aparecieron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.
Estos son algunos de las decenas de casos que no han sido informados oportunamente a la sociedad, lo que confirma que hay un cerco que atenta contra las y los veracruzanos; esta situación vulnera el derecho a la información y la libertad de expresión, dos garantías que sin duda, han sido altamente alteradas en los recientes sexenios.
Ni Jorge Winckler Ortiz ni Miguel Ángel Yunes son los dueños de la información. Que quede claro: es patrimonio de la sociedad, no de un sector de la prensa ni de los personajes que detentan poder. Ocultarla es una violación al derecho de la audiencias a estar informados.
Escudarse en que el nuevo Sistema de Justicia Penal obliga a reservar información, es una falacia y un engaño. Mientras a la mayoría de los medios de comunicación se les niega, a otros, los consentidos del nuevo régimen, se les filtra. Eso es violatorio de la ley que se dice cumplir.
Provoca, además, que para cumplir con nuestro compromiso con la sociedad, tengamos que recurrir a fuentes extraoficiales, que a nuestro juicio resultan más confiables que la propia autoridad. Si las instituciones no ofrecen información oficial, abre la puerta a la especulación y eso es dañino para opinión pública.
Demandamos un compromiso serio y abierto de aportación de toda información de interés público, dentro de los límites que el nuevo sistema penal establece, y que dejen de favorecer a medios que sirven de voceros oficiosos. Que no se privilegie a sus medios a modo porque eso, en su esencia, es una forma de manipulación.
Atentamente
Todos los Firmantes.
NORTE (Tuxpan, Poza Rica, Papantla y Misantla)
Cinthya Trinidad
Francisco Bautista
Angela Noemí Pérez
Benjamín Portilla
Lidia López
Edgar Juárez
Julio Fabián Martínez
Edgar Escamilla
Gabino Escamilla
Janeth Gómez
Ángel Pablo Reyes
Brenda Espinoza
Jesús Villanueva Hernández
Antonio de Jesús Villanueva
Benjamín Arroyo
Mariana Villanueva
José Cárdenas
Jorge Parra
Anibal Fily Hernández
Ivet Sánchez
Vicente Romero
Facundo Villegas
XALAPA-CÓRDOBA
Eirinet Gómez
Noé Zavaleta
José Manuel Alor
Hugo Cruz Ojeda
Avisack Douglas
Óscar Martínez
Tulio Moreno
Miguel Ángel León
Karlo Reyes
Flavia Morales
Manu Orestes
Benito Juárez Ramírez
Zaira Juárez
VERACRUZ-BOCA DEL RÍO
Félyx Márquez
Iván Sánchez
Itzel Loranca
Israel Hernández
Jair Aranda
Doris Castaneyra
Ana Alicia Osorio
Roxana Aguirre
Sergio Aldazaba
Claudia Pérez
Alejandro Ávila
Alfonso Ríos
Isabel Zamudio
Juan Eduardo Flores
Franco Cardel
Roberto Méndez
Ruben Santos
Daniela Jácome
Ilse Huesca
Carlos Navarrete
Víctor Toriz
Bruno Ferreira
Jorge Sánchez
CUENCA DEL PAPALOAPAN- LOS TUXTLAS
Roberto Polo Hernández
Brígido López
Edna López
Edgar Alberto Pucheta
Germán Méndez
Francisco de Jesús Santiago
Viridiana Reyes
Jesús Córdoba Salas
COATZACOALCOS
Osvaldo Antonio Sotelo
Ignacio Carvajal
Tamara Corro
Teresa Morales
Armando Ramos
Ángel Hernández
Elizabeth Aviña
Nelly García
Sayda Chiñas
Antonio García
Alan Garrido
Mussio Cárdenas
Azucena Rosado
SUR (Acayucan, Las Choapas y Agua Dulce)
José Alejandro Ceja
Santos López Celdo
Juan José Barragán
Carlos González
Roberto Morales
Hernán Villareal
Armando Serrano
Violeta Santiago
